Hoy quedó radicada la demanda por pérdida de investidura ante el Consejo de Estado contra 5 miembros de la Comisión VII que estudia la reforma de la salud. La demanda está debidamente motivada por el presunto conflicto de intereses, debido a la relación impropia de esos parlamentarios con las empresas Keraly S.A.S, y el Grupo Bolívar.
En efecto, la Veeduría Colombia Decente, representada por el abogado Alcides Arrieta Meza, radicó la demanda ante el Consejo de Estado. Agregó que los partidos Centro Democrático, la U, Liberal, ASI, de acuerdo al aplicativo cuentas claras del CNE, habrían recibido aportes de empresas que tendrían alguna relación con Keralty S.A.S (Sanitas Eps), y Grupo Bolívar.
La denuncia la hizo Noticias Uno, replicada por Gustavo Bolívar, director del DPS. Para el exsenador esa donación demuestra un conflicto de interés, ya que los congresistas de ese partido (Centro Democrático) se oponen a la reforma a la salud.
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Demandan pérdida de investidura
Los senadores que fueron demandados son Miguel Ángel Pinto Hernández, Norma Hurtado Sánchez, Josué Alirio Barrera, Honorio Henríquez Pinedo, Berenice Bedoya Pérez. Si se confirma la existencia del conflicto de interés, seguramente la demanda prosperará ante el Consejo de Estado.
Las relaciones entre las Empresas que hicieron los aportes a los partidos políticos antes señalados, y, a su vez, la relación de estos con los cinco senadores que radicaron la ponencia de archivo a la reforma a la justicia, según el Veedor Ciudadano, estructuraría la causal de conflicto de intereses.
La veeduría representada por Arrieta, cita los hallazgos encontrados por Noticias Uno del 17 de marzo de 2017, en el cual se hizo la denuncia. Al tiempo que dentro del proceso de pérdida de investidura, solicitó se introduzca todo el aplicativo como prueba. Esto tendría como consecuencia la pérdida de la calidad de senadores de los demandados.
Senadores impedidos
La veeduría, considera que los senadores a través de sus partidos, habrían violado el régimen de conflicto de intereses. Estarían impedidos para radicar informe de ponencia negativa para primer debate del proyecto de ley número 216 de 2023 senado y 339 cámara, contenido en la Gaceta del congreso.. Es decir, habrían actuado contra expresa prohibiciones constitucionales y legales.
En el proceso deberá probarse tres elementos. (I) Si las empresas Keralty S.A.S (Sanitas Eps), y Grupo Bolívar tenían relaciones con las EPS. (II) Si efectivamente se hicieron los aportes a los partidos políticos referenciados. (III) Si los senadores pertenecen a esas colectividades.
Por tanto, de probarse esos tres elementos, la veeduría considera, que podría prosperar la pérdida de investidura. Los senadores están impedidos para pronunciarse en ningún sentido. Ellos debieron declararse impedidos.