¿Prevaricó la Corte con el auto de la magistrada Cristina Eugenia Lombana Velásquez que ordenó el traslado de Arturo Char Chaljub a la guarnición militar del Batallón de Malambo donde se encuentra detenida Aida Merlano? El expresidente del senado fue trasladado al mediodía de hoy en medio de un debate público, no solo sobre la inconveniencia de la medida, sino, especialmente, sobre su legalidad.
En efecto, para algunos juristas como Renzo Montalvo Jiménez, la magistrada Lombana prevaricó. Ella, presuntamente, violó el principio de imparcialidad subjetiva. De acuerdo con la Corte Constitucional, este principio rige cuando el juez define su competencia para juzgar a un procesado:
“La imparcialidad subjetiva garantiza que el juzgador no haya tenido relaciones con las partes del proceso que afecten la formación de su parecer.”
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¿Prevaricó la Corte?
No es la primera vez que la magistrada Cristina Lombana tiene un problema de impedimento no declarado y que la misma Corte se hace de la vista gorda. Ya sucedió con el caso que tenía del que fuera presidente y senador de la república, Álvaro Uribe Vélez.
Existen dos pruebas fehacientes de que la magistrada violó el principio de imparcialidad subjetiva. Sin embargo, no se declaró impedida. Por el contrario, reemplazó al magistrado Francisco Farfán en este caso de Arturo Char Chaljub. Como se sabe, el jefe de la defensa del expresidente del senado es José Luis Barceló Camacho (1959). Es el mismo magistrado que la absolvió en un caso de peculado por apropiación. Después (2019) la nombró como magistrada de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
En ese sentido, se puede colegir que existe una flagrante conducta punitiva de la magistrada. El auto de traslado del reo al batallón militar de Malambo, es la cuota inicial que llevaría finalmente a desestimar los cargos de corrupción al electorado contra el parlamentario barranquillero, Arturo Char.
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Vea el análisis
La magistrada embolató $1 mil millones
Cuando la actual magistrada Cristina Lombana era juez 54 Penal Militar con sede en Popayán (2013) fue acusada por la fiscalía de peculado por apropiación por la pérdida de $1 mil millones de su despacho. Luego, en segunda instancia se le modificó el cargo por peculado culposo. Este delito la salvaba de la cárcel, pero le impediría seguir en su carrera judicial y jamás hubiese llegado a ser magistrada.
Pero, la juez, que en aquella época era capitana de las Fuerzas Militares, a través de su apoderado judicial, solicitó el recurso de casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. La idea era tumbar el fallo de segunda instancia que le impedía su sueño de seguir subiendo en su carrera como administradora de justicia.
Es así que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, cuyo presidente en aquella época era el cartagenero Gustavo Malo. Por sorteo le correspondió el negocio jurídico al magistrado José Luis Barceló Camacho, actual defensor de Arturo Char. El proceso AP330-2016 fue radicado bajo el N° 47227 C.
La Sala dispuso la nulidad del proceso a partir del cierre de la investigación del 21 de mayo de 2015 de la Fiscalía Segunda delegada ante el Tribunal Superior Militar. Esta decisión se tomó mediante acta N° 19 de 2016.
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Barceló la nombró
El exmagistrado Barceló participó en la elección de Cristina Lombana como magistrada de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La nombró en propiedad de la lista de elegibles contenida en el Acuerdo PCSJA18-10986. Quedó en el cargo de magistrada de la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
No solo Barceló la nombró, sino que también ella lo remplazó en el sonado caso contra Álvaro Uribe Vélez de soborno a testigos. Este proceso lo tenía engavetado su antecesor. Luego de un tiempo dilatorio, la nueva magistrada se declaró impedida. Este impedimento no fue gratuito o por voluntad propia. Ella omitió en su hoja de vida el hecho de haber sido parte del bufete de Jaime Granados, abogado del expresidente Uribe.
Ante dicha evidencia, debió apartarse del conocimiento de este caso. La omisión de esa certificación laboral en el Bufete de Granados, la justificó así:
“Ninguna certificación me fue expedida ya que, según información telefónica que me proporcionó quien en esa época atendió mi llamada, y cuyo nombre desconozco, me manifestó que en sus archivos no reposaba ningún registro de mi paso por ese lugar.”
Si la Corte prevaricó ¿qué hacer?
De acuerdo con el concepto de Renzo Montalvo, Miguel Angel del Río, abogado de Aida Merlano, debería presentar los recursos propios del proceso. En este caso, los recursos de reposición y apelación. O en su defecto, incidente de nulidad de dicho auto.
De todas maneras, la magistrada debió declararse impedida para conocer este proceso que lo venía atendiendo Francisco Farfán. El magistrado debe reincorporarse en el cargo el próximo 19 de diciembre 2023, después de disfrutar de una licencia no remunerada.
Para Miguel Angel del Río, según le dijo a la W Radio, el hecho de que la magistrada Cristina Lombana pusiera a Arturo Char en la guarnición de malambo a 10 metros de Aida Merlano, la principal testigo contra él, es inaceptable desde todo punto de vista.