En clave de «abudinear» se puede traducir como el modelo de contratación más perverso nacido en el Ministerio de las Comunicaciones y Tecnologías—MinTic para saquear las finanzas públicas. No es un caso aislado que solo se le puede atribuir a la ahora exministra Karen Abudinen Abuchaibe. Es un proceso de acumulación capitalista con los recursos de los más pobres y vulnerables. Hace parte del sistema político y económico del país.
El contrato $1.07 billones retrata el nivel de transparencia del régimen neobonapartista dominante desde 2002 con el triunfo de Álvaro Uribe Vélez. Son tres postulados que se resumen en el contrato de MinTic: Confianza Inversionista, Seguridad Democrática e Inversión Social. Los mismos postulados que han imperado en el modelo de desarrollo económico de Colombia. La inversión social solo actúa como pretexto para esa acumulación depredadora fenicia y manchesteriana.
El presidente Iván Duque recibió, según las fuentes disponibles, aportes significativos en su campaña presidencial de la alianza Char—Daes. Por supuesto, no fue un aporte directo. Pero el hecho de que Karen Abudinen e Iván Mantilla Gaviria —los autores materiales del contrato No 1043/20 estén conectados con ese clan político—empresarial, lo dice todo.
De tal manera, que Mantilla —el eslabón perdido— llegó a la Dirección Nacional de Planeación—DNP y a MinTic, gracias a la influencia política del clan Char—Daes, de acuerdo a la fuente que tengo acceso. A Blu Radio, por ejemplo, le señalaron que el senador Mauricio Gómez Amin recomendó a Mantilla en DNP.
Lazos atávicos
Con el fin de entender este entramado del «Cartel del Suero», debemos mostrar que existe unos lazos políticos, económicos y familiares desde la alta cúpula del régimen. Álvaro Uribe Vélez es el patriarca, el jefe supremo del cartel. ¿Cómo se conecta con Karen Abudinen Abuchaibe? Es el suegro de Shaida Farah Abuchaibe, la sobrina querida de Karen por vía materna. Es decir, es la esposa de Gerónimo Uribe Moreno. Los dos nietos de Uribe son sobrinos segundos de Karen.
No hay duda, los Daes Abuchaibe están emparentados con los Uribe Moreno. Ivan Mantilla Gaviria llegó al alto gobierno con el apoyo político de Gómez Amín. En tanto que el hermano de Miguel Amín Escaf, William Amín es esposo de la hermana de Cristian Daes Abuchaibe.
Amín Escaf es cuñado de Giselle Daes Abuchaibe, la esposa de William Amín Escaff, ex alto ejecutivo de Tecnoglas de los Daes. Además, estuvo involucrado en el escándalo de la reventa de boletas del famoso partido de fútbol Colombia—Brasil.
Por otra parte, Karen Abudinen es prima hermana (más hermana que prima) de Giselle Daes de Amín, hermana de «Yuyo» y Cristián Daes, CEOs y dueños de Tecnoglas Inc., la compañía que cotiza en NASDAQ, la bolsa de Nueva York. Por esta razón, Tecnoglas vivió una semana oscura en esa bolsa cuando estalló el escándalo de los $70 mil millones. (Lea: Los sietes días que estremecieron a Tecnoglas en Nasdaq).
Una fuente que no quiso identificarse, le manifestó a Vox Populi que los hermanos Daes fueron abordados por funcionarios de los Estados Unidos, después que sonaron la campana de cristal de NASDAQ. Probablemente por razones de rutina debido a que «Yuyo» Daes hizo un acuerdo con las autoridades de ese país, después del atentado criminal que sufrió en 2004. Estuvimos tratando de contactar a la familia Daes para que nos aclarara ese detalle, pero no fue posible.
Aclaración
El hecho de que el 85% de los $70 mil millones del anticipo estén en una cuenta offshore de Delaware, confirma la tesis central de este análisis. Eso se llama Confianza Inversionista. Quiere decir que la contratación es solo un pretexto para transferir los dineros públicos al exterior. Busca acrecentar las riquezas de ciertas familias ricas. La política y los políticos de toda índole —incluso de izquierda— se ponen al servicio de este modelo de contratación que sintetiza el sistema económico y político del país.
La Seguridad Democrática busca poner la justicia y las fuerzas de coerción al servicio del inversionista (los que están tras la tramoya). Y todo por la Inversión Social. El pretexto es colocar 7 mil puntos de internet para los niños más pobres. Pero lo que buscan es quedarse con más del 50% del valor del contrato. ¿Te la pillaste?
Como parte de la estrategia, ahora la Fiscalía hará justicia espectáculo. Buscará —y seguro que los hallará— «chivos expiatorios». Hay comprobados delincuentes que participaron en este escandaloso robo de los $70 mil millones de los pobres. Es una cadena de delincuentes que va desde los generadores de garantías bancarias falsas hasta los creadores de compañías chimbas. Se pensaban tumbar por lo menos $700 mil millones del $1.07 billones. Pero el tiro le salió culatero. Apenas tienen en Delaware 17 millones de dólares. ¡Uff, por poco se llevan otros 153 millones a los paraísos fiscales!
¿La esperanza frente a este modelo?
¿Se puede cambiar el curso de este estado de cosas en las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales? Déjame decirte que no habrá cambios con los políticos de izquierda, derecha o de centro. Todos pertenecen al mismo establecimiento político. Están atados a este sistema de contratación que es manejado en la tramoya por empresarios inescrupulosos.
¿La esperanza? El mismo Gustavo Petro, jefe de la oposición, ya adquirió compromisos con los empresarios «Yuyo» y Cristián Daes en reunión que realizó en Barranquilla con este último. Es consecuente con lo que le dijo a El País de España: No quiere saber de socialismo, solo democracia y paz. O sea, si Petro gana la presidencia en 2022, seguirá «la misma muñeca con diferente pollerín». ¿Lo dudas? Mira el caso de Brasil de Lula o el de México de Amlo. Ganaron la presidencia pero siguieron con el mismo sistema y los mismos financistas de las campañas de los políticos.
Un oprobioso modelo
Los medios de comunicación y la oposición política —contrario a lo que se cree— se transforman en legitimadores del statu quo. ¿Crasa equivocación? En realidad es un modelo hecho en Barranquilla asumido por el gobierno colombiano de Iván Duque. Un modelo oprobioso y vergonzoso para la humanidad. Peor heredero del mercantilismo inhumano de la cultura fenicia o del capitalismo manchesteriano. ¿La gente Caribe debe sentirse orgullosa de esta «innovación tecnológica» del fraude? Por el contrario, debemos decir que es un modelo doblemente perverso que invita al castigo judicial contra sus determinadores.
No obstante, en este escrito demostraremos que todo, sin duda, conducirá inevitablemente a una impunidad. ¿Por qué? El proyecto surgió desde el DNP. El eslabón perdido de la ruta criminal nos conduce al creador y diseñador del contrato No 1043/20: Antonio Iván Mantilla Gaviria. Este llegó al alto gobierno cuando Simón Gaviria —hijo del expresidente Gaviria— fue director del Departamento de Planeación Nacional—DNP. Al parecer, contó con el apoyo del senador liberal del Atlántico Mauricio Gómez Amín.
Un modelo perfeccionado con Odebrecht y en la expansión de las rutas terrestres y, ahora, pluviales llamadas 5G del Río Magdalena y el Canal del Dique. Lo chévere del caso, estos macro proyectos son disfrazados de interés social, como los 7 mil puntos de internet para los niños pobres del país.
Este modelo es el mismo que Karen Abudinen Abuchaibe impuso en el Instituto Colombiano de Bienestar—ICBF. Ella fue directora de Primera Infancia bajo la conducción de Cristina Plazas Michelsen en el gobierno de Juan Manuel Santos. Allí sus socios se tragaron este año de Iván Duque gran parte del presupuesto ($16 billones) para suministrar bienestar a 5 millones de niños vulnerables del ICBF. ¡Fue un gran negocio para los políticos ligados a sus contratistas! Y a pesar de nuestras advertencias, ¡callaron! [Ver: ¿El Betto, el nuevo Baloto de la corrupción en el ICBF? (I)]
En clave de «abudinear»
Aquí te presento las claves del modelo de contratación «abudinear». Un modelo adoptado por el régimen neobonapartista dominante para seguir financiándose con empresarios inescrupulosos. Ellos dicen que este modelo produce prosperidad. Un ejemplo para mostrar, Barranquilla. Antes, los políticos se robaban el 80% y las obras no se veían. Hoy, se roban el 50% y las obras son faraónicas para que todo el mundo las vea. Son obras de papel. Bogotá tienen 1.600 cámaras de seguridad. Barranquilla adquirió 1.200, pero el 80% de ellas no sirven. No importa. La ciudad cree que tiene 1.200. ¿Cuál es la diferencia? Se dieron cuenta de la verdad cuando en 2017 atracaron al concejal Aissar Castro. Notaron que las cámaras nunca funcionaron. Los contratistas las entregaron así. ¿Quién suministró esas cámaras? El mismo contratista de uno de los cuatro que hacen parte de la UT Centros Poblados. Y Alex Char Chaljub, el alcalde de la época, se las pagó todas con una interventoría chimba. ¿Cómo te quedó el ojo?
El mismo Álvaro Uribe conjugó el verbo «abudinear» con los grandes socios de Alex Char, los primos Miguel Nule, Manuel Nule y Guido Nule Marino, hijo de Guido Nule Amín. Su hermano Miguel Nule Amín, exgobernador de Sucre y padre de Miguel Nule Velilla, fue condenado a 28 años de cárcel por ser uno de los autores de la masacre de Macayepo, corregimiento de El Carmen de Bolívar.
Igualmente, recordemos que Guido Nule Amín es aliado del patriarca Fuad Char Abdala a quien Estados Unidos le negó la visa por su pasado non sancto con dineros del narcotráfico. En 1998 Nule Amin fue favorecido por el proceso de privatización del sistema eléctrico de la Costa Caribe con su empresa Transelca.
Para el patriarca Fuad, el Estado es mal administrador. Claro, si él o sus familias y socios no están al frente de la administración. (Preparo un libro revelador sobre las riquezas de los Char, Daes, Hilsaca —dos de origen palestino y uno libanés— y familias que viven de la Contratación estatal). Por esta razón liquidaron a Corelca, a las electrificadoras y Colpuertos, entre muchísimas otras empresas. Luego se apoderaron del negocio, como es el caso de Transelca o de la Sociedad Portuaria de Barranquilla.
Presidencia, la cabeza del Leviatán
El negocio de Centros Poblados nunca hubiese existido si el presidente Duque no tuviera las manos metidas. Nada sucede a espaldas de los presidentes. Nada. Ellos no son como los maridos cachones. Son los primeros que reciben la información. El hombre clave que el presidente Iván Duque tenía en este negocio de los 7 mil puntos de internet se llama Antonio Iván Mantilla Gaviria. Fue director de Conectividad y Digitalización hasta el 4 de febrero de 2021. Después de preparar el proceso que terminó en el contrato No 1043 de diciembre de 2020 renunció. Ya había cumplido su misión. Fuentes de prensa señalaron que Abudinen le había pedido la renuncia. Fue el primer fusible que se quemó. El escándalo todavía no había estallado.
¿Cómo un experto en tecnologías digitales de internet, con tesis laureada, que conoce al dedillo los procesos de licitación de las nuevas tecnologías, se dejó meter ese mono? ¿Por qué no lo han llamado en MinTic, la Procuraduría y la Contraloría? ¿Por qué los medios de comunicación no lo han mentado? Los mismos medios habían considerado que fue un proceso impecable. Incluso, los expertos se fueron en loas a la ministra Abudinen. ¿Será fusible? ¿La cambiarán y todo volverá a la normalidad? ¿Es la única sacrificada? ¿Acaso el presidente no tiene las manos metidas? ¿Qué pasa con Mantilla? Todo es un mar de sospecha. Pero Mantilla debe decir esta «boca es mía».
De manera que la corrupción privada es más galopante y escandalosa que la corrupción pública. Los políticos son empaquetados con precios que los verdaderos dueños tasan en cada transacción. ¿Cuánto cuesta tener un senador? Detrás de cada macro proyecto del gobierno central, existe el interés del ejecutivo en adjudicarselo al empresario que más le ofrece beneficio particular. Por ejemplo, Miguel Nule dijo, según reveló El Miami Herald, en 2008 se reunió con un representante de Odebrecht a instancia de Santiago Uribe —hijo del presidente Álvaro Uribe— con el fin de formar una Unión Temporal para la Ruta de El Sol. El negocio no se hizo porque Nule cayó en desgracia. Los primos Nule fueron condenados por el Carrusel de la Contratación, en un proceso que se inició en 2010. El alcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas también fue condenado. El Grupo Nule había sido favorecido por el gobierno de Álvaro Uribe con múltiples contratos de obras públicas que se estima en varios billones de pesos. A Uribe y a Juan Manuel Santos no lo han tocado.
En clave de «abudinear»: el modelo
En clave de «Abudinear» es un modelo que tiene como finalidad enriquecer al dueño del contrato que lo entrega el alto ejecutivo. Los demás funcionarios son peones. El concepto de neoliberalismo es una caricia frente a la verdadera afrenta de las consecuencia sociales del Modelo Abudinear. No importa su objeto social. No importa si es para entregar las raciones de comida a 1.8 millones de niños empobrecidos o pavimentar 10 mil kilómetros de vía, o crear 7 mil puntos de internet para niños rurales. Consiste en que se le adjudica a empresas que forman uniones temporales (UT) con supuestas experiencias en el ramo con el fin de transferir ese dinero para el exterior.
Pero, en realidad, los que deciden la suerte del contrato son otros empresarios que están tras la tramoya de la amañada licitación. Utilizan un entramado de compañías para quedarse hasta con más del 30% del valor total del contrato. Por supuesto, ese dinero que acumulan con este modelo de contratación, se va para el exterior en forma de dólares. Esto es, se produce una forma de fuga de capitales que disminuye la reserva internacional y, al mismo tiempo, produce una situación inflacionaria y una devaluación continúa del peso colombiano con respecto al dólar.
Algunos expertos han señalado que en Colombia se produce una fuga de capitales que se puede tasar en 300 mil millones de dólares al año. Esto equivale a $1.145 billones. O sea, 5 veces el presupuesto nacional, o 50 reformas tributarias como la que el presidente Iván Duque quiso imponer en abril del 2021.
Máximo beneficio
De tal suerte que, con el anticipo, el dueño real del contrato recibe hasta el 80% del primer pago que Mintic les hizo. El segundo pago está previamente facturado. Listo para ser girado. ¿Con qué inician la ejecución del contrato? Con el 20% del valor del primer pago o el segundo pago que el Estado les hace. La prioridad no es la ejecución del contrato sino sacarle la ganancia a sus dueños.
Pero para ello deben hacer hasta una doble subcontratación. Es decir, que realmente la firma subcontratada ejecuta la obra con solo el 50% de lo efectivamente pagado. El 30% es para los dueños y el 20% pago de impuestos y a terceros.
Coincidencias
Para ilustrar a los lectores, existen tres grandes coincidencias que pueden llevarnos al beneficiario final del contrato No 1043/2020. ¿Quién es el beneficiario del contrato? ¿Quiénes armaron está tramoya?
Primera coincidencia. El contrato de los puntos de internet encaja en este modus operandi. El 20% de los $70 mil millones lo destinaron a unas compras menores para hacer el parampam de que el contrato se estaba ejecutando. El resto se fue para Delaware, de acuerdo al trayecto que tomó ese dinero y que los medios de comunicación advirtieron.
La segunda coincidencia. El representante legal de Centros Poblados, había dicho que los $70 mil millones se habían destinado para la compra disimulada de insumos a Nuevo Security LLC con sede en Delaware. Y, además, tenían las pruebas que efectivamente era así.
Según El Espectador del 18 de agosto, existe una denuncia ante la Fiscalía de Efraín González Hamburguer. Al parecer, su socio, Juan Carlos Cáceres, habría negociado el supuesto contrato con Centros Poblados. Dijo que falsificó su firma y lo estafó, pues, a él ni a su empresa ha entrado un peso de ese negocio con MINTIC.
Como se recordará, cuando reventó el escándalo y se supo que $58 mil millones (US 17) fueron transferidos a un paraíso fiscal, salieron como «verdaderos dueños» de Nuovo Security Efraín González Hamburguer, barranquillero, y Juan Carlos Cáceres. Este «empresario», a su vez, es socio de la UT Centros Poblados. Es dueño de Funtic. fundador de Nuovo Security LLC., asentada en Delaware (Estados Unidos). González dice que no ha recibido dinero, y que Cáceres, su socio que tiene el 70% de Nuovo, le falsificó la firma, según los grandes medios de comunicación. Eso nadie se lo cree, excepto los periodistas y medios que han recibido migajas del negocio.
«El vómito negro»
¿Falsificación o prueba? Si falsificaron las garantías del banco ITAÚ ¿cómo no podrían falsificar una carta comercial del representante legal de Nuovo Security? Pero existe evidencias para creer que son cartas comerciales reales con firmas digitales.
Los representantes de la UT Centros Poblados presentaron estos documentos como prueba de que los retrasos se debía a problemas de suministros. 
En ese sentido, otras fuentes aseguran que González Hamburguer sí sabía del negocio desde que se firmó el contrato No 1043 de diciembre de 2020. ¿Es un distractor artificial? Claro ique sí lo es. Aquí se demuestra que tienen un manejo profesional de medios. Una alta influencia, no solo en los medios, sino entre los periodistas que manejan la opinión pública colombiana.
¿Por qué González Hamburguer ahora se desnegó? Solo hay una explicación, quiere encubrir el destino final de los $70 mil millones. ¿Motivación? No quieren hacer el vómito negro. Es decir, devolver el dinero del Estado que los contratistas consignaron en la cuenta No 9145086348 del City Bank de Barranquilla. Además, las autoridades norteamericanas no les podría acusar posteriormente de lavado de dinero producto de la corrupción. Si el dinero no aparece no hay cuerpo del delito.
Por tanto, no habría delito. La justicia norteamericana tampoco podría tener la evidencia de una evasión de impuestos al no declarar ese ingreso. Si logran mantener este encubrimiento no habría fraude a la legislación tributaria norteamericana. Esto sería grave para los verdaderos dueños de las firmas offshore que tienen en Panamá y Delaware. Se descubriría todas sus transacciones financieras y comerciales, ya que un juez pediría el levantamiento de las reservas existentes.
En clave de «abudinear» y las curiosidades
La tercera curiosidad. Si finalmente se levanta el velo corporativo por la Acción Popular instaurada por la Procuraduría, sabremos de quienes son las empresas que hicieron parte de la UT. La beneficiaria del multimillonario contrato está integrada por Fundación de Telecomunicaciones (Funtic), Ingeniería, Seguridad e Innovación; ICM Ingenieros; Intec de la Costa; y Omega Buildings Constructora.
No obstante, debemos poner énfasis en las firmas offshore de Panamá y Delaware. Al principio, salió el vendedor de cuentas argentino, desde Miami, Diego Benjamín Aronis respondiendo por Nuovo Security. Luego aparecieron Efraín González Hamburguer y Juan Carlos Cáceres Bayona. Éste último conocido de auto que vendió cursos de inglés chimbos para los guajiros por $22 mil millones. Según la información disponible, tiene el 70% de participación de Nuovo. ¿Pero son ellos los verdaderos empresarios dueños del contrato y de las firmas offshore? Seguramente que no. Los propios están entre bambalinas, esperando desde las gradas que baje la marea.
Los que han salido hasta ahora en esta trama de los $70 mil millones son actores secundarios. Los protagonistas están en el alto gobierno y en prestantes empresas que hacen sus grandes negocios en paraísos fiscales. Existe una confradía llamada «El cartel del suero», constituida principalmente por emigrantes sirio—libaneses que manejan la economía y la política del Caribe. ¿Un modelo de negocios moderno? Si das clic en el siguiente enlace, te darás cuenta por qué ahora usan testaferros para sus fechorías en la contratación pública. Te doy esta pista para la próxima entrega: Un modelo de negocios.
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