Mientras el Pulso Social del DANE y otros estudios serios hablan de la crisis humanitaria y de inseguridad de Cartagena, el presidente Duque mantiene al alcalde Dau. Y ahora le pasaron la pelota a «Pipe» Córdoba, quien está en la picota pública por el entramado de los $500 mil millones para la paz. Los tres son tal para cual. Duque, siendo de la misma condición, se solidarizó con el alcalde. Dilató hasta donde más pudo su descaro y le devolvió ahora la pelota a la Contraloría General para garantizar impunidad.
¿Qué debieron hacer el presidente Duque y su ministro del Interior Daniel Palacios? Cumplir la resolución en forma inmediata. Es un acto administrativo transitorio y, por tanto, no se le estaba violando el derecho fundamental al debido proceso del alcalde ni de los funcionarios implicados en este presunto detrimento patrimonial.
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«Pipe» Córdoba ¿el absolvedor de la corrupción?
Este es uno de los tantos tristes hechos que el primer mandatario y su contralor de bolsillo le dejan a los cartageneros. Su conducta raya con el código penal y disciplinario. Se presume que es omisiva, dilatoria y fraudulenta a resolución administrativa expedida por la Contraloría Distrital. Un acto que suspende de forma inmediata al alcalde de Cartagena, lo convirtieron en un rey de burlas.
Recordemos que William Dau Chamat había cuestionado que los organismos de control «no hacían un culo para combatir la corrupción». También que los organismos de control no se atreven a meterse con él. Ahora que el contralor distrital Rafael Castillo Fortich asumió 5 investigaciones serias contra la corrupción del alcalde de Cartagena, «Pipe» Córdoba le quitó (¡increíble!) el control de las mismas para eventualmente absolver a los responsables del detrimento patrimonial de aproximadamente $10 mil millones. Ejemplo, el caso de Andy Reales. La peor corrupción no es la local sino la que viene del gobierno central.
«Pipe» Córdoba ¿el absolvedor?
Ahora que «Pipe» Córdoba asumió el control de la investigación, ¿tendría el mismo destino del proceso por la pérdida de más de $6 mil millones por un alcantarillado inexistente en Tierra Baja? La Contraloría Distrital suspendió provisionalmente al alcalde de la localidad No 2 Andy Reales. Inmediatamente «Pipe» Córdoba, a pedido presuntamente del senador de Cambio Radical, Antonio Luis Zabaraín, levantó la suspensión al alcalde local. En los mentideros de la Junta Administradora de esa localidad manifiestan que eso le costó al edil Pedro Aponte y a Andy Reales la suma de $500 millones. ¿Con quién se lo gastaron? Le dejo esta pregunta a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que investigue a «Pipe» Córdoba y al senador Zabaraín por el caso de Andy Reales.
La resolución No 164 del 23 de mayo de 2022, el presidente Duque debió cumplirla sin dilaciones así como lo hizo con el alcalde de Medellín, por ejemplo. Pasaron 40 días y el centralismo perverso del presidente Duque sigue dilatando la suspensión del burgomaestre. La descentralización administrativa y el principio de verdad sabida y buena fe guardada están siendo destrozadas. «Pipe» Córdoba ¿le hará el favor al autodenominado «el Tractor?».
Contrario al gobierno central y a la Contraloría General, la actuación de la Contraloría Distrital busca impedir que se pierdan $1.098 millones en unos insumos para pruebas rápidas chimbas. En este hecho tienen las uñas metidas Dau, Ana María González y Johana Bueno, el alcalde, la mandamás de la AUC y la directora del DADIS, respectivamente. Ese contrato que se constituye en un detrimento patrimonial es el No DADIS-UAC-047-2021.
¿Duque y Palacios, los cómplices de Dau?
¿Por qué el presidente Duque y su ministro del Interior no han ejecutado la resolución de suspensión? ¿Por qué si las acciones de William Dau contra la resolución quedaron resueltas el pasado 23 de junio, siguen dilatando la suspensión? Sin duda, es una compleja estratagema urdida desde el gobierno nacional para burlarse de la resolución administrativa.
¿Será por los negocios familiares que el presidente Duque tiene con la administración de William Dau? ¿Será que «Pipe» Córdoba se despedirá con otro karma parecido a los $500 mil millones para la paz? Es un caso para que la Corte Suprema de justicia investigue a los altos funcionarios implicados. Recordemos que Al Capone se cayó por un delito menor. ¿El presidente Duque deberá explicar el papel de su hermano Andrés con la administración local?
La dilación presidencial
El pasado 23 de junio la presidencia mediante oficio oficio EXT_S22-00052472-PQRSD-043815-PQR resolvió desfavorablemente la acción de control de inconstitucional, según informó la Veeduría de Observación Electoral a Noticias 6:25. Sin embargo, se dijo que el ministerio del Interior pidió concepto a «Pipe» Córdoba.
Si eso es cierto, es pura dilación. La decisión de la Contraloría Distrital es soportada por el artículo 280 de la Constitución Nacional. Se entiende que las contralorías, sea del orden que fuere, tienen las mismas facultades dentro del orden jurisdiccional. Pero si «Pipe» Córdoba hizo uso del control preferencial respecto a los hechos que afectan a William Dau, es porque se está tramando una situación parecida a los $500 mil millones para la paz. Se están concertando para aplicar impunidad fiscal a las atrocidades de William Dau.
Sin duda, es seguro que la actuación de «Pipe» Córdoba no podría ser gratuíta. Algo habrá en el canto de la cabuya cuando a poco tiempo de dejar la Contraloría pide el control preferencial. ¿Por qué no lo hizo cuando el anterior contralor Fredys Quintero fue un cero a la izquierda frente a las irregularidades en la contratación del covid—19? Ahora que Rafael Castillo está actuando, ¿le está maniatando para garantizar la impunidad fiscal?
Lo más triste
Pero lo más triste es que el sector gremial, que ha comido de la mano de Dau, no podría pronunciarse a favor del cumplimiento de dicha resolución. Si fuera un alcalde que estuviese cumpliendo con su deber constitucional y legal, o que la motivación fuera distinta a su acto de corrupción por el cual fue suspendido, tal lentitud se podría justificar. No para hacerle un esguince a la ley sino para verificar que no se está frente a una injusticia.
En tal sentido, vale la pena que el país se pregunte si el presidente Duque le está haciendo fraude a resolución administrativa de inmediato cumplimiento. Igualmente debe preguntarse si la motivación es el beneficio propio. En los mentideros políticos de la ciudad se ha propalado la especie de que su hermano Andrés Duque Márquez, sin actividad conocida, es quien está haciendo lobby ante presidencia para que se dilate el cumplimiento de la suspensión.
Presidente Duque ¿Dilación y fraude?
Una lectura eficaz a la sentencia No C-603-00 de la Corte Constitucional, bastaría para entender que la Resolución No 164 del 23 de mayo de 2022 no choca con la constitución ni con la jurisprudencia. Por el contrario, el principio de verdad sabida y buena fe guardada es un recurso de rango constitucional que no afecta el artículo 29 de la Constitución Nacional. Este es el principal argumento para rechazar el espurio alegato de los defensores del alcalde que interpusieron una acción de excepción de inconstitucionalidad. (Te puede interesar: … «y el perro se mamó a Dau»: Duque debe suspender ¡ya! al alcalde).
El argumento simplista de Dau es que la clase politiquera lo quiere tumbar. ¡Falacia! La verdadera razón es que en su administración se están tumbando el dinero de los más pobres. Y como la Contraloría Distrital no es de su bolsillo, le incomoda que le esté persiguiendo sus principales actos de presunta corrupción.
Próxima entrega: ¿Por qué William Dau está empeñando la alcaldía de Cartagena?
Resumiendo
Estamos frente a un presunto detrimento patrimonial de $1098 millones en insumos para las pruebas rápidas. Por esta situación la Contraloría Distrital abrió un proceso de responsabilidad fiscal. Tomó dos importantes decisiones. El 23 de mayo suspendió provisionalmente a Johana Bueno, directora del DADIS. El alcalde lo hizo sin ningún miramiento. Luego lo propio hizo con William Dau. El 25 de mayo envió a presidencia para que procediera a la suspensión. El alcalde presentó una acción de control de inconstitucional considerada como dilatoria.
En efecto, le sirvió al presidente para tenerlo hasta ahora. El 23 de junio decidió negativamente. El 24 de junio «Pipe» Córdoba le quita el control del proceso a Rafael Castillo Fortich. El 28 de junio el alcalde le manifiesta que el control lo tiene la Contraloría General. No se afecta el debido proceso, porque porque el acto no es definitivo sino como condición para garantizar la transparencia de la investigación. La resolución solo busca que los presuntos actores del acto de corrupción no interfiera en los buenos resultados de la investigación.