El deslizamiento en la noche del 21 de enero de 2025 en las faldas del Cerro de la Popa, barrio Paseo Bolívar, en Loma Fresca, es solo un campanazo de advertencia. El desastre que vendría después, con todas las zonas vulnerables de Cartagena, es muy previsible. Puesto que sin un Mapa de Riesgo actualizado, sin un expediente urbano y sin planeación y gestión para el logro de compromisos adquiridos, como partes de un POT sostenible, los desastres naturales se multiplicarían.
Sin un POT sostenible, la Popa se caerá. Lo demás son pañitos de agua tibia para una enfermedad más profunda que la mera fiebre. La declaratoria de calamidad pública de la administración distrital debe implementar de inmediato el Plan de Recuperación de La Popa ordenado por los jueces en primera y segunda instancia.
Como se dijo en la entrega anterior, en la primera etapa del proceso de reordenamiento urbano del nuevo POT, no se consolidó el Expediente Territorial. Tampoco el documento de Seguimiento y Evaluación. En el 2023 el Distrito diagnosticó que los compromisos adquiridos por Planeación Distrital no los cumple, ya sea por negligencia o por falta de capacidad técnica del talento humano que está al frente de esos procesos de gestión.
Uno de los factores que se identificó en una matriz DOFA del Distrito, es la insuficiencia de recurso humano y financiero para atender toda la problemática del territorio.
Distrito no cumple
Como un ejemplo de ello, por iniciativa del concejal de ese entonces, César Pión González, el concejo de Cartagena aprobó el acuerdo No 014 de 2015 mediante el cual se nombró una Comisión de Seguimiento del Cerro de la Popa. Diez años después, sigue siendo una venia a la bandera.
Otro ejemplo es la Acción Popular para la protección de La Popa. En el 2021 y 2022, VoxPopuli Digital le hizo un seguimiento y acompañamiento a este proceso judicial para que el alcalde de la época, William Dau Chamat y su director del EPA, Javier Mouthón, cumplieran con las órdenes de primera y segunda instancia de los jueces. Olímpicamente, se pasaron por la faja esas órdenes, porque los jueces no son claros, precisos en sus órdenes para evitar ambages.
En 2021, VoxPopuli Digital denunció la tala indiscriminada ordenada por el alcalde William Dau Chamat y el director del EPA en el sector de Loma Fresca del Cerro de La Popa. Advirtió que se podrían producir deslizamientos. Pero el burgomaestre no escuchó y siguió con la tala. Hoy, 23 familias deben soportar la mediocridad y terquedad de los mandatarios.
La alerta de VoxPopuli con Loma Fresca en 2021
En 2021, VoxPopuli Digital publicó en su entrega titulada: (pique) «Arresto por embustero al alcalde en el Caso La Popa» por desacato de una Acción Popular impulsada por ECOPOPA y coadyuvada por VoxPopuli Digital en el proceso de concientización ciudadana.
En vez de realizar el Plan de Recuperación del Cerro de La Popa, el alcalde William Dau y el director del EPA, Javier Mouthón, ordenaron una tala indiscriminada en el sector de Loma Fresca. Rafael Zuñiga, director de ECOPOPA, dijo en ese entonces que los habitantes de las faldas de Loma Fresca se debían encomendar a Dios. Cuatro años después se produjo el deslizamiento donde ahora está un PMU, liderado por Dumek Turbay.
Plan de Recuperación del Cerro de La Popa
«Los representantes del alcalde como el director del EPA, Javier Mouthón, fueron incapaces de cumplir con la orden judicial impartida el 22 de febrero de 2017 por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito y confirmada por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia de segunda instancia del 15 de mayo de 2018. Si bien Pedrito Pereira era el alcalde y debió poner en marcha el Plan de Recuperación, a William Dau le correspondía, ya que le fue notificado en el proceso de empalme realizado en 2019».
Cuatro año después, Camilo Rey Sabogal, no movió una paja durante 2024 para cumplir con esa orden judicial de Plan de Recuperación del Cerro de La Popa.
La engavetada del POT sostenible
Cuando Dumek Turbay Paz inició la administración, inexplicablemente, la dirección del POT ―bajo la mirada complaciente del Secretario de Planeación Distrital, Camilo Rey Sabogal― engavetó el proyecto de decreto elaborado por el asesor jurídico del POT.
El proyecto de Decreto en su parte de motivo dice
«Por medio del cual y con el propósito de restablecer el debido proceso pretermitido por la anterior administración Distrital e imprimirle el mayor grado de seguridad y certeza jurídica a la revisión y ajuste del proceso de actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que emprenderá la nueva administración (…)».
Igualmente, puntualiza sus objetivos:
«(…) se establecen medidas de corrección, saneamiento legal y constitucional de los procedimientos y resultados de cada una de las etapas adelantadas fallidamente por la pasada administración Distrital en la revisión, ajuste y actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.»
Lo fundamental de la participación
Desde esta perspectiva, el POT, como negocio social, solo será exitoso si todos los actores del territorio participan activa y efectivamente en su construcción y ejecución. Pero, ni siquiera con orden judicial, la participación efectiva la tienen en cuenta, como es el caso de La Popa.
Esto significa que el proceso debe garantizar un equilibrio entre los intereses económicos, sociales y ambientales. Esto lo garantiza una participación efectiva. O sea, que tenga resultados.
- Los grupos económicos deben ser integrados no solo como inversionistas, sino también como responsables de garantizar que sus proyectos sean sostenibles, inclusivos y respetuosos con las dinámicas sociales y ambientales del territorio. Por ejemplo, un proyecto de infraestructura debe prever su impacto en las comunidades vecinas y en los ecosistemas locales, y comprometerse a mitigarlo de manera efectiva.
- Los actores populares, por su parte, necesitan espacios reales de participación donde sus voces sean escuchadas y sus necesidades sean incluidas en el diagnóstico y la formulación del POT. Esto implica reconocerlos no solo como beneficiarios, sino como protagonistas activos en la planificación y el desarrollo del territorio.
- El territorio como espacio de integración social y económica debe ser entendido en su complejidad. No se trata únicamente de suelo urbanizable. ¡Atención! el territorio es un sistema vivo, compuesto por ecosistemas, dinámicas sociales, flujos económicos y relaciones culturales que deben ser armonizados en un modelo de desarrollo sostenible.
- La rentabilidad social y ambiental es el objetivo final. Un POT bien diseñado no solo genera beneficios económicos, sino que también mejora la calidad de vida de la población, reduce las desigualdades, fortalece las instituciones y protege los recursos naturales de la ciudad.
POT sostenible
El problema con el POT de Cartagena es que el equilibrio social, ambiental y económico no se está logrando. La ausencia de un expediente urbano robusto, la falta de recursos y representación en el Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial, y la simulación de participación ciudadana reflejan un proceso que privilegia los intereses económicos de unos pocos, mientras se ignoran las necesidades de las mayorías.
Sin un diagnóstico real, que incorpora las perspectivas de todos los actores del territorio, no se puede garantizar que el POT cumpla con sus fines sociales, ambientales y económicos. Actualmente, la planificación está marcada por una visión sesgada que prioriza los grandes proyectos de infraestructura y la especulación del suelo, dejando de lado a los sectores más vulnerables y marginados.
Precisamente, voces autorizadas han insistido en la necesidad de construir actualizada e integralmente el expediente territorial como una herramienta clave para consolidar, analizar y estructurar información sobre:
- Dimensiones ecológica, social, económica, cultural, institucional y espacial.
- Inventarios de recursos naturales y servicios ecosistémicos.
- Diagnósticos de infraestructura, movilidad, riesgos y servicios públicos.
- Datos poblacionales desagregados por territorio, vulnerabilidades y capacidades.
Un modelo territorial armónico
La transición de Cartagena hacia un modelo de sincronización territorial depende críticamente de la creación y actualización del expediente territorial. Este procedimiento, aunque laborioso, permitirá a la ciudad tomar decisiones informadas y sostenibles para la revisión y ajuste del POT, promoviendo el reordenamiento integral del territorio y elevando la calidad de vida de sus habitantes
Sin ésta información codificada del territorio resulta imposible la sincronización de la estructura multidimensional del territorio y lograr un enfoque integral en el manejo y ordenamiento de un espacio geográfico que reconoce e interrelaciona sus diferentes dimensiones. Dimensiones que incluyen lo ecológico, social, económico, cultural, institucional, y jurídico, así como los flujos y dinámicas que interconectan estas capas.
El POT como Proyecto Democrático
El POT no es simplemente un plan técnico ni una oportunidad de negocio para unos pocos. Es, o debería ser, un proyecto profundamente democrático, en el que todos los actores del territorio tengan una oportunidad real de participar y beneficiarse.
Vale decir que Bogotá y Cartagena son las ciudades más desiguales de Colombia, según el DANE (Aquí). La primera demoró 10 años para hacer un reordenamiento. Pero Cartagena presenta desafíos importantes, que solo se superan con una visión de ciudad sostenible y resiliente que permita un modelo de desarrollo urbano centrado en el ser humano.
Cartagena ―con el nuevo POT― en teoría resolvería grandes desequilibrios sociales y económicos que arrastra en el siglo 21. Pero, por lo que hemos mostrado en esta serie de VoxPopuli Digital, esta administración está desperdiciando el tiempo y los recursos que Dau también perdió.
Al oído del alcalde
Se quiere que a Cartagena y al alcalde les vaya bien. Que no fracase en el intento de dotar al territorio local de una brújula que oriente el desarrollo urbano. Por ende, se necesita un timonazo que cambie el curso patológico del POT. Se anhela una Superciudad centrada en el ser humano y no en los negocios y en la cultura del cemento. El distrito debe definir el modelo de ciudad que quiere la ciudadanía. Esto es sano para los grandes como para los pequeños propietarios. O aquellos que no tienen vivienda.
Sin sesgos ideológicos o de intereses individuales, el alcalde está obligado constitucional y legalmente a escuchar las voces de los sectores más desprotegidos de la sociedad cartagenera. Estas voces, como representantes del Consejo Consultivo de ordenamiento Territorial (CCOT), exigen corregir los errores insubsanables de la anterior administración. O sea, debe corregir ahora para agilizar, aligerar y blindar el próximo POT.
El proyecto de POT y participación efectiva
Contrario a lo esperado, si el alcalde no se coloca en posición de autocrítica y rectificación, la primera fase del POT fácilmente quedaría expuesta a una demanda ante lo contencioso con medida cautelar. Y se tendría que comenzar de nuevo. La ciudad necesita con urgencia un reordenamiento territorial que dignifique a la población empoderada con su territorio.
El objetivo no era otro, que el de lograr un POT idóneo, legal y legítimo que prometió en campaña el entonces candidato Dumk Turbay. En contravía, decidieron continuar con los mismos errores insubsanables de la administración anterior de William Dau Chamat constatados en la comisión de empalme de diciembre de 2023. De esta manera, la administración perdió su primer año para concebir un reordenamiento territorial sostenible y democrático, conforme a la Constitución y la ley.
Lo extraño es que Juan Correa, Camilo Rey Sabogal y Robinson Rada en el 2023 fueron calificados por la administración de William Dau como «francotiradores del POT». Ellos fueron fustigados por el solo hecho de cuestionar lo que hoy VoxPopuli Digital está planteando con algunos expertos, como el mismo Robinson Rada González.
En consecuencia, la prensa ―que hace un periodismo investigativo y analítico― tiene el deber de impulsar el debate para que la actualización del POT sea una oportunidad que corrija los desequilibrios que se detectaron en la revisión y seguimiento que se publica en este medio.
El proyecto de POT, el autor
Por tanto, se propone un ajuste en consonancia con los principios de transparencia, de equidad y de participación. El POT no puede estar guiado por las expectativas de los macro negocios de los grandes propietarios de la ciudad que buscan especular con el cambio de uso del suelo.
El saliente director del POT, Juan Correa Reyes, hace un año enroló en su equipo de asesores al urbanista Robinson Rada González. El también experto en desarrollo territorial, le acompañó en la comisión de empalme haciendo una evaluación del recorrido hecho por el equipo técnico de Dau. Una de sus tareas fue proyectar un decreto de diseño del nuevo POT para corregir los errores insubsanables.
El urbanista y abogado cartagenero, defensor de los derechos de los trabajadores y pensionados del sector eléctrico, no claudicó en su propósito de entregarle a Cartagena sus aportes técnicos y jurídicos para un POT sostenible. Es el autor de este proyecto de decreto que se analiza y que el alcalde ―como abogado que es― debería leer con detenimiento.
Alcalde ¿Dónde está el proyecto de decreto?
La tarea la cumplió y entregó el proyecto de decreto para que el secretario de Planeación Distrital, Camilo Rey Sabogal, lo presentara al despacho del alcalde, Dumek Turbay Paz.
El principal objetivo del decreto era concebir un POT con las correcciones analizadas y socializadas con las comunidades organizadas. Puesto que la administración está obligada constitucional y legalmente a prevenir un daño antijurídico (art. 90 CP).
Pero en vez de darle el trámite correspondiente, la Secretaría de Planeación Distrital engavetó el proyecto. No explicó a nadie por qué y para qué lo hizo. Esta grave omisión tiene hoy el proceso de reordenamiento territorial de Dumek Turbay en un punto muerto. Entre más se tarde en corregirlo, más se aleja la posibilidad de tener POT en su administración.
Por tanto, el decreto se proyectó como una herramienta legal para que el alcalde, en cualquier momento anterior a la expedición del acto administrativo definitivo, de oficio o a petición de parte, corrigiera las irregularidades que se hayan presentado en la actuación administrativa.
Requisitos fundamentales
En ese sentido, el Decreto 1077 de 2015 y el Decreto 1232 de 2020 establecen tres (3) elementos sustanciales estructurantes que son obligatorios para la formación del documento de seguimiento y evaluación y el nacimiento a la vida jurídica como trámite administrativo válido.
Estos son: (i) Iniciar el proceso mediante el examen del expediente urbano distrital. (ii) Ejercer el seguimiento y evaluación con el acompañamiento y validación del Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial -CCOT. (iii) Demostrar que dicho ejercicio de evaluación se realizó con la inclusión de la participación ciudadana.
El proyecto de decreto señala que la actualización del POT:
«… debe ser el resultado de una construcción secuencial concatenada simbióticamente de principio a fin con la estructura tridimensional del territorio: ambiental, social y económica».
Proyecto de Decreto.
Lo anterior significa, que cada una de las etapas constituye una unidad funcional articulada e interconectada, reglada y aceptada por el cuerpo social en el acto administrativo que se tome para adoptar el Plan de Ordenamiento Territorial, Participativo y Democrático.
Irregularidades sin resolver
De hecho, el decreto del proyecto de POT, obliga tramitar cada una de las etapas conforme al derecho. Este trámite está debidamente reglado. La Secretaría de Planeación Distrital no tiene el material probatorio para demostrar que hasta ahora superó las irregularidades de orden sustancial y procedimental detectadas en el proceso de la anterior administración. Recordemos apenas cinco (5) de las 20 irregularidades detectadas:
- Violación del debido proceso ocasionada por la omisión de
participación ciudadana efectiva en cada una de sus etapas. No se trata de una mera socialización, como cree la administración. - Carencia absoluta de una “memoria justificativa” del proyecto POT. Se debe incluir de forma precisa la necesidad, la conveniencia y el propósito de las modificaciones que se pretenden efectuar. Se debe describir la evaluación técnica de sus impactos sobre el Plan de Ordenamiento vigente.
- Ausencia del Consejo Consultivo de Ordenamiento territorial (CCOT) en el acompañamiento y validación del expediente distrital y, por ende, en la redacción del documento de seguimiento y evaluación como fundamento del diagnóstico territorial.
- Deficiencia en la cartografía presentada. No comprende lo previsto por las normas vigentes. Incumplimiento con sus normas técnicas.
- No se concertó con las comunidades étnicas establecidas y reconocidas en el distrito de Cartagena, lo cual es violatorio de la Ley de participación ciudadana.
Alerta por un POT sostenible
Cuando entra en la órbita del riesgo la propiedad privada y los derechos colectivos, hay que lanzar sin tapujos las alertas tempranas. El trámite POT adolece de múltiples fallas estructurales de orden jurídico legal y constitucional, que impiden construir un POT sostenible sobre lo erróneamente construido.
En resumen, la actualización del POT tiene el potencial de impactar positivamente en la calidad de
La administración de Dumek Turbay Paz tiene la responsabilidad de corregir el rumbo y garantizar que el POT sea una herramienta de transformación inclusiva. Esto implica:
- Fortalecer al Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial con recursos humanos, tecnológicos y financieros, y garantizar que esté compuesto por una representación diversa de los actores del territorio.
- Retomar el proyecto de decreto engavetado y subsanar los errores del proceso actual, asegurando que el expediente urbano sea la base del diagnóstico territorial.
- Fomentar una participación ciudadana de doble vía , donde los aportes de la población sean escuchados, incorporados y respondidos de manera transparente.
Sincronizar el territorio
A manera de conclusión, más allá de nuestra comprensión actual, Cartagena enfrenta el desafío de trascender los paradigmas convencionales para alcanzar un POT sostenible. Lo primero que se debe reconocer es que el territorio no es un espacio estático sino un organismo dinámico, moldeado por la interacción entre naturaleza, sociedad y gobernanza.
De hecho, para corregir el rumbo y convertirla en una ciudad resiliente y visionaria, necesitamos ampliar nuestra perspectiva y actuar con visión a largo plazo. Se debe abarcar dimensiones que a menudo quedan fuera de las discusiones tradicionales.
Un POT sostenible y democrático, en su esencia, ―además de ser un proceso y un resultado eminentemente político― debe ser un negocio social. Se debe garantizar la rentabilidad para todos los actores del territorio, no solo para unos pocos.
Cartagena merece un desarrollo territorial inclusivo, sostenible y justo. Se finaliza con estas preguntas orientadoras para el alcalde Dumek Turbay Paz:
¿Está la administración dispuesta a liderar ese cambio? ¿Hasta dónde han corregido los errores de la administración anterior libre de vicios e intereses mezquinos? Hasta ahora nada concreto ha dado esta administración que cambie el panorama marcada por la mediocre gestión del anterior alcalde William DAU.