Justicia Especial de Paz (JEP) deberá compulsar copia a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su ministro del Interior,Fernando londoño, sean investigados por concierto para delinquir y homicidio agravado por el secuestro y muerte del alcalde de El Roble Eudaldo León (Tito) Díaz Salgado. En tanto que, en una reacción tardía, el exmandatario presentó hoy denuncia penal por injuria y calumnia agravada contra el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso Gómez.
Podría interpretarse esa acción de Uribe como una instrumentación legal para seguir blindándose. Pretende consolidar el fracaso de una justicia ordinaria que es incapaz de procesar objetivamente a Uribe y Los intocables, empresarios que financiaron y se enriquecieron con la industrialización del horror paramilitar.
Con esa denuncia, Uribe, el principal intocable, busca restarle credibilidad a las acusaciones por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad como el secuestro y asesinato del alcalde de El Roble. Ante esas gravísimas acusaciones, la JEP deberá compulsar copia en los próximos días a la Corte Suprema de Justicia para que investigue a Uribe y su ministro del Interior de 2003, Fernando Londoño Hoyos.
¿Cuándo la Jep compulsará copia?
Si el presidente Uribe y, se entiende su ministro del Interior, desmontaron en febrero de 2003 el esquema de seguridad del alcalde de El Roble sin ninguna justificación, lo pusieron en bandeja de plata para que los paramilitares de Mancuso lo secuestraran y luego lo mataran. El testimonio del exjefe paramilitar es contundente para avocar dicha investigación. Se espera que en los próximos días la JEP compulse copia para que el expresidente Uribe y el exministro Londoño sean procesados por este delito de lesa humanidad.
Como se recordará, el exjefe paramilitar acusó a Los Intocables de acciones criminales contra la población civil en el marco de la audiencia única de aporte a la verdad sobre el conflicto armado colombiano
Esa audiencia la realizó el tribunal de Justicia Especial de Paz (JEP) en Montería los días 10 y 11, 15 y 16 de mayo de 2023. Salvatore Mancuso se conectó virtualmente desde un centro de reclusión de migrantes en Georgia, Estados Unidos. Luego de la audiencia, aportó mayor información y pruebas para ampliar los hallazgos establecidos en 18 años por Justicia y Paz y la justicia ordinaria. Esto le permitió ser aceptado en la JEP.
En el caso del secuestro y muerte del alcalde de El Roble, las evidencias de sus autores intelectuales conducen al presidente Álvaro Uribe y a su ministro de Gobierno Fernando Londoño. La declaración del gobernador de Sucre, Salvador Arana, único de los autores intelectuales condenados por ese crimen, es clave. Y es que el alcalde anunció su propia muerte el 2 de febrero de 2003 donde estaban sus victimarios. Allí el presidente Uribe y sus.ministros presidían el Consejo Comunitario. Alli estaba el gobernador de Sucre el único de ellos que admitió su culpa sobre este asesinato.
¿Quiénes son Los Intocables?
En la campaña militar contra la población civil realizada por las AUC, según Mancuso, obedeció a una estrategia contrainsurgente de castigo ordenada desde la cúpula del ejército. El pretexto era que respaldaban a los grupos guerrilleros. La guerra fue agenciada por el Estado a través de sus fuerzas militares. Actuaron como bisagra. Según dijo, no hubo una operación que se hiciera sin la participación de las fuerzas del Estado. Mencionó nombres propios. Todas fueron operaciones que terminaron con masacres y desplazamiento forzado de poblaciones enteras.
Esas acciones criminales contaron con el apoyo de empresarios que se enriquecieron con el despojo de tierras y bienes de las víctimas. Mancuso declaró que sus paramilitares junto al ejército iban adelante masacrando y desplazando. Atrás llegaban Los Intocables que repoblaban esos pueblos despoblados y se apoderaban de sus tierras. La lista de empresarios que apoyaron estos crímenes es larga. Ya en Justicia y Paz, Mancuso mencionó específicamente a 9 empresarios que participaron en la financiación y operación paramilitar en Atlántico, Magdalena, La Guajira y Cesar.
Entre ellos, mencionó al palmicultor y ganadero Jorge Gnecco Cerchar, asesinado el 11 de agosto de 2001. Al principal accionista del matadero Camagüey, Rafael Matera Lajud, a quien se le abrió recientemente el radicado No 218263 por el delito de homicidio agravado. Su socio, el palmicultor y ganadero Alfonso Macías Vargas, quien actuó al lado de su hijo Alfonso Macías. El palmicultor Darío Laíno Scopetta, alias «Ojitos azules». Este último, es el único que está condenado y detrás de las rejas. (Lea la serie Los Intocables).
Fracasó la Fiscalía frente a Uribe y Los Intocables
La existencia de Los Intocables es un indicador del fracaso de la Fiscalía, como se dijo, para investigar las compulsas de copia de Justicia y Paz desde 2007 cuando se comenzaron a recibir las versiones de los jefes paramilitares. En la audiencia de la JEP de mayo, Mancuso hizo énfasis de que élites políticas regionales y nacionales se acercaron a él para solicitarle que crearan nuevos bloques paramilitares. Por ejemplo, mencionó al empresario, William Vélez Sierra, el zar de la basura. Reconoció que el Bloque Capital se creó al concertarse los paramilitares con el director y socio de El Tiempo (1997), Francisco Pacho Santos, quien fuera vicepresidente de Uribe. Y la Fiscalía callada desde 2009.
En aquel momento, siendo fiscal Mario Germán Iguarán Arana (1960), abogado y académico, ocupó el cargo desde el 1 de agosto de 2005 hasta el 31 de julio de 2009. No hizo nada significativo para juzgar a Los Intocables. Siguió el mismo comportamiento cómplice del fiscal Luis Camilo Osorio, quien se puso del lado de los victimarios. Fue el fiscal de los paramilitares. Así Pacho Santos pasó a ser parte de esta lista de empresarios, políticos y militares que llevan el estigma de ser promotores y financiadores de los horrores del paramilitarismo.
El exjefe paramilitar incluyó al presidente de Fedegan, Jorge Visbal Martelo. Se recuerda que Álvaro Uribe lo nombró embajador de Canadá a través del decreto No 2239 del 13 de julio de 2004. Uribe dijo en ese entonces:
“Al frente de este gremio, Visbal se ha caracterizado por su fuerte postura y declaraciones en contra de los actores violentos que han atacado, secuestrado y extorsionado a los ganaderos.
Decreto No 2239 del 13 de julio de 2004
Asimismo, Mancuso mencionó a otro hombre clave en el gobierno de Uribe. Se trata del presidente de Fenalco, Sabas Pretel de la Vega, ministro del Interior en reemplazo de Fernando Londoño Hoyos. Este es uno de los gremios muy importante para la economía nacional. Esto explicaría la impunidad que reinó durante y después de estos horrores de la guerra. Mentó también el apoyo recibido por los integrantes de la familia Gnecco en el Departamento del Cesar. Una familia vinculada a la guerra y a la actividad ilícita paramilitar y a la mafia del narcotráfico.
La acusación de Mancuso contra Uribe y Los intocables
En el caso particular de la denuncia sobre el secuestro y posterior asesinato de Tito Díaz, Mancuso dijo que simplemente el presidente Uribe se encargó de que en febrero le quitaran su esquema de seguridad y nosotros lo secuestramos y lo matamos en abril. En efecto, el alcalde desapareció el 5 de abril, y su cadáver fue hallado el 12 de ese mes de 2003.
La Corte Suprema de Justicia sentenció a Salvador Arana Sus a 480 meses de prisión por ese crimen. Los delitos que le imputaron: desaparición forzada agravada, homicidio agravado y coautor del delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley. Posteriormente, Arana Sus, solicitó inclusión en la JEP donde reconoció ser uno de los autores intelectuales del asesinato de Tito Díaz.
El presidente Uribe protegió a Arana cuando este dejó de ser gobernador. Lo nombró embajador para garantizarle inmunidad e impunidad. Pero, a diferencia de la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia fue implacable.
Con las declaraciones de Salvatore Mancuso queda evidenciado que el execrable homicidio de Tito Díaz fue un crimen de Estado. Y hay una evidencia directa que compromete al presidente de ese entonces, Álvaro Uribe Vélez.
En la próxima entrega: Todos los caminos conducen a Uribe.