Recorrer La Mojana con «Caregato» es encontrarse con un pueblo que soporta el desastre ambiental por causa antrópica y las pavoneadas de Pava, representante del gobierno nacional. Es la expresión de la vanidad causada por posturas intelectuales de funcionarios del Estado que pueden darle salida a los anhelos populares y no lo hacen. Tienen los recursos y la capacidad. Pero su mente —cegada por el poder— no les permiten actuar conforme a la realidad sino a sus ideas preconcebidas.
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El brillante y contestatario discurso del presidente Petro de una vida sabrosa para La Mojana —seis meses después de su posesión— se desvaneció en el aire. Se estrelló con la vida insoportable que vive hoy el pescador y campesino Álvaro Pérez, 23 años. Él no puede ganar el sustento de su familia porque estas tierras están anegadas. El discurso del gobernante, distante del discurrir cotidiano, también lo expuso en la Institución Educativa de Las Candelarias (agosto 2023), cercana a La Sierpe, macondiano corregimiento de Majagual. Ese brillante y conmovedor discurso de la adaptación al cambio climático y organización del territorio en torno al agua del Gobierno del Cambio, que llamó la atención en las Naciones Unidas (ONU), no aguantó la prueba de «Caregato».
El país necesita cambios para mejorar la calidad de vida de los colombianos. En el caso de la salud, por ejemplo, «sí a la reforma, pero no de esa forma». Las marchas del 14 y 15 de febrero a favor y en contra de las iniciativas legislativas del gobierno, no fueron masivas. A favor: 28 mil marchantes. En contra: 47 mil, según la Policía Nacional. Además de un gran desconocimiento de amplios sectores de la opinión pública sobre las reformas que se propone el gobierno del presidente Gustavo Petro, lo que observamos es una derrota a la clase política, ya sea de izquierda o de derecha.
El Juzgado 12 Penal del Circuito de Bogotá acaba de admitir una acción de tutela mediante la cual el destacado jurista barranquillero, Renzo Montalvo Jiménez, busca que el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo, finalmente revoque la autorización concedida al Distrito de Barranquilla para el empréstito de crédito externo por USD 100 millones. Este contrato fue celebrado con el Deutsche Bank AG, en calidad de prestamista, y TMF Group New York, LLC, en calidad de agente administrativo.
Algo muy grave está sucediendo en Barranquilla y la gente no lo sabe. Los medios de comunicación tradicionales en poder…
En el ocaso de su mandato, la Fiscalía metió en el mismo saco de la corrupción a Caicedo. Si le dictan medida de aseguramiento, jamás regresaría a la gobernación. En efecto, por lo que llamaron Robo al Magdalena, el ente acusador pedirá medida de aseguramiento contra el gobernador Carlos Eduardo Caicedo Omar. Estas irregularidades, presuntamente, las cometió cuando se desempeñó como alcalde de Santa Marta en 2014. Se le sindica de tres delitos: peculado por apropiación para beneficio de terceros, contrato sin los requisitos legales y falsedad. Asimismo, los exgobernadores Luis Miguel «el Mello» Cotes Habeych y Rosa Cotes de Zúñiga, quienes presuntamente se robaron $73 mil millones de la «Vía de la Prosperidad».
La Gran Prensa puso el grito en el cielo cuando la «Paz Total» le dio la libertad a Jorge Luis Alfonso López, popularmente conocido en Magangué como «el Gatico». El artífice de esta jugada política, que no jurídica, es precisamente el Alto Comisionado de Paz (OACP), Danilo Rueda Rodríguez, quien le dio la categoría de facilitador de paz. Una condición sine qua non para que el Juez Quinto Penal de Ejecuciones de Penas le diera la libertad.
En la segunda entrega de «Casa Blanca» pronosticamos la renuncia de Arturo Char Chaljub del Congreso de la República de Colombia como una estrategia jurídica para eludir algo seguro que le espera en la Corte Suprema de Justicia: la cárcel. Se dijo que los escombros de la condena contra Aida Merlano terminarán por impactar negativamente al imperio Daes—Char. Aún más, ya en 2019, se señaló que el Aidaescándalo marcaría el inicio del fin de ese entramado de corrupción que domina a Barranquilla y a gran parte de la Costa Caribe.
La audiencia pública de Rodrigo Tovar Pupo se transformó en la segunda temporada de «Yo me llamo Jorge 40»: Un embustero en la JEP. Desde la perspectiva de las víctimas, fue una audiencia que mina la confianza de la sociedad y no merece el perdón social que pregona el nuevo gobierno. Fue dolorosa y frustrante. Dolorosa, porque indica la vieja pretensión de seguir callando la verdad sobre los grandes crímenes agenciados por agentes del Estado y grandes empresarios. Frustrante, porque causa una sensación de desesperanza para más de 8 millones víctimas del conflicto armado que anhelan verdad, justicia, reparación y, sobre todo, no repetición.
La comparecencia de «Jorge 40» en la JEP dejó de ser un fantasma del Clan Daes—Char para convertirse en la farsa de la gestión de paz del alto gobierno y en burla a la justicia restaurativa y a las víctimas que buscan la verdad. Dentro de ese sainete que pretende instrumentalizar la justicia restaurativa, podría tener la complicidad del Comisionado Nacional de Paz, Danilo Rueda Rodriguez. En tanto, está demostrado que el verdadero móvil de «Jorge 40» y sus secuaces no fue la autodefensa —como dijo en la JEP— sino la captura del aparato político para ponerlo al servicio del lavado de activos del narcotráfico y de la corrupción administrativa.