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«El raponazo» al Adulto Mayor, «aúnan esfuerzos». Caso Morales—Bolívar (I)

Por Lucio Torres
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«El raponazo» de los recursos del adulto mayor en Morales Bolívar. El alcalde Neguib Slait Barrios, el Secretario de Desarrollo Municipal Deimer Campuzano y el presunto financista de Slait, Juan Carlos Orellano. (Laura Botett).

A corte de junio de este año, en las arcas del municipio de Morales, sur de Bolívar, había la suma de $400 millones por concepto de recaudo de estampilla pro adulto mayor. Pero el alcalde Neguib Slait Barrios, inició «el raponazo» de esos recursos el 16 de junio. En esta fecha firmó el convenio de asociación No S.A-002-2020 (ver el Contrato) por $450 millones, al parecer, sin el lleno de requisitos legales. También se pudo establecer, que no están cumpliendo con el objeto del contrato.

El convenio es atender a «viejitos» del Centro Vida del casco urbano. Y otros que están por fuera. El contrato fue adjudicado a Fundacion Sonrisa Visible para Todos con Nit No 900814622. Representante legal Yedinson Durán Peinado, con cédula de ciudadanía No 1062908504. Se le pagó un anticipo del 30% sobre los aportes del municipio que fueron $315 millones. En los dos documentos que subieron al Secop no aparece el número de beneficiarios.

Periodismo de control social

En consecuencia, VoxPopuli.digital le hizo un derecho de petición al alcalde Slait Barrios sobre el recaudo del 4% de la estampilla del adulto mayor y destinos de esos recursos. De la misma manera, tal informe se lo solicitamos a los burgomaestres de los 45 municipios del departamento. La hipótesis es que en Bolívar «el raponazo» de los alcaldes es de más de $25 mil millones. Este es el primer caso de una serie que tenemos preparada para que la Contraloría y la Procuraduría actúen en forma inmediata. De igual forma, le solicitamos a la directora de Fiscalía, Iveth Hernandez, que actúe con premura.

Se trata de ejercer un periodismo de control social y preservar los recursos para las poblaciones más vulnerables.  Solicitamos el informe de ejecución de los contratos suscritos durante la pandemia. El secretario de Desarrollo Municipal, Deimer Campuzano Estrada se limitó a decir que de acuerdo con la resolución No 05 de enero 2020 del despacho municipal, debemos pagar la suma de $647.500 por los 1850 folios de la respuesta. Ese derecho de petición se le hizo el 15 de septiembre.  Lo que el alcalde no sabía, era que nosotros estábamos informados de la forma cómo llevaron a cabo ese proceso de contratación.

Aunar esfuerzo para «el raponazo»

El contrato busca «aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para garantizar la atención al adulto mayor a través de la modalidad domiciliaria en el municipio de Morales Bolívar». El 30 de octubre cumple 4 meses de ejecución. Pero los resultados, según la misma comunidad, no se han visto. Realmente se convirtió en aunar esfuerzos para «el raponazo» al Adulto Mayor.

La Contraloría de Bolívar y la Procuraduría Provincial deben prender las alertas tempranas para evitar que se consuma «el raponazo» al Adulto Mayor.

Esta investigación periodística lanza una advertencia al alcalde Slait. Se violó el principio de planeación. En el proceso de contratación no hubo estudios previos. No hay un proyecto de pliego de condiciones. No publicaron en el Secop la tabla de actividades. Tampoco la cantidad real de beneficiarios. No arrimaron la minuta de los almuerzos calientes. No definieron presupuesto.

Mejor dicho, todo fue preparado como para «el raponazo» de los $450 millones que cuesta el convenio. De los cuales, el municipio está poniendo $315 millones recaudados por las estampillas pro Adulto Mayor.

Sin estudios previos

A juzgar por los documentos anexados en el proceso de contratación, el convenio se suscribió sin el lleno de requisitos. En la convocatoria publicada en el Secop aparecen solo dos documentos: Convenio y Estudios Previos. Como se observa, el segundo documento —«Estudios Previos»— su contenido dista de ser lo que dice ser.

El Decreto 2474 de 2008, que reglamentó la Ley 1150 de 2007, definió los estudios previos como el conjunto de documentos que sirven de soporte para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones. Así que los proponentes pueden valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad. Así como la distribución de riesgos que se propone. Se ordena ponerlos a disposición de los interesados de manera simultánea con el proyecto de pliego de condiciones.

En todo caso, el estudio previo debe tener, por lo menos, los siguientes elementos fundamentales, según la normatividad ya citada:

1. La descripción de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la contratación.
2. La descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones y la identificación del contrato a celebrar.
3. Los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección.
4. El análisis que soporta el valor estimado del contrato. 5. La justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más favorable, de conformidad con el artículo 12 del presente decreto.

Ninguno de los puntos anteriores respondió los estudios previos del convenio No S.A-002-2020. De los 4 folios que componen el estudio previo, solo el primer párrafo del cuarto folio se refiere en concreto al municipio de Morales. Lo demás son generalidades legales y justificaciones de los programas nacionales sobre nutrición.

«El Municipio de Morales – Bolívar, es reconocido por la preservación de sus tradiciones y costumbres las
cuales son notablemente sobresalientes ante las demás Poblaciones circunvecinas.
Con lo anterior, queda sustentada la necesidad y conveniencia de la contratación referida, así como la
existencia de los elementos hacen oportuna su contratación».

¿Era idónea la organización escogida?

Como en la mayoría de las convocatorias, la del 16 de junio de 2020 donde se escogió a Fundación Sonrisa Visibles Para Todos, solo tuvo un proponente. No subieron la propuesta que presentó. Como en los estudios previos no definieron si el aporte del 30% era en efectivo o en especie, el contrato tampoco lo especifica.

Ese dato es importante. En un contrato de asociación, la entidad asociada deberá tener los recursos de sus aportes financieros en una cuenta bancaria. De esta manera no es necesaria la competencia con otras para acceder al contrato.

El artículo 5 del Decreto 092 de 2017 que reglamenta el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, dice:

«No estarán sujetos a competencia cuando la entidad sin ánimo de lucro comprometa recursos en dinero para la ejecución de esas  actividades en una proporción no inferior al 30% del valor total del
convenio».

En el estudio previo no se definió un pliego real de condiciones. Mucho menos se especificaron las actividades que debía realizar la entidad contratada.

Algunas personas, que pidieron reserva de sus nombres, le manifestaron a este periodista que realmente el contrato no se está cumpliendo a cabalidad. No existe una atención integral. Los almuerzos calientes no tienen proteína ni verduras. Solo carbohidratos. Y de peor calidad. La foto que los afectados mandaron a la redacción de www.populi.digital evidencia la sospecha que teníamos de ese contrato fantasma. Al parecer, solo se hizo para raponarse los $450 millones dirigidos al adulto mayor de Morales.

El menú de «El raponazo»

El raponazo. Este es el almuerzo caliente. Puro empaque y carbohidratos. Nada de proteína. Aportado por la comunidad.

El menú que tiene la organización contratada es abundante en carbohidratos sin nada de proteína (carnes, huevos, leguminosas). Familiares de los beneficiarios del Centro Vida están muy preocupados porque presentan síntomas que los ponen en riesgos cardiovascular.

Recibimos de uno de los beneficiarios una fotografía que aparentemente es la ración que le suministran a los ancianos. Consultamos con una nutricionista de la Universidad del Atlántico y nos hizo un análisis nutricional del menú.

«Teniendo en cuenta la evidencia fotográfica que me presentan, se ve que la gran mayoría de las ración servida, la tercera parte, está compuesta por carbohidratos. Se identifica un liquido claro (sopa). No se muestra proteínas (carnes) ni verduras. La bebida suministrada es carbohidrato simple (agua de panela). En conclusión, no se está dando una alimentación balanceada para el grupo etáreo».

La nutricionista, tomando en cuenta la evidencia fotográfica, dijo:

«La ración carece de macro y micronurientes esenciales para la población adulta mayor. Se evidencia la preparación con frituras que los ponen en riesgo de factores cardiovasculares. La tercera edad es una población de alto riesgo y que se debe suministrar una alimentación balanceada».

«El raponazo» es un pago para el financista

Melissa Payares, esposa de Juan Carlos Orellano, es la que maneja el contrato del adulto mayor. ¿Por qué? ¿Ella es la contratista?

De acuerdo con algunas investigaciones y consultas, se pudo establecer que el contrato formalmente se le adjudicó a Fundación Sonrisa Visibles Para Todos. Pero los testimonios de personas que estuvieron en la campaña electoral de Slait Barrios señalan que es una devolución del dinero que le debe a uno de sus financistas.

¿Quién es el financista? Los mismos testimonios señalan a Juan Carlos Orellano. El aporte que éste le hizo a Slait fue de $200 millones.

De acuerdo con los datos allegados, sacamos la cuenta de cuánto se podrían gastar en la ejecución del convenio. Si el objeto es darle almuerzos calientes a 146 adultos mayores, según Melissa Payares, podríamos hacer la siguiente operación aritmética. Un almuerzo puede costar $6.000 multiplicado por 146 son $876.000 mil diarios. Durante los seis (6) meses la inversión sería de $103.200.000.

Sin embargo, otras fuentes me manifiestan que en el casco urbano solo distribuyen 60 almuerzos. En muchos corregimientos como Bodega Central, Dique y La Palma no se distribuye el alimento. El hecho es que no hay control en la distribución de los almuerzos.

El convenio está por $450.000.000. Es decir, que «el raponazo» al Adulto Mayor sería de $347.800.000.

La conclusión

La cereza del pastel. El contrato no lo dirige la Fundación Sonrisa Visible para Todos, entidad contratada, sino Melissa Payares, esposa de Juan Carlos Orellano, el presunto financista de Slait Barrios. Le hice a Payares varias llamadas. La primera me respondió. Luego que me identifiqué, cortó la comunicación. Le hice varios intentos pero no fue posible retomar la comunicación.  Me apagó el teléfono. Más tarde me respondió por guasap.

No hay nada que hacer. «El raponazo» se ejecutó. ¿Qué va a hacer Eduardo Sanjur Martínez, Contralor de Bolívar? ¿Dejará que el «El raponazo» se consuma los $315.000.000 que afecta la calidad de vida, la salud y la vida de más de mil adultos mayores de Morales Bolivar? ¿Tomará acciones concretas? ¿Y la Procuraduría Provincial?

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