Mientras media Colombia está en cuarentena, la otra mitad no para. Unos trabajan realmente por contener el Covid—19. Otros por reactivar la economía. Otros salen a rebuscarse el pan diario. Y algunos funcionarios públicos, con la complicidad de empresarios corruptos, nos están robando con virus de sobrecostos de $420 mil millones, según la Contraloría General de la República (CGR).
El virus de sobrecostos
Colombia está siendo azotada por el Covid-19 y por el virus de la corrupción galopante. Existe, hasta corte de hoy, un virus de sobrecostos de $420 mil millones en la contratación pública para contener el nuevo coronavirus. Y no es un problema de alcaldes, gobernadores y funcionarios corruptos de las regiones. Es a nivel nacional donde se presenta con mayor proporción esta perversa práctica anti-ética con los recursos públicos de los colombianos.
Por ejemplo, el caso de la linea de crédito de Finagro Agro-Produce, una estrategia de crédito especial para darle oportunidades a las pequeñas empresas rurales para que no se hundieran en medio de la pandemia. En forma irregular la aprovecharon grandes empresas agroindustriales. Menos del 1% llegó al destino fijado por la política de crédito. En este caso se fueron $244 mil millones.
Unión contra el virus de sobrecostos
El contralor Carlos Felipe Córdoba, en rueda de prensa conjunta con el procurador Fernando Carrillo y el fiscal Francisco Barbosa, manifestó que acaba de declarar de alto riesgo y de impacto nacional por presuntas irregularidades la contratación hecha por la Unidad de Riesgo de 769 mil kits alimentarios por $96 mil millones.
Sin embargo en el contrato —presuntamente irregular— con el virus sobrecostos no solo lo han hecho pequeñas alcaldías sino también entidades del orden nacional, como la Armada Nacional.
Podemos resaltar la investigación de responsabilidad fiscal contra el alto mando de la Armada Nacional de la capital de la república por el virus de sobrecostos en la contratación de un millón de tapabocas. Este producto con la misma calidad, la Policía Nacional los compró a mitad de precio. En este caso el virus de sobrecostos está tasado en más de $900 millones. Comprometidos en este hecho la empresa contratista Medivalle y el capitán de navío Jaime Gómez González, comandante de la Armada en Bogotá, denunció el Contralor.
O el hecho del alcalde de Buasaco (Nariño) que contrató una empresa eléctrica para que suministrara más de 2 mil kits de alimentos. Algo parecido al caso de Veneplast en Cartagena, que es una papelería y apareció beneficiada con dos millonarios contratos para suministrar kits de mercados.
El Caribe
El 70 de la contratación del Caribe colombiano, incluyendo Barranquilla, Atlántico, Sincelejo y Cartagena de Indias se encuentra en un alto riesgo de sobrecostos, según un estudio realizado por la Contraloría General de la República.
El contralor Carlos Felipe Córdoba reveló que la región de mayor riesgo, como siempre, es la Costa Caribe. Dijo que las acciones preventivas adelantadas lograron salvar más de $25 mil millones que los corruptos ya tenían de su lado. Tuvieron que hacer el «vómito negro». Es decir, devolver la plata de los sobrecostos.
La Contraloría pidió la suspensión el alcalde Sincelejo, Andrés Gómez Martínez, y de otros mandatarios, bajo la facultad de verdad sabida y buena fe guardada. El mandatario fue vinculado a un proceso de responsabilidad fiscal por $1.051 millones por los presuntos sobreprecios en 26.666 kits alimentarios contratados por la alcaldía y la entrega incompleta de los mismos. La Fiscalía lo llamó a indagatoria y la Procuraduría inició juicio disciplinario.
Verdad sabida
Esta facultad de suspender funcionarios basada en «verdad sabida y buena fe guardada», fue establecida por primera vez en la Constitución Política de 1991 como potestad del Contralor General de la República. Esta facultad procede como medida preventiva con el fin de separar temporalmente de sus cargos a los funcionarios que han sido vinculados a procesos fiscales.
Un virus de sobrecostos recorre toda Colombia en la medida que el Covid—19 se expande. Es un virus que ataca el presupuesto público de los colombianos. Para enfrentarlo, se han unido los tres entes de control: la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Contraloría General de la República (PGR) y la Fiscalía General de la Nación (FGN).
La contraofensiva para contener el virus de sobrecostos no se puede mostrar o demostrar con pequeños trofeos de suspensión de alcaldes de municipios de sexta categoría. Barranquilla, Atlántico, Cartagena —por ejemplo— el virus de sobrecostos se ha expandido tanto como el nuevo coronavirus. Basta de comentarios, necesitamos acción pura.
