La aceptación del Grupo Aval —propiedad de Luis Carlos Sarmiento— de los cargos de sobornos y prácticas corruptas ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de la Bolsa de Valores (SEC, por sus siglas en inglés), confirmó un oscuro entramado empresarial criminal para la acumulación capitalista tramposa de Odebrecht y de Corficolombiana. Pero, lo más grave de todo, es el daño moral sufrido por el Estado y la sociedad. Está probado dentro del proceso que sus dineros puercos preñaron de ilegitimidad las dos elecciones (2010 y 2014) del presidente Juan Manuel Santos. Esta es la verdadera práctica de Los rateros de cuello blanco protegidos por la misma Fiscalía y el alto poder del Estado.
Por otra parte, la Fiscalía demostró que el enriquecimiento ilegítimo de estos dos grupos le produjo al Estado y a la sociedad colombiana un daño material de $514 mil millones. El Grupo Aval utilizó a Corficolombiana para hacer sus pagos corruptos disfrazados de falsos contratos asociados a la ejecución de la Ruta del Sol II. En tanto que Odebrecht, creó el Departamento de Operaciones Estructuradas, cuya misión era ejecutar y pagar los sobornos para que le adjudicaran el multimillonario contrato.
Los rateros de cuello blanco se llevan a hurtadillas todo aquello de gran valor con las complicidades de las mismas autoridades, tal como se demuestra en este caso de Odebrecht. Contrario a los rateros de poco valor que son duramente castigados.
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La Ruta del Sol II y Los rateros de cuello blanco
El gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y su ministro de Transporte de la época, Uriel Andrés Gallego, lanzaron con bombos y platillos la segunda etapa de la Ruta del Sol. Recordemos que los dos socios del mentado contrato eran Odebrecht y Episol S.A.S. Esta última pertenece a Corficolombiana del Grupo Aval. Su participación fue del 33 por ciento. La Fiscalía ordenó la práctica de pruebas para establecer si es cierto que el presidente de esa entidad, José Elías Melo, estuvo al tanto de los sobornos. Melo fue vinculado, procesado y condenado, describió el mapa de sobornos.
Como se señaló, el contrato tenía como objetivo pavimentar 465 kilómetros que unía la Región Caribe con el centro del país. Ruta del Sol II, que corresponde al sector dos (Puerto Salgar-San Roque) del Proyecto Vial Ruta del Sol, fue otorgado en enero de 2010 a la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., conformada por Constructora Norberto Odebrecht S.A., Odebrecht Investimentos en Infraestructura Ltda., Episol S.A. y CSS Constructores S.A de los Solarte y Solarte. El valor de este contrato de construcción fue estimado en $2 billones.
En reciente comunicado dijo que el acuerdo de Corficolombiana con la justicia norteamericana sobre sobornos posteriores a 2014, no fueron ejecutados por él.
“Ningún acuerdo de soborno que hayan convenido ejecutivos de Odebrecht con funcionarios públicos colombianos para la aprobación de la adición del proyecto Ocaña Gamarra dentro del contrato de concesión de la Ruta del Sol Tramo II y tampoco participé de ninguna manera en la ejecución de dichos acuerdos ilegales o facilitado mediante mi influencia su ocultamiento”.
Comunicado de José Elías Melo.
Odebrecht y las altas cúpulas
Ante ese hecho incuestionable contra Los rateros de cuello blanco, el fiscal Francisco Barbosa escogió el Congreso de la Andi (Cartagena,17 de agosto 2023) como el mejor escenario para referirse a los resultados finales de la investigación del caso Odebrecht.
Pero, al mismo tiempo, los defensores de los funcionarios implicados en el proceso se quejan por el hecho de que el ente investigador tiene un comportamiento atípico con los indiciados y sus testigos. Parece que sus líneas de investigación fueron trazadas no para conocer la verdad de Odebrecht sino para encubrir a «peces gordos». Por ejemplo, a ocho de los testigos de Luis Fernando Andrade, expresidente de ANI, la Fiscalía les abrió investigaciones, A otros que llegaron a un acuerdo de colaboración con la justicia, el ente investigador los desconoció.
Ese comportamiento confuso y contradictorio de la Fiscalía llevó a los abogados de los colaboradores de la justicia a concluir que el ente investigador implícitamente estaba ejerciendo una persecución política contra sus defendidos. Es decir, que la Fiscalía actuaba para obstruir la verdadera justicia con el fin de llegar a las cabezas de este entramado criminal. Para ello, era preciso eliminar del camino a las otroras fichas de un complejo ajedrez, cuyas orientaciones provenían de las altas cúpulas del poder político y económico del país.
Los daños de Odebrecht
Aparte de las cifras citadas del daño material, lo más profundo y grave es el daño moral causado a la sociedad y al Estado colombiano. Puesto que en 2010 y 2014 contaminaron con dineros puercos las dos campañas que se disputaban la presidencia de la República. Es decir, que ganara quien ganara iba a estar preñado de ilegalidad como, en efecto, sucedió con la elección de Juan Manuel Santos Calderón. afiliada a ese conglomerado. se debe a prácticas corruptas de sus empresas y a un enriquecimiento ilegítimo.
El gerente de la campaña de Santos Calderón, Roberto Prieto, admitió en Blu Radio, por ejemplo, que con dineros de Odebrecht realizaron actividades de campaña. Esto es grave porque la ley prohíbe recibir donaciones de empresas extranjeras.
“Yo ordené los afiches operativamente con plata de Odebrecht. Es una realidad. Eso fue una operación irregular”
Roberto Prieto.
La Fiscalía —que se ha tardado demasiado para dar resultados— pudo demostrar que por lo menos $3.540 mil millones entraron en las dos campañas presidenciales del premio Nobel de Paz, según citó Semana. Para lograr ese cometido, de acuerdo al al ente investigador, la empresa brasilera creó un departamento especial para pagar sobornos por la suma de $80 mil millones. Esta conducta corrupta produjo un daño material al erario colombiano que equivale a 128 millones de dólares. Además, Odebrecht y el Grupo Aval, utilizaron a 33 rateros de cuello blanco para cometer este crimen de gran impacto social, material y psicológico.
Un Nobel de Paz manchado
Después de 9 años, las dos campañas que llegaron a segunda vuelta no han respondido frente a las acusaciones sobre sobornos. Existen tantas evidencias de esos dineros puercos que debieron servir de cabeza de proceso contra el expresidente Juan Manuel Santos Calderón, Nobel de Paz, y su gerente de campaña, Roberto Prieto. Este último fue sancionado e inhabilitado por la Procuraduría General de la Nacional. Igualmente, contra el excandidato y exministro de Álvaro Uribe Vélez, Oscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga Martínez.
Ellos fueron beneficiarios de sobornos para tramitar la ejecución de un contrato de $2 billones adjudicado el 14 de enero de 2010. La constructora Brasilera, en alianza con las empresas del hombre más rico de Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo, ejecutaron a medias dicho contrato.
En 2014, de acuerdo a los testimonios y a la misma colaboración a la justicia de los altos ejecutivos de Odebrech, las dos campañas recibieron dineros de los $80 mil millones destinados por la multinacional brasileña para pagar sobornos de los contratos de la Ruta el Sol II. Este hecho se vino a destapar el 28 de julio de 2015 cuando un juez penal federal de Brasil inició el proceso Lava Jato. En este caso Marcelo Odebrecht fue acusado por los delitos de corrupción y lavado de dinero en los contratos de Petrobras.
Reventó el escándalo de Los rateros de cuello blanco
Ante ese evidente hecho de Lava Jato, el gobierno colombiano se vio en la necesidad de pedirle a la Fiscalía que investigara el caso de Odebrecht. El 12 de enero de 2017, reventó el escándalo colombiano. La Fiscalía anunció que había capturado al exviceministro de Transportes, el cartagenero Gabriel García Morales. A partir de este momento, el escándalo estalló como una bomba en las propias manos del Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, cuya elección todavía no se conocía publicamente de que había recibido dineros sucios de Odebrecht.
En el proceso se demostró que el exfuncionario recibió un soborno de US$6,5 millones, $11.700 millones de ese entonces. En 2010, la multinacional brasileña pagó ese dinero para ajustar la propuesta de la licitación de la Ruta del Sol II. Este era uno de los proyectos viales banderas del gobierno de Álvaro Uribe. García Morales aceptó que directivos de Odebrecht lo buscaron cuando era director del Instituto de Concesiones (Inco, hoy ANI). Evidentemente, él aceptó el soborno.
En el proceso contra el viceministro de Transporte, se pudo demostrar que para lavar el dinero recibido, García Morales se alió a tres supuestos amigos de Bocagrande, el otrora barrio de las élites cartageneras. Eso socios, rateros de cuello blanco, son de la familia Ghisays, entre ellos, Enrique y Eduardo Ghisays Manzur. Este individuo se vino quedando casi con la mitad del soborno recibido por García Morales, esto es, US 2,5 millones de dólares. Enrique Ghisays Manzur lo detuvieron y enviaron a La Picota. El resto de dinero, García Morales lo invirtió en el Parque Industrial de las Américas. En este proyecto está su amigo Juan Manuel Barraza, vinculado al proceso de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Los dineros sucios en las campañas presidenciales
Cada dato que se conoce sobre el escándalo de Odebrecht nos acerca a la forma cómo se financieron los candidatos presidenciales de 2010 y 2014, en especial Juan Manuel Santos Calderón. Recordemos que en 2010, Santos era el candidato del establecimiento, cuya cabeza era el presidente Álvaro Uribe Vélez. En esas elecciones obtuvo el 46,54%, duplicando a Antanas Mockus, quien obtuvo 21,49%. Germán Vargas 10,13%, Gustavo Petro 9,15%. Para segunda vuelta Santos obtuvo una significativa votación, la más alta de toda la historia de las elecciones presidenciales.
Sin embargo, en aquel momento no se sabía que detrás de las elecciones presidenciales rondaban los dineros puercos de Odebrecht. El ministro de Transporte de Álvaro Uribe Vélez era Andrés Uriel Gallego, quien falleció a los 64 años el 17 de abril de 2014, antes de que estallara el escándalo. Se llevó a la tumba grandes secretos asociados a la contratación de los destacados proyectos de infraestructura del país.
Gallego fue el funcionario estrella del presidente Uribe para intervenir 7,238 km de carreteras de la red vial nacional concesionada y no concesionada. Si en la Ruta del Sol II se debía intervenir 465 kilómetros por $2 billones donde la nación sufrió un daño de $514 millones, ¿cuánto se robaron para la intervención de esos 7.238? Es una cifra incalculable. Sin duda, fue el mismo esquema de corrupción usado con Odebrecht.
En consecuencia, habría abundante dinero para financiar la campaña presidencial de los candidatos del establecimiento. Hasta ahora, según la Fiscalía, Santos recibió $3.540 mil millones en sus dos campañas. Esto indicaría que su presidencia fue ilegitima.