El hurto y contrabando de gasolina tiene un gran impacto en la economía de la región Caribe. Lo peculiar es que las autoridades regionales y locales se hacen de la vista gorda para controlar este flagelo. Es el caso del alcalde de Lorica, Córdoba, Jorge Isaac Negrete López (2020-2023), que permite la venta ilegal de combustibles en su jurisdicción. Por omisión (¿deliberada?), una de las dos estaciones de gasolina, que la Sijin las había cerrado por ilegales, la reabrieron nuevamente violentando el sello de cierre. Este fue impuesto por la Policía después que agentes de la Sijin verificaran que ninguna de ellas cumplía con la normatividad vigente. Es decir, que son reincidentes.
VoxPopuli Digital para comprobar dichas denuncias hechas por las comunidades, se desplazó hasta el sitio donde funcionan las dos estaciones cerradas. Una afiliada a Terpel y la otra a Ecospetroleo. hizo una visita ocular. Se pudo constar que ambas estaban funcionando como si nada hubiese pasado. Es el caso, por ejemplo, de la estación de gasolina denominada San Miguel con NIT No 16.677.512-3, afiliada a Ecospetroleo. Estaba abierta y despachando combustible. Esa visita la practicamos varios días a partir del 7 de septiembre de 2023.
Te sugerimos: ¿Se corchó Petro con el sacrifico de Carolina? I
El alcalde Negrete se niega a hablar
Llama la atención que uno de los hechos sospechosos que pudimos constatar en dicha visita periodística, fue la conducta displicente, omisa y altanera con que se recibieron a los periodistas. Se solicitó muy amablemente hablar con el alcalde con el fin de que explicara lo que sucedía, tomando en cuenta que es la primera autoridad del territorio. No puede permitir la venta ilegal de combustible, mucho menos cuando se le notificó de esa situación. La policía le compulsó copia del acta de cierre de las dos estaciones y tenemos la evidencia que sí la tenían, pero no hicieron nada para denunciar ante la Fiscalía, el ministerio de Minas y Energía, y otras autoridades, dicha irregularidad.
Contraria a la explicación que la ciudadanía espera, hubo una especie de contubernio con los mismos infractores de la ley. En la alcaldía nos dijeron que el secretario de Gobierno municipal, Bladimir Negrete Arrazola nos iba a atender. Pero el funcionario, supuestamente, desconocía la actuación de las autoridades y no sabía de lo que estábamos preguntando.
Sin embargo, una fuente informó a VoxPopuli Digital que el 23 de mayo de 2023, la Policía Nacional le entregó copia del acta de cierre de esas estaciones al despacho del alcalde Negrete López y a la misma secretaría de gobierno. En esa acta, que VoxPopuli Digital publica, consta la situación de irregularidad de esas estaciones de gasolina. Una en el mismo casco urbano del municipio de Lorica y la otra en la vereda San Miguel a nombre de Edison Pérez Ramírez.
Mientras intentábamos hablar con el secretario de Gobierno, el alcalde aprovechó la oportunidad y se fue sin responder a los periodistas que estuvimos en ese municipio constatando la venta ilegal de gasolina, tal y cual se comprobó con el informe de la Sijin.
Venta ilegal de combustibles
El pasado 23 de mayo de 2023, la Sijin practicó una visita a la estación de gasolina donde se comprobó que estaba funcionando sin el lleno de requisitos. La inspección fue atendida por Edison Pérez Ramírez.
Lo primero que hicieron los agentes de policía del departamento de Hidrocarburos fue solicitarle la documentación requerida para el funcionamiento de la estación de servicio. El decreto 1073 de 2015 del ministerio de Minas y Energía indica que toda persona natural o jurídica que se encuentre interesada en ejercer la actividad de distribuidor minorista de combustibles líquidos derivados del petróleo deberá obtener, previamente, autorización
de ese ente.
Sin registro CICOM
Sin embargo, el ciudadano Édison Pérez Ramírez manifestó que carecía dicha autorización. Lo que quiere decir, que pudo estar violando el artículo 327-D del Código Penal que penaliza la destinación ilegal de combustible.
El que sin autorización legal venda, ofrezca, distribuya o comercialice a cualquier título combustibles líquidos amparados mediante el artículo 1o de la Ley 681 de 2001 o las normas que lo modifiquen, aclaren o adicionen, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de mil (1.000) a seis mil (6.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Ante ese hecho probatorio, los agentes de la Sijin cerraron de inmediato la estación San Miguel y le impusieron el sello respectivo. Pero a los pocos días la abrieron y en forma reincidente siguieron vendiendo combustible en forma ilegal y, al parecer, resultado del robo continuado.
“El hidrocarburo (para la venta) no cuenta con original y copia de la guía única de transporte terrestre de combustible por lo que se procede a realizar el procedimiento de incautación quedando en custodia del señor Edison Pérez Ramírez, en las instalaciones de la estación de servicio automotriz”.
Acta de incautación y cierre de la estación de gasolina San Miguel.
Transporte y venta ilegal de combustibles
VoxPopuli Digital hizo un seguimiento a uno de los camiones usados, al parecer, para el transporte de gasolina sin el respectivo permiso del CICOM. Por tanto, carece de la autorización respectiva violando el Código Penal, ya que no aparece en el CICOM. Este camión, cuya fotografía publicamos, está identificado con las placas kEE-258, el cual lo encontramos al lado de una de las estaciones de gasolina que habían cerrado por no tener la documentación reglamentaria y que también sigue funcionando.
Cualquier medio de transporte de combustible sin la guía respectiva es ilegal de todo punto de vista. En tanto que la cisterna debe reunir una serie de condiciones necesarias para su uso. Especialmente deben tener un registro en el CICOM. Así se define la seguridad del servicio, pero también su trazabilidad, el origen y destino de los combustibles. Estas son medidas para evitar la distribución ilegal de combustibles y controlar el robo continuado de ellos.
En la próxima entrega revelaremos cómo es el entramado para la comercialización de combustibles distribuidos ilegalmente con el apoyo de las mismas autoridades civiles.