El expediente perdido de la única condena (2003) contra Alfonso Macías ¡lo hallamos en los archivos judiciales de Santa Marta! Uno de los episodios no resuelto, que hoy puede mandar a la cárcel a uno de «Los intocables», es el asesinato múltiple que incluye como víctimas a los hermanos Juan y Enrique Camilo Noguera Aarón. Este último fue presidente del Consejo de la Judicatura del Magdalena. De este hecho, surge la pregunta problemática: ¿El empresario Alfonso Macías determinó el asesinato de Noguera Aarón y dos de sus guardaespaldas?
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La declaratoria de Salvatore Mancuso Gómez ante la JEP viene despertando grandes expectativas sobre los crímenes de «Los intocables». Las…
Esta es la historia de la fosa común de Alfonso Macías, uno de «Los intocables». Ganadero, palmicultor, empresario y propietario de la finca El Potosí, en la vía a El Copey, Cesar. Hoy, según los que lo conocen, aparenta ser una prestante persona muy respetuosa de los derechos de los demás. Siempre lleva a cuesta una mochila, en cuyo interior hay una pistola preparada para matar. Esta historia pareciera que fuera inverosímil, pues, muchas personas no creen que el ser humano puede llegar a cometer horribles hechos inhumanos, que aquí solo referenciamos.
¿Se les acabó la suerte a Los Intocables, la primera generación de traquetos de la AUC que se vinieron a grandes empresarios? El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, MEBAR, Jorge Urquijo, aumentó la recompensa a $100 millones por el caso de la masacre de La Loma, la misma institución, la Fiscalía y el poder judicial penal protegen grandes empresarios emergentes residentes en Curramba, llamados «Los intocables». La lista es larga. Empezamos hoy con Lo del Matadero. Concretamente con Rafael Matera Lajud, alias «300», sindicado de varios delitos de lesa humanidad, desplazamiento forzado y homicidios.
En esta contienda de héroes y villanos, algunas veces los villanos son héroes y los héroes se convierten en villanos. Pero en esta ocasión la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es señalada por los juristas como una verdadera legión de héroes. La sala está constituida por honorables magistrados que no tienen ninguna mácula, y, por tanto, merece el respeto y admiración de la gente honesta de este país que lucha por la justicia, la verdad y la paz. Confirmaron que su decisión es jurídica y no política.
Así como se tiene la lupa a los nuevos directores seccionales de Fiscalía, se debe hacer con los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y los tribunales superiores. Se trata de que la fiscal Luz Adriana Camargo Garzón exija ética y no estética para el nombramiento de sus nuevos funcionarios. Así aprovechará al máximo esta gran oportunidad para transformar eficazmente la Fiscalía General de la Nación (FGN).
El viejo truco del vencimiento de términos funcionó para los poderosos. Sin duda es una vergüenza para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la libertad de Arturo Char Chaljub, expresidente del senado, a quien se le sigue un proceso por corrupción al electorado. El consabido recurso del vencimiento de términos surtió el efecto esperado, como si se tratara de un juzgado municipal de Barranquilla que, en su mayoría, está a merced de una de las familias más poderosas e influyentes del país. Una familia que ejerce un poder totalitario con su Califato del Atlántico. Es un ejemplo fehaciente del proceso privatizador del Estado.
Desde que comenzamos a escudriñar la causa de la impunidad de Los Intocables, parece que se les acabó la suerte de estos falsos empresarios que promovieron y se enriquecieron con la conducta criminal y genocida del paramilitarismo en la Costa Caribe. Con la compulsa de copia a la Fiscalía de la sentencia contra el Frente Pivijay del Bloque Norte de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, estos financiadores de delitos de lesa humanidad seguramente correrán la misma suerte de Darío Alberto Laíno Scopetta, alias «Ojitos Azules», quien fue procesado, condenado y capturado. Ante esto, el fiscal Francisco Barbosa debe ser tan diligente como cuando inició el proceso contra Nicolás Petro, el hijo del presidente, y romper con el manto de impunidad que cubre a estos presuntos criminales.
La aceptación del Grupo Aval —propiedad de Luis Carlos Sarmiento— de los cargos de sobornos y prácticas corruptas ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de la Bolsa de Valores (SEC, por sus siglas en inglés), confirmó un oscuro entramado empresarial criminal para la acumulación capitalista tramposa de Odebrecht y de Corficolombiana, Pero, lo más grave de todo, es el daño moral sufrido por el Estado y la sociedad, ya que en 2014, al parecer, preñaron de ilegitimidad la elección del presidente Juan Manuel Santos con $4 mil millones del soborno. Esta es la verdadera práctica de Los rateros de cuello blanco protegidos por la misma Fiscalía y el alto poder del Estado.
La Justicia Especial de Paz, (JEP) revela que en su estrategia de ir avanzando en conocer la verdad y juzgar los distinto casos, el primero en iniciar fue el Caso 01 dado a conocer a finales de enero del 2021, contra los siete miembros del Secretariado de las FARC-EP, imputados por la JEP por secuestro tipificado como crímenes de guerra y lesa humanidad y le dieron de plazo de 30 días para aceptaran su responsabilidad.