Se revive debate político sobre despojo de Barú. En 1887, 94 familias propietarias de la Hacienda Santa Ana de Barú vivían aisladas del mundo exterior. Se autoabastecían en todos los aspectos. Cultivaban, pescaban, criaban animales y cazaban lo que necesitaban para vivir. Practicaban el trueque como una forma de intercambio comercial. No necesitaban el dinero. Eran felices, hasta cuando llegaron otros afros blanqueados —de la servidumbre de «los blancos»— con bolsas de dinero. Detrás de ellos sus «amos blancos» llegaban y escrituraban ilegalmente con la complicidad del sistema judicial y notarial de Cartagena.
De esa manera, despojaron a las 94 familias de Barú. Sus predios, por arte de magia, pasaron a manos de los antiguos «amos blancos» de aquellos líderes afros que llegaron con bolsas de dinero a corromper a sus congéneres y familiares. Entre los nuevos propietarios aparecen familias distinguidas con apellidos de abolengo y empresas asociadas a la industria del turismo. Para cometer esta fechoría, los despojadores contaron con la complicidad de líderes raizales, inspectores, jueces, notarios, fiscales, procuradores, entre otros funcionarios del Estado.
Lo grave de todo este asunto es que entidades que deben ser defensoras de los derechos humanos de los despojados, como la Procuraduría, terminan calificando de invasores a los reclamantes de sus tierras. Por esta razón, el veedor Erick Urueta Benavides acaba de presentar una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra Margarita Cabello, titular de la Procuraduría General de la Nación. (Sobre este tema hablaremos en próximas entregas).
El despojo de Barú
Hoy, esos herederos de la Hacienda Santa Ana de Barú, que fueron despojados mediante el engaño y la violencia, acaban de presentar denuncias penales, quejas ante la procuraduría y esperan con mucha expectativa la audiencia pública del senado prevista para este sábado 19 de noviembre en la sede de la USO de Cartagena.
Como se recuerda, hace un año decíamos en una de nuestras crónicas sobre Barú: (Leer: Debate político contra despojo de la Hacienda Santa Ana en Barú).
«David Martínez Guerrero, personero delegado distrital de Cartagena en 1995, según lo informó El Tiempo, presentó una denuncia penal en la Fiscalía General contra el alcalde de la época, Guillermo Paniza Ricardo, quien mágicamente había adquirido una propiedad en la isla de Barú. Al respecto, Panizza manifestó que su propiedad fue adquirida en forma legal. Aunque la denuncia incluía a todo Barú, el caso de la hacienda Santa Ana es particular, porque es indiscutible su propiedad colectiva. Todas las escrituras que salieron de esa propiedad están viciadas de nulidad».
El proceso de despojo de Barú se inició en 1920. De acuerdo con las informaciones oficiales disponibles, el propietario colindante de la hacienda, sometió el predio a un juicio de deslinde y amojonamiento. Fue tramitado en el Juzgado Primero del Circuito de Cartagena. La sentencia fue apelada y confirmada por el Tribunal Superior de Cartagena, y protocolizada mediante escritura pública No. 355 de 29 de mayo de 1920. En ese mismo año fue legalmente registrada en la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos de Cartagena bajo el No. 689 del 8 de junio de mil novecientos veinte (1920).
El despojo de Barú se consolida
Sin embargo, la propiedad de los nativos afrodescendientes sobre la Hacienda Santa Ana data del año 1887, como se dijo a los inicios de este informe periodístico. Los 94 colonos la compraron por $2.600 oro de la época en común y proindiviso. La protocolizaron bajo escritura pública No. 129 de 1887 de la Notaria Primera de Cartagena que el periodista tiene a disposición. La vendedora fue Virginia V. Revollo. La propiedad está compuesta por 3 caballerías. más de 1.500 hectáreas. Fue registrada mediante diligencia de registro No. 161 de fecha 13 de mayo de 1887, a folio 2/3 del Libro 1 del Tomo 1 de 1887, del antiguo sistema. A partir de 1993, con el nuevo sistema, su registro tiene el folio de matrícula inmobiliaria 060-123581 de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena (Folio cerrado).
En los años 60s, el proceso de despojo de Barú se consolidó. Unos particulares realizaron procesos de pertenencia en franca ilegalidad sobre algunos terrenos al interior de la Hacienda Santa Ana. Para esto, los despojadores realizaron prescripciones agrarias ordinarias y extraordinarias en forma fraudulenta. Primero, nunca han sido poseedores de esas tierras. Segundo , las demandas las dirigían contra personas indeterminadas. En realidad, debieron hacerla contra sus legítimos dueños y poseedores, que son los 94 colonos y/o herederos. En tercer lugar, la naturaleza de la propiedad es de origen común y proindiviso ancestrales. Cuarto, la propiedad estaba debidamente registrada con matrícula inmobiliaria 060-123581
Dicho lo anterior, se abrieron las condiciones para que el proceso de despojo se consolidara. En las décadas del 90 y 2010 aparecieron los grandes negocios alrededor de las mejores tierras de esas 3.500 hectáreas despojadas.
El gran negocio de Barú
En los anales del congreso se puede citar el debate de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes del año 2012. El exrepresentante William García Tirado, quien conversó con VoxPopuli Digital, realizó una destacado debate de control político a los representantes de varias entidades del Estado.
El debate lo hicimos en 2012. Citamos a los funcionarios que debían responder, como el presidente de la Corporación Nacional de Turismo y el presidente de FONADE. La idea era de que explicaran la naturaleza de ese multimillonario negocio que no tenía ningún control por parte de la Contraloría General de la República ni de la Procuraduría Nacional. Logramos frenar ese negocio lesivo para los intereses de las comunidades.
William García Tirado.
La firma Playa Blanca Barú S.A, fue creada el 18 de Noviembre de 2005, bajo escritura 2900, de la Notaria 11 de Bogotá, constituida en Cámara de Comercio de la capital. La firma decía tener un capital económico de $20 millones de pesos. Sus socios habían adquirido más de 60 hectáreas de las tierras adyacentes a Playa Blanca que se las vendieron a la Corporación Nacional de Turismo. Posteriormente, el gobierno de Álvaro Uribe aprobó un CONPES para el desarrollo turístico de esa zona importante de Cartagena.
El 29 de septiembre de 2006, bajo escritura pública 3175, la sociedad Playa Blanca Barú S.A, fue reformada. Supuestamente le ceden al Fondo Nacional de Desarrollo (FONADE), 5.898 acciones correspondiente al 32.76 % de la composición accionaria de la empresa que era el valor de las tierra que habían pasado para la Corporación de Turismo supuesta dueña del proyecto. Es decir, que los socios Gabriel Echavarría, los Santo Domingo y otras empresas privadas tendrían el 64,24% de la Sociedad. O sea, que de la tierra despojada de Barú la convirtieron en un jugoso negocio. Para solo darle una pincelada de este despojo, el metro cuadrado lo compraron supuestamente a $30 mil y luego lo vendieron a $1 millón.
Casos emblemáticos del despojo de Barú
De acuerdo con los veedores y apoderados de algunas de las familias, Héctor Pérez Fernandez y Erick Urueta Benavides, señalan que uno de los casos emblemáticos es el de los descendientes de la familia Girado. También indica que Pablo Obregón Gonzáles fue uno de los artífices de este despojo porque adelantó muchos procesos de pertenencia. Hizo abrir nuevas matriculas inmobiliarias y referencias catastrales en forma ilegal. Luego subdividía y las trapazaba a empresas de sus familiares o de él mismo. No se entiende como lo hizo, porque para prescribir debía demostrar la posesión que nunca tuvo, ya que él vivía y trabajaba para Bavaria en Barranquilla.
Unos de los casos más emblemáticos y conocido públicamente es el de la familia Girado. De acuerdo con sus reclamaciones judiciales, son dueños y poseedores ancestrales de unos predios en Playa Blanca que hoy pretende supuestamente en forma ilícita por el empresario Gabriel Echavarría Obregon.
Según los reclamantes, existen diferentes pruebas que las autoridades se han demorado en reconocer a favor de los reclamantes de los predios heredados de sus ancestros. Existe una manipulación de la prueba y de las entidades encargadas de impartir justicia administrativa. Consideran que Echavarría Obregón y sus familiares desde hace décadas manipulan la Oficina de Registros Públicos, IGAC y la Rama Judicial para apropiarse ilegalmente de las tierras.
El conflicto entre Echavarría Obregón con la familia Girado se centra en cuatro predios cuyas matriculas inmobiliarias son: 060-16964, 060-16966, 060-162664, y 060-157405. Están ubicadas en el balneario de Playa Blanca, un segmento muy importante de la antigua Hacienda Santa Ana. Este conflicto mantiene a la familia Girado en una constante pelea jurídica con Echavarría sin que autoridad alguna se atreva ponerle el cascabel al gato. Unos particulares quieren desalojar a los Girado como lo ha hecho durante toda una historia de despojo que han vivido los comuneros de la hacienda Santa Ana.
La esperanza
Una leve esperanza surge en cada debate político de control político del despojo. Se espera que luego las entidades del Estado asumen responsables, asuman su papel para que las tierras retornen a sus legítimos dueños.
La audiencia del congreso de la República mañana sábado 19 de noviembre en la sede de la USO, es otra oportunidad para que las víctimas expresen su situación y nuevas pruebas para que el Estado responda por este despojo. Pero, es necesario que las reclamaciones cuente con el respaldo de la Procuraduría y de la misma sociedad de afros para que de una vez por todas se resuelva el tema de la Hacienda Santa Ana.