¿Quiénes son los protegidos de la Fiscalía en el proceso que se sigue por el robo de los dineros de la UNGRD destinados a resolver el transporte de agua para la gente más pobre de La Guajira? ¿La Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, está aplicando justicia selectiva? ¿Por qué niega acuerdo con Sandra Ortiz, Exconsejera Regional, la mensajera que entregó el dinero al senador Iván Name y tiró al agua a Carlos Ramón González y a otros del alto gobierno? ¿Por qué el proceso en la Corte Suprema de Justicia avanza y en la Fiscalía se ralentiza?
La nueva fiscal se posesionó el 22 de marzo de 2024. En ese entonces, el proceso avanzaba tanto que amenazaba a la alta cúpula del gobierno del Cambio. De pronto (¡oh, sorpresa!), se ralentizó y los fiscales le pusieron la pausa que huele a dilación judicial desde la alta cúpula.
En esta primera entrega analizaremos con imparcialidad y veracidad cuáles serían los protegidos de la Fiscalía. Además, el impacto de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de meter preso a los expresidentes del congreso y la gravedad del escándalo de la UNGRD.
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La explosión de Sneyder
A finales de 20223, algunos medios de comunicación como Semana y el El Tiempo destaparon el escándalo con Sneyder Pinilla (subdirector) de la UNGRD para esos tiempos. Luego vino la captura y la entrega de Olmedo López (director) y Luis Eduardo Rasero, contratista. Ellos comenzaron a cantar su verdad de los hechos. Llegaron a un acuerdo con la Fiscalía.
Sneyder Pinilla, finalmente aparece como el primer condenado de todo este proceso, después de develar el patrón criminal descubierto en este entramado de corrupción. En sus primeras declaraciones, le solicitó a su jefe en la UNGRD Olmedo López, que dijera la verdad. Así lo hizo, luego de exigir garantía a la entidad acusadora.
Los nombres que Sneyder inicialmente reiteró en sus declaraciones eran: Iván Name, Andrés Calle, Sandra Ortiz, Luis Eduardo Rosero.
Pese a la exposición pública y judicial de este escándalo de corrupción administrativa y política, los peces gordos no habían caído, hasta cuando vino la decisión de la Corte Suprema de Justicia de capturar a dos pesos pesados: Name y Calle. Ellos representan el poder legislativo de la nación. Son los que hacen las leyes y controlan el poder ejecutivo. Es decir, son los fiscales y jueces del presidente.
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Los aforados
Si hay protegidos en el poder ejecutivo, ¿qué pasa con el poder legislativo? El hecho judicial de la captura de los presidentes del congreso, lo cambia todo. Puesto que su efecto será positivo. Si hay un nivel de conciencia básico de la fiscal, seguramente el proceso de la Fiscalía tomará un gran impulso para dar con los otros peces gordos.
En tanto que la misma Corte vendrá seguramente con nuevas capturas que oxigenará el aire espeso de la corrupción en los estratos más altos de la política. La lista de aforados es larga, si tomamos en cuenta que en julio de 2024, la Fiscalía compulsó copia a la Corte Suprema de Justicia para investigar a 9 parlamentarios, encabezados por Name y Calle.
¿Quiénes son los otros aforados? Los otros aforados son:
- Wadith Manzur. Presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Esta entidad es encargada de investigar y acusar al presidente de la República. Le archivó tres investigaciones al presidente Petro. La 5948 que se refiere a su papel en el estallido social. La 6009 por presunto enriquecimiento ilícito, porque, según un denunciante, el presidente Petro tenía propiedades en Miami, Bogotá y Barranquilla. La investigación 6015, que señalaba a Gustavo Petro de no defender la Constitución Política. Según la versión de Olmedo, Manzur es uno de los grandes beneficiados de las dádivas presidenciales procedentes de la UNGRD.
- Juan Pablo Gallo Maya. Senador del Partido Liberal.
- Julio Elías Chagüi Flórez. Senador del partido de la U.
- Juan Diego Muñoz Cabrera. Representante a la Cámara , del partido Alianza Verde.
- Karen Astrith Manrique Olarte. Representante a la Cámara de una de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.
- Liliana Esther Bitar Castilla. Senadora del Partido Conservador.
- Julián Peinado Ramírez. Representante a la Cámara del Partido Liberal.
¿Los protegidos de la Fiscalía?
Para responder la pregunta sobre los protegidos de la Fiscalía, necesariamente debemos partir del acerbo probatorio en poder de la Fiscalía.
Cuando imputaron a los primeros procesados, la fiscal delegada Andrea Muñoz detalló la presunta participación de César Manrique (director del Departamento de Función Pública), Ricardo Bonilla (ministro de Hacienda), María Alejandra Benavides (asesora del ministro Bonilla), Carlos Ramón González director del Dapre y luego de la Dirección Nacional de Inteligencia, y Sandra Ortiz, Consejera Presidencial para las regiones. Todos salieron de sus cargos.
¿Son estos los presuntos protegidos de la Fiscalía? Juan Fernando Velasco, Ricardo Bonilla, Carlos Ramón González, César Manrique. Es interesante ahondar este caso. Velasco fue director de la UNGRD y ministro de la política. Carlos Ramón González le hablaba al oído al presidente. Manrique colocaba las fichas pedidas por los legisladores. Bonilla soltaba el billete disfrazado de convenios, créditos y contratos, tal como lo puso en evidencia Benavides.
A la Fiscalía
¿Por qué la Fiscalía no aprovecha los avances que se obtuvieron con las declaraciones y pruebas presentadas por María Alejandra Benavides y de Sandra Ortiz? ¿La Fiscalía alcanzará pronto a los altos funcionarios de presidencia que ordenaron las coimas? ¿Por qué no sopesa el desayuno donde participó Carlos Ramón Gonzáles y su mensajera Sandra Ortiz con el presidente del senado del momento para planificar la forma cómo debía entregarse el soborno?
Esas dos preguntas las deben responder los fiscales delegados, pero en especial, la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo. ¿Qué impedimentos existen para llegar a los altos funcionarios de la presidencia que consumaron el delito de cohecho y de un presunto concierto para delinquir?
En estas condiciones, se podía probar la existencia no solo de un cohecho propio sino fundamentalmente de un concierto para delinquir. En este sentido, un selecto grupo del alto gobierno se concierta con los máximos representantes del poder legislativo para cooptarlos. El fin: sacar adelantes las iniciativas gubernamentales a cambio de dadivas y beneficios individuales. También podría existir un enriquecimiento ilícito en perjuicio del patrimonio del pueblo colombiano.
que corroe por igual al ejecutivo y al congreso.