Si la audiencia pública de Rodrigo Tovar Pupo se transformó en la segunda temporada de «Yo me llamo Jorge 40», ¿cómo será la audiencia reservada de febrero? En realidad, es un embustero en la JEP que jamás dirá la verdad.
Desde la perspectiva de las víctimas, el compareciente minó la confianza de la sociedad. Por tanto, no merece el perdón social que pregona el nuevo gobierno. La audiencia fue dolorosa y frustrante. Dolorosa, porque indica la vieja pretensión de seguir callando la verdad sobre los grandes crímenes agenciados por agentes del Estado y grandes empresarios. Frustrante, porque causa una sensación de desesperanza para más de 8 millones de víctimas del conflicto armado que anhelan verdad, justicia, reparación y, sobre todo, no repetición.
No hubo un solo aporte a la verdad para demostrar que Rodrigo Tovar Pupo fue agente estatal tipo bisagra. Tampoco mostró hechos que se definan como patrones macrocriminales conjuntos con la fuerza pública, tal como lo exige el Auto TP-SA 1187 de 2022 de la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz que revocó el auto de primera instancia proferido por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Lo más frustrante fue el hecho de que uno de los animadores de la comparecencia del genocida es el Comisionado Nacional de Paz, Danilo Rueda Rodríguez. En suma, fue el show de «Yo me llamo Jorge 40», pero en la temporada de la Paz Total y de su «perdón social».
«Yo me llamo Jorge 40» o la ventanilla siniestra
Si bien la audiencia fue frustrante para las víctimas y la sociedad, reflejó lo que podría significar la Paz Total si aceptan a Tovar Pupo en la justicia transicional escondiendo la verdad y olvidando la justicia. Como la propuesta presidencial busca el perdón social de los victimarios, la ausencia de verdad y de justicia sin redimir a los ocho millones de víctimas, condenaría la propuesta gubernamental en una nueva ventanilla siniestra para lavar los crímenes de lesa humanidad de los genocidas.
El perdón social pregonado en el discurso electoral del actual presidente le podría abrir la ventana a la imposibilidad de hallar la verdad y la justicia a crímenes pluriofensivos contra la humanidad. Así no se aliviaría el dolor profundo de las víctimas del conflicto armado colombiano. Tampoco podría haber perdón social. Sería un imposible categórico. (Lea: El «perdón social», ¿una cagada que le podría costar la presidencia a Petro?).
En ese análisis referenciado, publicado el 18 de abril de 2022, dimos cuenta de la imposibilidad de perdonar como un compromiso político con los victimarios, ya que caeríamos en un entrampamiento moral:
Además, debemos sustraer el perdón del debate electoral como propuesta programática, ya que corremos el riesgo de romper los límites morales. Este enfoque lo hacemos desde la filosofía aplicada como ética de la conducta.
No obstante, Danilo Rueda, quien estaba detrás de Juan Fernando Petro, hermano del hoy presidente Gustavo Petro, visitando las cárceles del país, pareciera que estuviera cumpoliendo el Pacto de la Picota.
«Yo me llamo Jorge 40» y el olvido
En los dos días de la audiencia, Rodrigo Tovar Pupo sufrió de amnesia política. Construyó un contexto inexistente. Dijo que el Estado los tenía olvidado y por eso se levantaron para defenderse. ¿Los tenía olvidado? No es cierto. La gobernación y las alcaldías del Cesar pertenecían a los políticos de su calaña. Los Pupo eran parte de la élite de Valledupar. Cínicamente admitió ante la JEP que tenía a un familiar en la política antes de entrar a las autodefensas.
Pero, la verdad es que la familia Pupo era codueña del Cesar. Edgardo Pupo Pupo, tío de Rodrigo Tovar Pupo, estuvo entre los fundadores del departamento. El presidente Belisario Betancur lo nombró gobernador del Cesar en 1982. Pupo Pupo apadrinó políticamente a su sobrino, hasta el punto que fue director de Pesas y Medidas cuando Rodolfo Campo Soto fuera alcalde de Valledupar. Campo Soto era tío de Alfonso Campo Martínez, quien fuera director de la UNP cuando su amigo Rodrigo Tovar Jr. (hoy parlamentario) era director de Víctimas del Ministerio del Interior. Los esquemas de seguridad lo definían en un CERREM dirigido por los victimarios. ¿Se entiende por qué Soto Martínez me degradó el esquema de seguridad que tenía cuando comencé a publicar sobre el retorno de su socio «Jorge 40»?
El verdadero contexto
En la segunda mitad de la década del 80, la situación social y económica del Cesar era complicada. Venía de una crisis del campo que se profundizó a finales de los 70 con la caída internacional de los precios de algodón. Codazzi (Cesar) era la capital del «oro blanco», como se le decía en aquellos tiempos. De 120 mil hectáreas en 1970 pasó a 25 mil en 1983. Más de 30 mil trabajadores quedaron sin sustento. Los que capitalizaron la bonanza algodenera se transformaron en grandes ganaderos y otros invirtieron dinero en la bonanza marimbera. (Ver el libro de Fernando Bernal Castillo).
En 1985 comienzan a tomar fuerza los núcleos del ELN en nororiente colombiano. En la Serranía del Perijá nace el frente «José Manuel Martínez Quiroz» en honor al abogado asesinado en 1978 por la organización paramilitar Triple A. En la Sierra Nevada, surge el frente «6 de diciembre» en memoria a la masacre de Las Bananeras.
Junio de 1987, “El pueblo habla, el pueblo manda” en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Cesar y Arauca. Se movilizaron 30 mil campesinos y hubo varias tomas de ciudades. Fue el punto de inflexión de la protesta campesina que se transformó en lucha política y en una fuerza de influencia guerrillera. Las marchas y tomas campesinas de las principales ciudades de la Costa Caribe anunciaron un nuevo ascenso de la lucha política. Por ejemplo, se tomaron la plaza Alfonso López de valledupar por un mes.
Pero, una década más tarde (1997) se consolidó un nuevo actor de la guerra fratricida para detener la influencia subversiva en el campo: las Autodefensas Unidas de Colombia. (El «efecto teflón»: Petro subió y «Fico» bajó, según nueva encuesta de CNC).
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La JEP frente a la farsa
En suma, Tovar Pupo no cumplió con el auto que citó a esa audiencia única que debió ser de verdad plena. Los aportes a la verdad no fueron efectivos.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas programará una audiencia única de verdad plena para recibir, en presencia de las víctimas y del Ministerio Público, todos los aportes efectivos y completos que Tovar Pupo está llamado a hacer. En especial, aquellos dirigidos a demostrar que, en el marco de una posible incorporación funcional y material a la fuerza pública, él asumió el papel de bisagra o punto de conexión entre el Estado y el Bloque Norte de las AUC, y asimismo asumió máxima responsabilidad en la comisión de patrones macrocriminales conjuntos con la fuerza pública, como líder del grupo paramilitar».
Frente a la farsa «Yo me llamo Jorge 40», ¿qué esperan las víctimas de la JEP? Justicia. ¿Podrían llamar a declarar a aquellos jefes paramilitares que tienen la otra verdad que no quiere cantar Rodrigo Tovar Pupo, quien sigue llamándose «Yo me llamo Jorge 40»? Este es un criminal que tiene entre pecho y espalda más de 3 mil muertos y 700 mil desplazados.