La declaratoria de Salvatore Mancuso Gómez ante la JEP viene despertando grandes expectativas sobre los crímenes de «Los intocables». Las víctimas esperan la verdad real y no solo judicial. Es un desafío de la justicia alternativa para que no ocurra lo mismo que sucedió en la audiencia única con «Jorge 40», quien especuló tanto sin revelar nada nuevo. Mancuso, como se sabe, fue uno de los cofundadores del proyecto contrainsurgente de las Autodefensas Unidas de Colombia —AUC—. Actúo como jefe de alias «Ojitos Azules», Alias «300» (Rafael Antonio Matera Lajud) y alias «Comandante J-1», Alfonso Macías. Todos ellos ahora pasan como honestos y ricos empresarios.
Remember, Carlos Castaño, el desaparecido comandante de las AUC, encargó a Mancuso para organizar el Frente Norte. Como está documentado en Justicia y Paz, tiene mucho que decir de los 9 empresarios y varios altos oficiales y agentes del Estado comprometidos en delitos de lesa humanidad.
No obstante, además de «Los intocables», deben existir otros individuos y empresas que fueron promotores, financiadores y determinadores de delitos y que se beneficiaron económicamente con el actuar de los escuadrones de muerte en La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico.
Los crímenes de «Los intocables»
Para establecer los crímenes de «Los intocables», la investigación periodística nos llevó a desempolvar expedientes que aparentemente se creían perdidos. Algunos de los cuales no están digitalizados. Por ejemplo, el expediente No 047 que servirá para revivir procesos contra terceros civiles. Fiscales, jueces y magistrados deben responder por la preclusión o absolución de 8 de los 9 empresarios que la Sala de Justicia y Paz compulsó copia para que fueran investigados.
El único de esos empresarios condenado es Darío Laíno Scopetta, alias «Ojitos Azules». ¿Por qué se presenta esta situación? Una respuesta aproximada es la alta influencia que ejercen en la justicia, el poder policivo, militar y dentro de la sociedad civil. Además de empresarios, son financistas electorales y gozan todavía de un poder para ejercer miedo.
En la primera entrega dimos cuentas de que Rafael Antonio Matera Lajud, accionista mayoritario de matadero ‘Camagüey’, palmicultor y ganadero se mantiene incólume sin recibir el castigo que sus víctimas esperan. En la segunda entrega hablamos de los supuestos crímenes de Alfonso Macías Vargas, especialmente de la fosa común en la finca El Potosí que pudo usar para desaparecer a sus muertos. Pero, en la próxima entrega hablaremos de los secretos del expediente No 047. Lo que no deja de ser espeluznante. ¿Conoce todo esto Salvatore Mancuso? Como creador del Frente Norte está en el deber de confesar todos estos hechos que puedan contribuir a la verdad. De lo contrario, la JEP lo expulsaría. Esta es su última oportunidad.
Los terceros civiles
La justicia ordinaria ni la transicional han procesado a estos personajes que aparecen como terceros en el conflicto armado colombiano. Por esta razón, la audiencia del 29 y 30 de marzo de 2023 desde los Estados Unidos despierta gran expectativa entre las víctimas, ya que debe aportar evidencias y material probatorio de nuevos hechos o nuevos actores.
El exjefe paramilitar comparecerá ante el tribunal de Justicia Especial de Paz (JEP) para hablar de sus crímenes, sus cómplices y otros hechos que contribuyan a la verdad plena. Las Fuerzas Públicas, entre 1989 y 2004. también participaron conjuntamente para la comisión de muchos de estos delitos. De manera que las declaraciones de Salvatore Mancuso deben ser aportes eficaces para confirmar su ingreso o definitivo rechazo de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Recordemos que Mancuso Gómez se encuentra detenido en los EE. UU., en el Centro de Detención ICE Stewart Detention Center, GA , Ciudad de Atlanta, Georgia, luego de haber cumplido la sentencia de la justicia norteamericana por narcotráfico. Espera que el gobierno norteamericano resuelva una solicitud de extradición de Colombia. Acá debe responder por crímenes de lesa humanidad cometido. Tiene una sentencia en su contra del tribunal de Justicia y Paz (Sentencia radicado No 11 001 22 52 000 2014 00027) a 480 meses de prisión en un término de ocho años. Pero, como el postulado fue expulsado de esta jurisdicción, dicha sentencia no está ejecutoriada.
La justicia y los crímenes de «Los intocables»
En los procesos de justicia y paz no se abordó con seriedad la vinculación de grandes empresarios y agentes del Estado en los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Mucho menos los administradores de justicia. Existen evidencias que fueron muy pocos los procesos judiciales que prosperaron contra los financiadores de esos crímenes durante el imperio del paramilitarismo. Lo grave, hasta ahora persiste la impunidad.
¿Por qué procesos judiciales sensibles fueron archivados en toda la Costa Caribe y en el país? ¿Por qué las denuncias presentadas por los familiares eran conocidas directamente por los jefes paramilitares? No se tardaba el familiar de presentar las denuncias, cuando ya el jefe paramilitar mandaba a matar o a coaccionar a los denunciantes.
Déficit de justicia e impunidad
Sin duda, las víctimas se enfrentan todavía a una lucha constante por justicia. Es una condición fundamental para la reparación y no repetición de los crímenes de lesa humanidad. Un ejemplo empírico e inobjetable de esto es el caso de la Carta de un Ciudadano (agosto 2021) al presidente de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Atlántico, Carlos Andrés Pérez Alarcón. La inquietud del ciudadano es que no ha cumplido la macrosentencia de esa Sala No 08001-22-52-004-2013-81389
Acta de Aprobación de Sala No. 021 de 2018.
Uno de los hallazgos interesantes de la investigación de la Comisión de la Verdad es que los crímenes —entre 1975 y 2015— fueron cometidos por los grupos paramilitares y los Grupos Armados Posdesmovilización (GAPD) en un 47,09%. Un total de 2.518 de esos asesinatos fueron perpetrados por los GAPD durante su periodo de desmovilización entre 2006 y 2015, según el informe “Grupos Armados Posdesmovilización. Trayectorias, rupturas y continuidades”.
Tomando en cuenta que la filosofía de este seriado periodístico de «Los intocables» es llamar la atención sobre la necesidad de aplicar el derecho a la justicia de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad, se trae a colación el informe del Centro de la Memoria Histórica sobre el Derecho a la Justicia, cuya principal conclusión fue la siguiente:
«Finalmente, en este periodo, se dieron nuevos debates y tensiones en torno al fuero penal militar y hubo fuertes conflictos con la jurisdicción ordinaria. Un proyecto de reforma al fuero presentado por el ministerio de Defensa en 2012 volvió a agitar las aguas: su versión inicial dejaba bajo competencia de la justicia castrense delitos como homicidios contra civiles, detenciones ilegales o tortura. Ante las críticas y la movilización de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, estos y otros crímenes terminaron excluidos de la jurisdicción penal militar. Sin embargo, una vez aprobada, la reforma constitucional fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, y el debate continúa».
La Fiscalía y la impunidad
Las debilidades en las investigaciones judiciales parten desde la misma Fiscalía. La corrupción, el miedo y la negligencia son algunos de los problemas de este ente investigador y del poder judicial. La Fiscalía, por ejemplo, no valora con eficacia y eficiencia las compulsas de copias de la Justicia Transicional. Sobre «Los intocables» pesan cuatro compulsas de copia y nada pasa. Ante esta evidente verdad, el presidente de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla dijo:
«En efecto, el hacer la compulsa al competente y no efectuar un seguimiento puede minar la legitimidad de todo el aparato transicional y de la función jurisdiccional estatal. Por lo cual, la Colegiatura al enfrentarse con información recibida de la Fiscalía General de la Nación, tal como el Escrito de Formulación de Cargos y versiones de desmovilizados, así como también en documentación externa de diversa índole … reiteradamente aparecen delicadas menciones que han involucrado a terceros como miembros o auspiciadores y facilitadores de las causas delincuenciales del paramilitarismo, con posibles implicaciones delictivas. Al no tener la competencia para investigar y juzgar de oficio, debe, en ejercicio de la facultad discrecional que le asiste, tal como se ha dicho, remitir los casos al competente que en este caso es la Fiscalía General de la Nación y la justicia ordinaria, para que sea ésta la que emprenda las investigaciones pertinentes, y de haber lugar, se dé trámite al proceso de responsabilizar penalmente a las personas implicadas».
El fiscal a responder
En estos tres últimos años es muy poco lo avanzado en materia de reducir la impunidad sobre los crímenes de lesa humanidad.
Por tanto, el Fiscal General, Francisco Barbosa, debe pronunciarse frente a estas reiteradas compulsas de copia que cayeron en el vacío.
El fiscal debe saber que para lograr los propósitos de la justicia transicional, y evitar la impunidad, se necesita la acción eficaz y eficiente de los funcionarios responsables de hacer posible que la justicia funcione. De lo contrario, por acción u omisión, se convierten en eslabón de esta cadena infame de impunidad. ¿Por qué no se ha procesado a los terceros civiles responsables? Frente a la impunidad de la justicia con relación a los crímenes de «Los intocables», la sociedad civil y la prensa libre deben asumir por su propia cuenta y riesgo la investigación para que la justicia asuma su papel constitucional: perseguir el crimen.