La tasa de seguridad ciudadana, que cobran algunos departamentos, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. Pero, además, fracasaron para mantener la convivencia, pues, presentan uno de los peores indicadores de seguridad, pese administrar multimillonarios recursos provenientes de ese impuesto. Además, los recursos del fondo son destinados para algo diferente, como construir parques para uso de consumidores de marihuana, como sucede en el Atlántico, Magdalena y Valle del Cauca.
De manera que en esa ola de despilfarro quiere entrar Bolívar con el proyecto de ordenanza aprobado irregularmente por la asamblea departamental en su última sesión de diciembre. La iniciativa, promovida por el barranquillero, Jorge Rodríguez Sosa, pasó a sanción del gobernador Vicente Blel Scaff. Pero está preñada de ilegalidad e inconveniencia, de acuerdo a las opiniones del Consejo Intergremial de Bolívar, el alcalde electo Dumek Turbay, de algunos expertos y veedores, como Alcides Arrieta. El análisis que se presenta, lo corrobora.
Eduardo Verano (gobernador entrante y anterior del Atlántico) y Elsa Noguera, gobernadora saliente, se gastaron un promedio de $130 mil millones anuales desde 2015 hasta ahora.
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Tasa de seguridad ciudadana es ilegal
Se parte de la premisa de que dicho proyecto en Bolívar, si es sancionado por el gobernador, sería una ordenanza ilegal e inconveniente. Es ilegal porque la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-101-22 con ponencia de Gloria Stella Ortiz Delgado, declaró inexequible con efecto diferido el cobro de dicha tasa de seguridad ciudadana.
“La Sala decidió declarar la inexequibilidad de las normas acusadas con efectos diferidos por el término de dos legislaturas, contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, suficiente para que el Congreso de la República modifique el artículo 8º de la Ley 1421 de 2010 y fije con certeza el hecho generador de las tasas y sobretasas”.
C-101-22
Cuando la Corte habla de efecto diferido, se entiende que el congreso tiene plazo hasta el próximo año para aprobar una ley que “fije con certeza el hecho generador de las tasas y sobretasas”. Por esta razón no es dable que la asamblea base su ordenanza sobre una norma que ya fue declarada inexequible, por tanto, ilegal.
El efecto diferido lo dio la Corte, porque los recursos del fondo se ataron a los planes de desarrollo locales o regionales. Estos terminan, precisamente, el próximo año y comienza de los próximos mandatarios elegidos el pasado 29 de octubre.
Una ordenanza tramposa
De acuerdo con el concepto del jurista, veedor y defensor de los derechos humanos, Alcides Arrieta, la ordenanza es inconveniente de todo punto de vista. Máxime que los usuarios de energía eléctrica en Bolívar, deben pagar las más altas tarifas de todo el país. La ordenanza es tramposa, según el concepto de este destacado jurista:
“La improvisada y tramposa ordenanza, tampoco se articula con ninguna política criminal, ni policiva, en el orden internacional, nacional, departamental y distrital, por cuanto, pareciere que es una nueva forma de hacer negocio con el dinero de los contribuyentes, utilizando la preocupante inseguridad que vive la ciudad y el departamento”.
Una ordenanza exprés
Además de lo señalado por Arrieta de que no se articula a ninguna política pública, de acuerdo a evidencias del Observatorio de la Asamblea, el proyecto se anunció el 1, se socializó el 2, lo aprobaron el 8 en medio de la borrachera de Las velitas y solamente lo publicaron en la gaceta el 9 de diciembre. Lo cual quiere decir que el proyecto no tuvo el trámite debido y legal que una ordenanza debe transitar. Significa que es una ordenanza exprés, si es sancionada por el gobernador Blel.
Es decir, que en menos de 7 días lo aprobaron. Tampoco el proyecto fue publicado oportunamente. Esto quiere decir, que violó el principio de publicidad que todo proyecto de ordenanza debe tener, a la luz del artículo 128 de su reglamento interno.
Contrario a toda evidencia, José Félix García Turbay, presidente de la asamblea departamental de Bolívar y primo hermano de Dumek Turbay Paz, dijo en un comunicado:
“Este proyecto fue presentado luego de un profundo estudio por parte de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Asamblea de Bolívar”.
Como es evidente, con las pruebas que se presentan en VoxPopuli.Digital, su declaración es una falacia. ¿Por qué no fue publicado oportunamente para que los voceros de las comunidades lo conocieran y lo debatieran en la socialización?
Un impuesto que no sirve para la seguridad
En los departamentos del Atlántico, Magdalena y Valle del Cauca, pese a que la corte lo declaró inexequible, lo siguen cobrando dizque para la seguridad y la convivencia ciudadana. Es el mismo argumento que falazmente presenta el presidente de la asamblea de Bolívar, José Felix García Turbay, hermano del senador Lidio García y primo hermano de Dumek Turbay, alcalde electo de Cartagena.
Al respecto, el comunicado de la presidencia de la asamblea salió al quite de las críticas:
Bolívar dispondrá de recursos frescos para que la Fuerza Pública pueda defender la vida y bienes de la ciudadanía, gracias a la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana aprobada por la Asamblea Departamental.
Además, la falacia de Turbay es descarada, cuando el comunicado dice:
Los positivos resultados de esta medida en Departamentos como Atlántico, Magdalena o Valle del Cauca, donde se viene aplicando desde 2012, son un referente para incorporar esta actualización legal en Bolívar.
¡No es cierto! No hay resultados positivos para esos departamentos. El cobro de ese impuesto es un referente de corrupción. Se enriquecen los secretarios del Interior y los dueños de los contratos financiados con los recursos de la tasa de seguridad ciudadana
Es evidente que en Barranquilla la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes pasó de 23,2 en 2020 a 26,1 en 2022. En Santa Marta de 23,6 pasó a 35,1. En Cali de 47,7 a 43,4. Respecto a Cartagena, de 20,4 pasó a 33,9, la más alta de toda la historia de la ciudad. Pero si la comparamos con ciudades donde no se cobra la tasa de seguridad, la diferencia es abismal. Por ejemplo, Bogotá. La tasa de homicidios en 2020 era de 13,3 pasó en 2022 a 12,8. No solamente es una de las más baja sino que la bajó aun más sin necesidad de cobrarle una tasa adicional en la factura de los recibos de energía eléctrica de los usuarios. O sea, que el argumento de los diputados de Bolívar es embustero y tramposo, como efectivamente lo denuncia el veedor Alcides Arrieta.
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