¿Arrepentimiento? ¿Garantía de no repetición? ¡Pamplinas! La puerca pollera nunca pierde el vicio. ¿Este decir costeño aplica para el exjefe paramilitar Uber Enrique Banquez, más conocido con el nombre criminal de «Juancho Dique»? La sentencia del juzgado 22 Municipal de Garantías de Bogotá, en primera instancia, lo condenó por fraude procesal y falso testimonio. Le mintió a la Corte Suprema de Justicia en los procesos contra los senadores de la época de los hechos, Javier Cáceres y Piedad Zuccardi.
Pero, además de no ser el único que miente, su caso es más complejo y de alto impacto que devela la gran verdad de la justicia transicional: la principal víctima es precisamente la verdad. Es el principio fundamental que le da sustento a los procesos de paz. En estos procesos ―hasta ahora― existe una apariencia de arrepentimiento que garantiza la repetición de los hechos victimizantes y esconde la verdad.
¿Qué devela el caso de «Juancho Dique»? Esta pregunta es crucial, porque la respuesta es inevitable. A primera vista, refleja una impunidad total para sus patrocinadores y financiadores. Y sin embargo, es una conclusión real sobre la impunidad de la Fiscalía para perseguir a ricos empresarios y políticos que determinaron esos crímenes. Estos son los hombres de atrás de la conducta criminal del fenómeno paramilitar al cual pertenece el caso de «Juancho Dique».
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«Juancho Dique» y su estela criminal
El perfil criminal de Uber Enrique Banquez Martínez responde al de un hombre formado por el ejército colombiano que luego ejecuta los peores crímenes so pretexto de luchar contra la guerrilla. Obedecía ciegamente y sin escrúpulos las órdenes horripilantes de su jefe inmediato, alias Cadena, el Matarife de Macayepo. O sea, es una máquina de acero para el crimen.
No obstante, si se ahonda en este caso, se encontrará que su personalidad asume diferentes caretas según las circunstancias que lo determinan. A la manera como lo explica el psicoanalista Karl Jung:
«Los seres humanos no desarrollamos nuestro carácter a partir de la nada sino que estamos influenciados por el inconsciente colectivo».
Karl Jung. Sobre el desarrollo de la personalidad.
Por tanto, el carácter (no la personalidad) nunca dejó de ser el criminal que siempre fue en su edad adulta. Ahora en estos tiempos ―de supuesta paz― se pone al servicio de quien tiene el poder económico o político. Es decir, que su carácter encuadra dentro de lo que Aristóteles señala como «esclavo por naturaleza».
Un «esclavo por naturaleza» es un «instrumento viviente» que posee una racionalidad elemental, incapaz de tener autonomía en sus decisiones. Se pone al servicio de «alguien» que determina el crimen. Y esta es la clave para descifrar su conducta criminal y quizás de la mayoría de los jefes del paramilitarismo, la guerrilla y las bandas criminales.
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El perfil construido por Justicia y Paz
Uber Enrique Banquez Martínez, nació en Puerto Libertador (Córdoba) el 3 de abril de 1971. Hijo de Saúl y Paola, el mayor de ocho hermanos. A los 16 años se organizó con Teresa Arroyo, con quien tiene dos hijos en el momento de someterse a Justicia y Paz: Hamison y Yuri. Luego convivió con Bertha Bravo con quien tuvo una hija en diciembre de 2005.
Se casó con Lizbeth Martínez González, con quien tiene o tuvo dos hijos de 3 y 2 años respectivamente. Después de la desmovilización en Santa Fe
de Ralito, cursó la primaria, luego pasó a La Ceja Antioquia y estudió
computación. En Itagüí hizo 6º y 7º. En el 2008 terminó 8º y 9º y actualmente, está finalizando el bachillerato en el centro de reclusión.
Recientemente se graduó de abogado y estudia administración. Así le dijo a Caracol:
«Yo hice mi primaria a los 30 años, secundaria, administración de empresas y derecho, tengo que esforzarme mucho, es mucho sacrificio porque estudiar una carrera de derecho no es fácil».
Sin embargo, uno se pregunta ¿para qué Banquez estudió derecho si sigue delinquiendo? ¿Para esquivar a la justicia? ¿Oportunismo? Uno comienza a dudar con el nuevo estilo de vida de estos exparamilitares. Usan ropa y accesorios de marca. Se dan la «dulce vita». Tienen propiedades a través de testaferros. Gozan del aprecio de empresarios de dudosa factura.
¿Quiénes están detrás de las retractaciones?
Por ejemplo, en la condena del Juzgado 22 Municipal de Garantía de Bogotá, no solo están encartados los exsenadores Javier Cáceres Leal y Piedad Zuccardi sino también los financiadores del paramilitarismo que se enriquecieron con su actuación criminal.
Ellos, presuntamente, hicieron parte de un entramado de corrupción para provocar una retractación de proporciones industriales de varios exjefes paramilitares haciendo nula sus declaraciones en los tribunales de Justicia y Paz. Su propósito fue garantizar impunidad a los políticos y empresarios comprometidos en la expansión del paramilitarismo que hasta ahora hacen parte del club de Los intocables.
Recordemos, Uber Enrique Banquez, alias «Juancho Dique» y Rodrigo Pelufo, alias ‘Cadena’, fueron dos sanguinarios jefes del paramilitarismo de la Costa Caribe. Actuaron como «esclavos por naturaleza». Si existen esclavos también deben existir «sus amos». ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Están invisibles? Si la Fiscal Luz Adriana Camargo Garzón solo leyera las 14 entrega del seriado Los Intocables, se daría cuenta que existen «los amos del paramilitarismo».
Los crímenes
Los jefes del paramilitarismo no se compadecieron con sus víctimas. En Cartagena, secuestraron y asesinaron al líder sindical de la USO, Aury Sará Marrugo y a su escolta Enrique Arellano. ¿Quién ordenó esas muertes? ¿Quiénes las financiaron? Recuerden que los jefes paramilitares obedecían las órdenes criminales de «sus amos».
Recordemos: Los jefes paramilitares ejecutaron 16 masacres, según las autoridades. El 17 de enero de 2001, por ejemplo, cometieron la masacre de Chengue donde murieron 28 campesinos indefensos. Un día antes, un suboficial de la Armada se reunió con el paramilitar alias ‘Cadena’, jefe del bloque Montes de María en la finca El Palmar, municipio de San Onofre. Allí el militar le entregó armas, camuflados y municiones a cambio de “un fajo de billetes”.
El contralmirante Rodrigo Quiñónez, comandante de la armada para el período de los hechos, fue destituido por la Procuraduría.Esta decisión fue confirmada por el Consejo de Estado. Su conducta fue omisiva. Le habían advertido que los paramilitares iban a cometer una masacre en esa zona, pero no hizo nada para detenerla. Lo mismo que pasó con el gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez (1995-1997) cuando se le advirtió de que iban a masacrar a la gente de El Aro y La Granja y se hizo la vista gorda.
Igualmente, fueron sancionados el capitán de Fragata Óscar Saavedra Calixto, el capitán de Corbeta Camilo Martínez Moreno, el suboficial de Infantería de Marina Rafael Bossa Mendoza y el suboficial segundo Rubén Darío Rojas Bolívar.
Sin embargo, los determinadores de esos crímenes no aparecen. Los que los financiaron y se beneficiaron con su ejecución.
Fiscalía cómplice
Si la falta grave de la Fiscalía ―como se dijo― es garantizar impunidad a los hombres de atrás durante dos décadas que tiene Justicia y Paz, ¿por qué ahora saca pecho? En este caso que lo conocemos de primera mano, lo sufrimos en carne propia. (Pido permiso para narrarlo en primera persona).
Recordemos que en el 2006 informamos sobre el inicio de una investigación preliminar contra el senador Javier Cáceres Leal. En aquel momento divulgué, con pruebas y todo, en el informativo VoxPopuli de Radio Vigía (Todelar Cartagena) los posibles hechos por los cuales la Corte Suprema de Justicia investigaría al Todopoderoso Cáceres Leal.
En 2007, el Todopoderoso me denunció ante la Fiscalía cuando su directora seccional Bolívar era Iveth Hernández Sampayo, su protegida. Le propuse conciliar, Cáceres, por el contrario, me desafío y dijo que no tenía ánimos de conciliación. Días después, sospechosamente le tocó el caso al fiscal Paulo Xavier Romero Julio. Un viernes al mediodía me llama el periodista Luis Roncallo Fandiño y me dijo que una fuente le reveló que me iban a capturar por no presentarme ante el susodicho fiscal.
Efectivamente, me presenté ante el fiscal. En el expediente reposaban tres boletas de citación que supuestamente yo desatendí para responder por la denuncia del respetable senador, lo cual no era cierto. Con maledicencia era detenerme ese viernes hasta el martes, porque el lunes era feriado.
Una fuente me dijo que el senador exclamó:
«Ese periodista hp me ataca como si yo me hubiera comido a su mujer».
Depresión y coraje
Desde los 14 años me forjé un carácter de libertad. Me rebelé contra el status quo y la opresión. En las calles de mi barrio de infancia (Versalles) no buscaba la pelea. Pero el que se metía conmigo le respondía con todas mis fuerzas. Hoy, no repetiría esa conducta, porque aprendí a manejar mis emociones en estos tiempos de reflexión y meditación. Prefiero ser un Saúl que un David, como lo explica la Biblia. Cáceres era el Goliat frente a mí, un simple periodista cuya arma era su palabra.
Por ende, lejos de amilanarme, el desafío que me propuso el Todopoderoso, lo enfrenté como se enfrenta lo inevitable. O como cuando David venció a Goliat: ¡coraje! No había nada que hacer. «Luchar o luchar», fue mi pensamiento. ¿Me deprimió el hecho? Si. ¿Me inmovilizó y me calló? ¡No! Las amenazas de muerte contra mí se multiplicaron, pero fueron un aliciente para seguir adelante.
En esos momentos me preguntaba: ¿A quién le pido ayuda? Era 2006. Toda la institucionalidad estaba cooptada. Todos eran uribistas pro paramilitarismo, menos los de izquierda que en su mayoría estaba arrinconada de miedo ¿Cómo enfrentar este problema que 7 años atrás también lo había vivido en Barranquilla y por el cual me regresé a Cartagena?
Me acordé que en 1999, «Jorge 40» me quería matar. Sus compinches de Barranquilla me habían incluido en una lista de muerte por ser «un periodista al servicio de la guerrilla». El 16 de septiembre de 1999, cuando ya habían asesinado al 70% de esa macabra lista, (cayeron profesores de la Universidad del Atlántico, sindicalistas y líderes populares) los paramilitares asesinaron a mi querido amigo, colega, discípulo y entrañable hermano, Guzmán Quintero Torres.
Esa noche septembrina, al escuchar la noticia por Caracol radio, me levanté de un salto del colchón que me había llevado a la oficina donde me encontraba recluido escribiendo mi libro «¿Adiós a la guerra?». Tenía tanta prisa que lo redacté en dos meses.
«¿Qué hacer?»
«¿Qué hacer?», fue la pregunta que rondaba mi pensamiento.
«¿Seguir escribiendo sobre la guerra como terapia existencialista o como testamento?».
Me respondía a sí mismo. Así lo hice, pero también recapacité, y le puse el pecho al viento, sabiendo que podía venir acompañado de una bala asesina. Ante una muerte inminente sentenciada por «Jorge 40», presenté sendos escritos pidiendo garantías a los ministerios de Defensa y del Interior. De la misma manera al director de la Policía Nacional. Por último, al vicepresidente, Gustavo Bell Lemus.
¿Cómo podía demostrar a la Fiscalía que las pruebas que soportaban mis análisis sobre la relación paramilitar del senador Javier Cáceres Leal, el Todopoderoso, eran reales, legítimas y contundentes? Los mismos testimonios de los jefes paramilitares constataban los documentos sobre las finanzas de dicha organización. Y los tenía en mi poder. Además, las primeras declaraciones de «Diego Vecino» así lo constataban.
Sin embargo, en 2009, «Juancho Dique» hizo como el buñuelo, se volteó y contradijo lo que él mismo declaró en Justicia y Paz y su jefe «Diego Vecino». No había nada que hacer, cambió sus declaraciones para crear dudas en el juzgador de Cáceres y de Piedad Zuccardi y lograr así la absolución de los dos senadores. Banquez se retractó, y, con la complicidad de su abogada Betty Castro Espinoza, armaron un concierto para mentirle a la misma Corte Suprema de Justicia mediante declaraciones ante la Procuraduría General de la Nación.
La retractación tuvo un costo. Javier Cáceres, al parecer, pudo negociar con cargos y contratos. Pero Piedad Zuccardi y su difunto marido, Juancho García, debieron ceder el 50% de su concesión minera a Betty Castro, la abogada de «Juancho Dique».
La Corte no comió cuento
Pero la Corte, ni corta ni perezosa, ordenó a sus investigadoras profundizar en la investigación. Se encontró que su apoderada, Betty Castro Espinoza, fue contratada por «Diego Vecino». Se constató, además, que ella fue miembro del paramilitarismo. Posteriormente se le acusó, en el 2012, de testaferrato y de ser una de las cabecillas de la banda criminal de Los Paisas.
Una declaración rendida por Edward Cobos Téllez el 7 de septiembre de 2009, en audiencia de legalización de cargos ante el Tribunal Superior de Bogotá, puso al descubierto el hecho de que abogados de la organización armada al margen de la ley, fueron amigos y familiares de estos grupos ilegales. Además, fueron sus candidatos a corporaciones públicas como Betty Castro.
En efecto, la Corte Suprema de Justicia constató que Betty Castro Espinoza, más que apoderada de Uber Enrique Banquez Martínez, fue su aliada para provocar una masiva retractación o modificación de sus declaraciones con el fin de confundir a los juzgadores.
Si analizamos en profundidad la sentencia contra Javier Cáceres Leal y la Resolución de Acusación contra Piedad Zuccardi, podremos verificar que existió un concierto para delinquir con las retractaciones a fin de crear dudas en esos procesos penales. Como se sabe, la duda se resuelve a favor del reo.
Pero las declaraciones de Edward Cobos Téllez y Uber Enrique Banquez Martínez fueron contrastadas por las investigadores de la Corte Suprema de Justicia. Ellas descubrieron que la abogada de Banquez jugó un papel primordial en esas retractaciones industriales que pretendían beneficiar a Javier Cáceres y Piedad Zuccardi.
[…] dados los resultados de algunas diligencias de interceptación de comunicaciones ordenadas en este proceso, se pudo establecer que la procesada y sus abogados utilizan las RETRACTACIONES del testigo (Juancho Dique) […]
Corte Suprema. Resolución SDSJ N°2982.
Si esta condena es confirmada por el juez superior, sin duda, tendrá consecuencias en el proceso de Justicia y Paz. Lo primero que se debe verificar es la conducta de cada uno de los jefes paramilitares que se sometieron a la pena alternativa. Lo segundo, ¿cómo se puede impedir que sean instrumentos políticos o botines de guerra?