«¡No somos terroristas! ¡Queremos trabajar!», gritaron los mototrabajadores en Cartagena. Les exigen al alcalde William Dau Chamat el respeto por el derecho al trabajo y a la confianza legítima.
La marcha fue organizada por el Comité Antidecreto, la CGT y otras organizaciones ciudadanas de trabajadores. Contó con la asistencia de funcionarios de la Defensoría del Pueblo y la policía no sacó al ESMAD y tampoco a la armada como lo hizo el pasado 28 de febrero. En esa oportunidad las autoridades le dieron un tratamiento de guerra y los calificó de terroristas desde la víspera de esa protesta.
Como dato curioso, esta protesta delos mototrabajadores no cuenta con el apoyo de la CUT ni de los sindicatos influenciados por la izquierda y los alternativos de Cartagena. El Pacto Histórico, el MOIR (Dignidad) y toda la izquierda -junto con la extrema derecha- son aliados de la administración William Dau. Sus dirigentes disfrutan de 300 órdenes de servicios que tienen distribuidas en diferentes dependencias de la administración. Especialmente en la Secretaría del Interior del Distrito a cargo de Paola Pianeta, el PES, entre otras. Amén de los contratos con sus ONG. Es una izquierda vergonzante concentrada en sus propósitos electoreros.
Vea la protesta
A pesar de las solicitudes de líderes de este movimiento popular, las organizaciones sindicales de la CUT brillaron por su ausencia. Esto tiene una explicación. Las organizaciones del Pacto Histórico y de la Coalición de la Esperanza tienen acuerdos políticos con William Dau. Esas organizaciones dominan la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) seccional Bolívar. La secretaría del Interior la tiene el MOIR (Dignidad) en cabeza de Paola Pianeta quien reemplazó a David Múnera, líder de ese movimiento que apoyan a Jorge Enrique Robledo. Estos líderes de izquierda —que rodean a Dau Chamat— luchan más por su mínimo vital expresado en las millonarias órdenes de prestación de servicios (OPS) que por los derechos del pueblo.
La confianza legítima
Desde el punto de vista de la teoría de los derechos humanos aplicada al fenómeno del mototaxismo, podemos decir que existe una tensión entre el interés particular y el interés general. Por otro lado, una contradicción entre el derecho al trabajo y a la igualdad de los propietarios y trabajadores del mototaxismo y la necesidad de ordenar y organizar la movilidad de esos medios de transporte privado por parte del Estado.
Sobre la legítima confianza pueden consultar la sentencia de la Corte Constitucional No T-067-17.
La confianza legítima que desarrollan los particulares frente a las actuaciones del Estado deviene de la potestad que tienen las personas de presumir que, si se les ha tolerado una conducta abierta, permanente, pacífica y continua, se lo va a seguir haciendo hacia el futuro. Ese principio no implica que el Estado no pueda nunca regularizar una situación irregular, pero sí tiene como consecuencia que al hacerlo no actúe de improvisto y sin haber dado aviso previo suficiente.
Entonces, la confianza legítima no implica que el Estado no deba organizar y regularizar el mototaxismo. Por el contrario, debe hacerlo planificada y concertadamente, porqque de lo contrario tendría consecuencias.
En ese sentido, contra ese precepto, el gobierno distrital emitió una serie de medidas (Decreto No 0279 del 25 de febrero de 2022) resumidas en los decretos que limitan la movilidad de esos vehículos. Tales medidas ponen en desventaja a los propietarios de esos vehículos con los de otros vehículos. Son medidas que trascienden la legislación y la constitución. (Leer: ¡Militarizada Cartagena!).
El mínimo vital
Asimismo, debemos decir que los derechos fundamentales a la igualdad y al mínimo vital se violan con las medidas adoptadas por William Dau Chamat. Paola Pianeta, quien fuera defensora de los derechos humanos, sabe perfectamente, que esas medidas rompen con la constitución y la legalidad.
Debemos recordar que el mototaxismo es una actividad económica ilegal al prestar el servicio público de transporte en altas condiciones de inseguridad. Es, además, una forma de trabajo informal que garantiza el mínimo vital de miles de familias en Cartagena. No tiene regulación, porque no podría ser elevado a la modalidad de un transporte público. Aunque los decretos lo emitan, terminan por ser desbordados por la alta demanda de este servicio entre las capas populares. Pero también suplenlas deficiencias del transporte urbano.
Si el mototaxismo le garantiza a muchos el mínimo vital, la administración distrital debe abstenerse de adoptar tales medidas si no gozan de la concertación debida con los directamente afectados.
¡Queremos trabajar!
¡Queremos trabajar! Fue el grito de miles de mototrabajares salieron a protestar en sus vehículos. Otros fueron a pie. Muchos portaban banderitas de la CGT, central que ahora es más progresistas que los sindicatos dominados por los sectores políticos alternativos.
En consecuencia, en el día de hoy la movilidad se vio afectada, pero los accionantes no afectaron la avenida Pedro de Heredia ni tampoco obstruyeron la ruta de Transcaribe.
Esta nueva protesta de los mototrabajadores no propone dos elementos. Lo primero que toda medida para ponerle orden al transporte a través de la moto debe respetar el derecho fundamental a la igualdad. Lo segundo, que si la medida va en contra del mototaxismo, podría afectar el derecho al mínimo vital de miles de familias de Cartagena. Por tanto, cualquier medida debe ser concertada por el gremio de este sector de la ciudad.