Era una audiencia reservada, casi clandestina. Las luces bajas, los murmullos contenidos y el eco de una justicia que, una vez más, se sienta en el banquillo de sus propios pecados. El escenario era digno del Día de las Brujas. ¿Quién es «la mujer de atrás» de la banda de extorsionistas de la Fiscalía?
La expectativa misteriosa era conocer «la mujer de atrás». Pero la fiscal Claudia Amorocho no destapó sus cartas frente al juez promiscuo de Sitio Nuevo (Magdalena) al imputar cargos a los capturados. Los ojos estaban puestos sobre uno de los imputados: Abraham Elías Muñoz Guerra, hijo de una poderosa fiscal y contratista de la administración Char.
Los demás capturados Margarita Viviana Bula Trujillo, excoordinadora del CTI de Barranquilla; Yarin Ernesto Pareja Marimón, investigador del mismo cuerpo técnico, estaban cabizbajos.
En la sala había una ausencia tan elocuente como culpable: «la mujer de atrás». Porque el verdadero rostro de esta historia no estaba frente al estrado… sino detrás de él.
El silencio de la reserva no era jurídico ni tampoco legalmente justificable, era estratégico. Quien debía estar en el banquillo de los imputados no era el hijo sino la madre. ¿Por qué?
La audiencia reservada
A las 12 del mediodía del 31 de octubre parecía uno más en los corredores del poder judicial, pero algo no cuadraba. La fiscal Amorocho imputaba los delitos de concusión, asociación para delinquir y acceso abusivo a un sistema informático.
Abraham Muñoz Guerra ―hijo de la fiscal Betzaida Guerra Martínez, y contratista del charismo― no comparecía como testigo ni víctima.
Comparecía como presunto cabecilla de una organización que extorsionaba a investigados dentro de la Fiscalía.
El silencio no era jurídico. Era estratégico.
Quien debía estar en el banquillo no era el hijo, sino la madre.¿«La mujer de atrás»?
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El silencio estratégico
Afuera, los murmullos crecían: ¿Cómo un joven abogado sin rango ni cargo accedía a los expedientes confidenciales del SPOA, el corazón digital del sistema penal colombiano?
Solo fiscales, investigadores y funcionarios acreditados pueden ingresar. Los ciudadanos comunes apenas podemos consultar si figuramos en una investigación. Entonces, ¿quién le dio las claves, los nombres, los tiempos?
Los investigadores del CTI parecían saberlo, pero callaron. La denuncia ciudadana apuntaba directamente a Betzaida Guerra Martínez, pero la fiscal Amorocho la dejó intacta. ¿Temor? ¿Protección desde lo alto?
El magistrado Luis Eduardo Cerra, del Tribunal Administrativo del Atlántico, la había reintegrado a la Fiscalía tras sanciones disciplinarias. Una benevolencia que, en lenguaje de poder, raya en complicidad.
«La mujer de atrás»
La fiscal del caso, Claudia Patricia Amorocho Barrangán, quien desde 1996 está vinculada a la Fiscalía General de la Nación, pudo cometer prevaricato por omisión. Ella sabe perfectamente que su colega Betzaida Guerra no es ninguna santa en este caso específico. ¿Por qué no ordenó la detención de Betzaida? ¿Por qué desconoció las evidencias que reposan en el expediente? Como en toda buena novela de misterio, el culpable no siempre es quien aparece primero ni visible…
Los documentos revelan una mano invisible moviendo los hilos. Betzaida Guerra no necesitaba aparecer. Su sombra bastaba. Los gestos eran órdenes. Las órdenes, decretos no escritos o resoluciones falseadas.
Y mientras su hijo ejecutaba, ella coordinaba desde las penumbras de la institución. Era la mente detrás del crimen perfecto: un asalto silencioso al sistema de justicia desde sus propias entrañas.
“Si el hijo era la mano, ella era la mente.”
El dato invisible
Hay un personaje secundario que completa la trama: un investigador del CTI, pareja actual de Betzaida y padrastro de Muñoz Guerra, parte activa del mismo concierto para delinquir. Una familia unida por los vínculos del poder y los favores del silencio.
Las denuncias existían desde 2024, documentadas por periodistas como Amalfi Rosales, quien advirtió los nexos entre esta red y el caso del alcalde de Sitio Nuevo, Jaime Navarro Manga, cuya credencial fue anulada por el Consejo de Estado.
Entonces, ¿por qué actuaron solo ahora? ¿A quién estaban protegiendo mientras los expedientes se borraban y los nombres cambiaban de carpeta?
La sombra del poder
Betzaida Guerra no estuvo en el banquillo, pero sus huellas estaban por todas partes. Reintegrada por vía judicial, con acceso directo a los sistemas internos, y rodeada de funcionarios que obedecían más a sus gestos que a sus superiores.
El crimen, esta vez, no fue de sangre, sino de sistema. No se cometió en un callejón oscuro, sino en los pasillos de la Fiscalía.
El crimen perfecto
No hubo pistolas ni cadáveres. Hubo contraseñas filtradas, investigaciones alteradas y silencios comprados.
Un crimen sin huellas visibles, donde la justicia es la víctima y los victimarios visten toga.
En el Caribe, la corrupción judicial ya no se esconde: se institucionaliza.
La justicia como víctima
Detrás de esta trama judicial late una verdad política: la corrupción de la justicia en el Caribe no es un caso aislado, sino una estructura de poder que se reproduce en silencio.
Cuando fiscales, jueces y contratistas se entrelazan en redes de favores y lealtades, el ciudadano queda desarmado ante el Estado. El caso de Betzaida Guerra no es solo un escándalo familiar: es la radiografía de un sistema que ya no imparte justicia, sino que la negocia.
Y mientras los clanes se reparten el poder, el pueblo mira cómo la justicia —esa dama ciega— ha sido secuestrada por quienes juraron defenderla.
Próxima entrega: Las dos caras invisibles del cartel de la Fiscalía