¿A la cárcel Wong, Pardo y Martínez por Corrupción? (I)

La medida de aseguramiento contra Wong Baldiris que le espera el 3 de octubre, patentiza el adagio popular: si no está presa la andan buscando. Si el Consejo Nacional Electoral (CNE) no le revoca su inscripción el 2 de octubre, Yolanda Wong convertirá la cárcel de San Diego en su comando central de su campaña por la alcaldía de Cartagena. Al mejor estilo de Jhon Calzones, quien ganó las elecciones desde la cárcel, pero luego fue destituido.

En Cartagena no se ha terminado el escándalo de los audios de Vicente Blel Saad cuando surge otro por corrupción en el proceso electoral con miras al 27 de octubre de 2019.

Medida de aseguramiento a Wong

¿La razón de esta medida de aseguramiento contra Wong? La fiscalía solicitará al juez de garantías medida de aseguramiento con reclusión intramural en la audiencia pública que se realizará el 3 de octubre en el Centro Judicial de la Plaza Benkos Biojó.

De hecho y por derecho, el juez penal municipal de Cartagena le impondrá medida de aseguramiento por peculado por apropiación, usurpación de funciones y otros delitos (concierto para delinquir). Esta investigación penal se inició en diciembre de 2018 a raíz de varias denuncias impetradas por representantes de las comunidades que se vieron afectadas por las obras que no se hicieron, pero se apropiaron de la mayor parte del dinero para la ejecución del contrato: $2.120 millones.

El contrato del escándalo

El convenio interadministrativo No 001/19 suscrito con Bernardo Pardo, gerente del Edurbe, no se cumplió en su objeto social. Están embolatados $2.120 millones en un subcontrato que debía ejecutar el consorcio representado por Joiser Martínez Álvarez, un contratista allegado a amigos de Yolanda Wong.

Martínez Álvarez ya había recibido imputación y medida de aseguramiento en la cárcel por un contrato similar suscrito con Cardique. Es el mismo caso donde se encuentran procesados 8 servidores públicos, Olaf Puello Castillo, director de Cardique; Katherine Martelo Fernández, subdirectora de Planeación de Cardique; Saray Cecilia Hernández Durán y Dalis Esther Herrera Vargas, supervisoras de contratos de la Corporación; Bernabé Maldonado, contador; y Fredy Javier Rodgers, topógrafo.

El contrato fue suscrito por Wong, en representación del Distrito, y Bernardo Pardo, representante legal de Edurbe. Éste a su vez suscribió un subcontrato con Joiser Martínez para la ejecución de las obras de refacción de las inspecciones de policía del Distrito. Es necesario señalar que este convenio hace parte de $81 mil millones que Wong suscribió en forma directa con el Edurbe. Y todos esos contratos tienen el mismo corte que el de las inspecciones. O sea, que los convenios interadministrativos entre el Distrito y Edurbe serán una caja de pandoras. Muchas sorpresas hay en su interior.

De acuerdo con la citación judicial, que ya debió recibir Yolanda, la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento está prevista para las 5 de la tarde del jueves 3 de octubre de 2019. De allí saldrá para la cárcel San Diego o se le impondrá brazalete electrónico.

Los encartados

Con Yolanda Wong Baldiris están encartados el gerente del Edurbe, Bernardo Pardo y el subcontratista, Joiser Martínez. Sobre los tres recaerá medida de aseguramiento solicitada por la fiscalía seccional 60, ya que entorpecerían las investigaciones en curso.

El artículo 308 del Código de Procedimiento Penal (CPP) establece que una medida de aseguramiento se impone siempre y cuando se produzca uno de los tres siguientes requisitos:

1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia;
2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima.
3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia.

Los tres postulados cuadran en el requisito 1 del artículo 308 del CPP que les permite a los jueces de garantías imponer limitación a la libertad personal de los implicados.

Cárcel o brazalete electrónico

Esta medida de aseguramiento contra Wong busca evitar que interfiera el debido ejercicio de la justicia. Como el grado de responsabilidad es compartido y no existe una subordinación, el juez de garantía les impondría a los tres medida de aseguramiento intramural. La medida de aseguramiento contra Wong y Pardo se hará efectiva una vez concluya la audiencia. Martínez Álvarez ya está preso, por lo cual el juez solo formalizaría tal decisión.

Cárcel o brazalete electrónico es uno de los caminos que le espera a Wong. Si el juez le impone a Yolanda Wong (ahora exalcaldesa y exsecretaria del Interior del Distrito) medida de aseguramiento en la cárcel de mujeres de San Diego, tiene suficiente motivación.

En su defecto, el juez puede aprobar la medida de aseguramiento a Wong en su residencia del Pie de la Popa con imposición de brazalete electrónico. De todas maneras, no podría salir de la casa, ya que no tiene hijos menores. Lo más probable es que Wong se vaya para San Diego.

Las pruebas de la fiscalía

La situación se le agravaría a los tres indiciados. ¿Por qué? Si la fiscalía sustenta el delito de concierto para delinquir, es muy probable que nadie se salve de un carcelazo. Los delitos que se les imputará a los tres supera la pena de 8 años de cárcel, por lo que no podrán alegar atenuante alguno. Así está establecido por la normatividad penal vigente, según los entendidos.

El Juez de Control de Garantía, en este caso que tiene la radicación No 13001-600-1128-2018-13033, tendrá en cuenta las pruebas fácticas que el CTI de la fiscalía presentará en la audiencia contra los indiciados. Son pruebas contundentes, pues resultaron de inspecciones judiciales realizadas en los diferentes sitios donde se debía ejecutar el contrato.

Asimismo, es probable que también llamen a declarar dentro del proceso a los supervisores del contrato, como también al actual secretario del Interior, José Carlos Puello. La fiscalía hizo una inspección judicial en la Secretaría del Interior y en las diferentes inspecciones de policía. El supervisor del contrato de Edurbe, ingeniero civil Roberto Parra, deberá también responder, porque daba el visto bueno de la ejecución del contrato, cuyo objeto social lo modificaban sin llenar los requisitos legales.

El secretario del Interior

Cabe destacar que José Carlos Puello se negó a recibir las obras, porque estaban inconclusas y no se había cumplido el objeto del contrato. Esto se pudo constatar en varias inspecciones realizada por el equipo técnico del CTI en diferentes inspecciones.

En varias ocasiones, el secretario del Interior José Carlos Puello requirió a Bernardo Pardo, representante legal de Edurbe, para que entregara las obras saneadas y también le advirtió de las irregularidades detectadas. Por esta razón, Puello está a salvo de un carcelazo.

Por tanto, si la medida de aseguramiento contra Wong se hace efectiva y el CNE le confirma su inscripción el 2 de octubre, deberá hacer la campaña electoral desde un comando improvisado de su casa o en una de la suite de la cárcel de San Diego. A las 5 de la tarde del 3 de octubre lo sabremos.