Karen Abudinen Abuchaibe convirtió el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) en una verdadera piñata —no para niños— sino para los corruptos. Una piñata donde la multinacional Claro recibió el 50% de ese dulce: $1 billón de pesos para construir los Centros Digitales.
Autor: Lucio Torres
El «modelo abudinear» de MinTic surgió en Barranquilla. El 24 de septiembre Karen Abudinen Abuchaibe vivió un cumpleaños turbulento. Está en el ojo del huracán.
Los que «abudinearon» el contrato No 1043 de diciembre de 2020 por valor de $1.07 billones de MinTic están —hasta ahora— a salvos. Están ocultos. Los primeros que han caído o han dado la cara solo son testaferros o piezas usadas en el entramado del denominado Cartel del Suero. Emilio Tapia Aldana, Luis Fernando Duque (representante legal Centros Poblados, y Juan José Laverde (representante de Rave Seguros) no son los que son.
Con la caída de Emilio Tapia Aldana, natural de Sahagún, y de otros contratistas en manos de la Fiscalía, dentro del marco del contrato de Mintic No 1043/20, puede provocar un nuevo giro en el sonado caso. También pondrá de manifiesto una nueva avalancha de denuncias contra funcionarios públicos, políticos y empresarios corruptos.
En clave de «abudinear» se puede traducir como el modelo de contratación más perverso nacido en el Ministerio de las Comunicaciones y Tecnologías—MinTic para saquear las finanzas públicas. Retrata el nivel de transparencia del régimen neobonapartista dominante desde 2002. Son tres postulados que se resumen en el contrato de MinTic: Confianza inversionista, Seguridad Democrática e Inversión Social.
La Alta Montaña de El Carmen de Bolívar y sus eternos problemas necesitan una intervención integral del Estado para garantizar la reparación, la verdad y no Repetición de los hechos victimizantes. En el Día Nacional de los Derechos Humanos vale la pena reflexionar sobre las víctimas iredentas.
Alcaldía de Arjona sin garantías para Rocha y Puerto Badel. Voceros de la asamblea general de los Consejos Comunitarios de esos corregimientos denunciaron que el alcalde de Arjona, Isaías Salamancas, como máxima autoridad civil del municipio, no ofrece garantías a los derechos de los afros. Por esa razón, realizarán protesta social directa y acciones judiciales y disciplinarias contra el burgomaestre.
«Señor Valbuena, usted no es rey ni nosotros somos súbditos» En el marco de una intempestiva visita a la finca Cachenche, la senadora de la Unión Patriótica y Colombia Humana, Aida Avella Esquivel, prometió un fuerte control político contra la actuación inapropiada de la Sociedad de Activos Especiales—SAE. Al mismo tiempo, se solidarizó con los campesinos que vienen librando una lucha para que esas tierras productivas sirvan a la seguridad alimentaria de esa subzona rural.
Cachenche, será un jugoso negocio que entregaría la alcaldesa a terceros para una central de cargas. La alcaldesa, al parecer proyectó en abril de este año un contrato para estructurar una Alianza Público Privada con el consorcio Luis Suárez—Javier Corrales con la representación legal de Luís Suárez.
Un atentado criminal contra su integridad física, del cual salió ileso, denunció Onilson Amaranto Caraballo. El líder social, a través de este medio, había denunciado las presuntas irregularidades que se están registrando con motivo de las consultas previas del macroproyecto Restauración de los Sistemas Degradados del Canal del Dique.