La Procuraduría General de la Nación está a punto de definir la responsabilidad disciplinaria de dos directivos de la administración anterior de Comfamiliar Cartagena. ¿El motivo? La compra presuntamente irregular del lote Monticielo para el Centro Recreacional en Turbaco, inaugurado en agosto de 2023.
Un terreno de $5.600 millones que nunca cumplió el propósito institucional para expandir los servicios en el norte del departamento. Hoy, el proyecto está convertido en un espacio baldío y deteriorado.
La metáfora perfecta de una entidad que lleva años bajo intervención de la Supersubsidio sin lograr estabilizarse.
El director de Comfamiliar
Después de los anuncios que hiciera la Procuraduría en septiembre del año pasado, asumió como representante legal Juan Pablo Vásquez Castellar. En estos 5 meses viene enderezando el timón torcido de la administración anterior encabezada por Sergio Andrés Suárez Nieves, agente especial interventor y representante legal de la entidad. Junto a la directora relevado abruptamente por este caso de Monticielo.
Además de Suárez Nieves, se encuentra implicada Lester Concepción Romero Mercado, quien se desempeñó como directora administrativa suplente.
¿Qué dice el Mintrabajo?
Llamamos al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, con el fin de consultar sobre el informe que deben tener de esta situación, pero no obtuvimos respuesta. Se recuerda que los recursos de la Caja, en su mayoría, provienen de trabajadores y empleadores.
Estas entidades administran, por ejemplo, la Agencia de Empleo Comfamiliar, que tiene como objetivo impulsar la empleabilidad en el distrito de Cartagena y Bolívar.
¿Quién está detrás?
Este hecho nos propone una pregunta más allá de los resultados de la investigación: ¿Quién tuvo la responsabilidad política? Como entidad intervenida por la Supersubsidio, necesariamente hay un detrás político. El gobierno central, seguramente con la influencia de un senador, entrega la Caja intervenida como cuota de poder.
La pregunta es inevitable: ¿qué clase de intervención es esta que permite que un bien de tal magnitud se pudra en el abandono? ¿Quién responde por el detrimento patrimonial de los recursos de los trabajadores bolivarenses?
El procedimiento debe iniciarse formalmente para determinar si existe o no una falta disciplinaria, y, por ende, la imposición de la sanción correspondiente.
La sombra de la mala administración
Las denuncias que llegaron a la Procuraduría señalan fallas graves: ausencia de planeación, negligencia en la toma de decisiones y posibles irregularidades contractuales. El ente de control ordenó pruebas técnicas y documentales para verificar si el avalúo fue manipulado y si la compra obedeció a intereses ajenos al bienestar social.
Aquí surge otra pregunta: ¿se trató de un error administrativo o de un negocio calculado para favorecer a terceros? ¿Dónde estaban los órganos de control interno de Comfamiliar cuando se tomó esta decisión?
Intervención prolongada, resultados nulos
Comfamiliar Cartagena lleva años intervenida por la Supersubsidio. La figura del agente especial interventor fue creada para garantizar transparencia y recuperación institucional. Sin embargo, los hechos muestran lo contrario: bajo la administración de Sergio Andrés Suárez Nieves, representante legal en el período investigado, se permitió la compra de un lote que hoy es un monumento al despilfarro.
¿De qué ha servido la intervención? ¿Es un mecanismo de saneamiento o un instrumento para prolongar la crisis y encubrir responsabilidades?
Promesas incumplidas en Turbaco
El lote Monticielo fue presentado como una oportunidad para ampliar servicios sociales en el norte de Bolívar. Los habitantes esperaban una sede educativa, recreativa o de atención integral. Lo que recibieron fue silencio, frustración y un terreno abandonado. Los líderes comunitarios exigen explicaciones públicas: ¿quién se benefició de la compra? ¿Dónde están los $5.600 millones invertidos?
Preguntas al Presidente
- ¿Por qué la Supersubsidio mantiene una intervención que no ha logrado recuperar la entidad?
- ¿Qué papel juega el ministerio de Trabajo en la vigilancia de esta Caja de Compensación?
- ¿Quién protege realmente los recursos de los trabajadores afiliados a Comfamiliar Cartagena?
- ¿Se sancionará a los responsables o veremos, una vez más, cómo la impunidad se impone sobre la justicia disciplinaria?
Pregunta final
La Procuraduría tiene en sus manos la oportunidad de enviar un mensaje claro: que los bienes públicos no son botín de administradores irresponsables. Pero la pregunta final sigue abierta: ¿se atreverá el poder disciplinario a romper el círculo de impunidad que ha marcado la historia de esta entidad?
Próxima entrega: El informe de la Procuraduría