Así como están abandonadas física y administrativamente las inspecciones de policía de Cartagena de Indias, no contribuyen a la seguridad de la propiedad sino que amparan el despojo a los campesinos. Por ejemplo, ante la Inspección Rural de Policía de Pontezuela, al norte de Cartagena de Indias, jurisdicción de la Localidad Dos, asistimos a la expedición de un amparo policivo con una presunta motivación falsa. Solo busca legalizar el despojo a los campesinos para entregarle la propiedad a oportunistas del negocio inmobiliario y turístico de Cartagena aliados con inversores foráneos.
En ese caso, hablamos de la finca La Ingeniosa con matrícula inmobiliaria No 0600035062. Los ingenieros José Faustino España Moratho y Luis Cubas Montes, directivo de Camacol en Bolívar, se la ingeniaron para quedarse con La Ingeniosa, comprando falsas posesiones. Ahora le llaman Los Arrayanes, donde piensan construir, presuntamente, un proyecto inmobiliario de alto costo.
Los herederos de La Ingeniosa
De hecho, en VoxPopuli Digital, los campesinos herederos del finado Nicasio Rodríguez, denunciaron que el amparo policivo lo concedieron arbitrariamente. No tuvo en cuenta los documentos legales exhibidos y presentados por los herederos del predio. Pero también, es llamativo que, pese a los esfuerzos, su patrimonio hoy corre riesgo por un amparo policivo dictado por el inspector Martín Arce Gutiérrez. Los predios de La Ingeniosa están ubicados al lado del Gimnasio Altair,
Vale recordar que Arce Gutiérrez lo desvincularon en el 2013 cuando siendo inspector de Punta Canoa, supuestamente extendió la mano a un dador de dádivas dentro de un amparo policivo. Pero lo reintegraron a su cargo porque se le violó el derecho fundamental al debido proceso.
¡Última hora!
En el día de hoy, Jueves Santos, se presentó nuevamente un piquete de policía en la finca La Ingeniosa y se llevaron retenidos a cuatro miembros de la familia Rodríguez, entre ellos, María Cristina Ortega, una de sus voceras de los reclamantes. Denunciaron que fue una detención arbitraria. Además les decomisaron los celulares que estaban usando para grabar la escena de desalojo.
Ante esa situación le dieron poder al bufete del abogado Héctor Pérez Fernández para que asuma la defensa de su propiedad que está siendo objeto de despojo. Mientras esto se escribe, un piquete de policía busca desalojar del predio referenciado.
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Las dos querellas
Al despacho de Martín Alonso Arce Gutiérrez, inspector de Policía Rural de Pontezuela, al norte de Cartagena, llegaron dos querellas pidiendo amparo policivo para un mismo predio ubicado al lado del Colegio Altair. La primera, la presentaron el 28 de septiembre de 2023 por los herederos del finado Estefanor Rodríguez Manrique, hijo de Nicasio Rodríguez, dueño legítimo, según escritura No 2966 del 11 de octubre de 1988. La segunda, el 24 de noviembre de 2023 por José Faustino España Moratho y Álvaro Luis Cubas Montes. Estos, supuestamente, le compraron el derecho de posesión a Ruperto Zurita Berrío. Lo curioso, el inspector en vez de atender la petición de los herederos que presentaron documentos del buen derecho, prefirió tramitar la de los supuestos poseedores que presentaron pruebas fabricadas por peritos.
Sin embargo, los herederos de Rodriguez Manrique señalan que efectivamente su abuelo le vendió a Zurita Berrío 7 hectáreas de las 40 que comprende el predio. A su vez, al parecer, Zurita o su esposa Dilia Romero de Zurita le vendió a España Moratho y Cubas Montes. Estos corrieron la cerca e hicieron sacar a los campesinos del terreno, según denunciaron. Los presuntos poseedores presentaron una querella ante la inspección de policía de Martín Alonso Arce Gutiérrez.
Pruebas pre-fabricadas que amparan el despojo
Lo más curioso de todo es que los supuestos poseedores, en vez de títulos, presentaron pruebas sacadas de inspecciones de peritos. Por ejemplo, Sadiel Gamez Mendoza. En su informe dice que es un arquitecto especialista en proyectos. A pedido de los supuestos poseedores y de la misma Inspección de Policía, presentó un informe pericial de una visita técnica realizada el 26 de octubre de 2023.
La clave del informe pericial es demostrar que los supuestos poseedores tienen más de 33 años usufructuando el predio de La Ingeniosa. Para ello presentaron el testimonio de uno de los trabajadores. Se trata de Héctor Gómez González con cédula de ciudadanía No 9.040.415.
Vendieron 7 hectáreas
Los Rodriguez, legítimos herederos, manifiestan que efectivamente en 1988, su abuelo Estefanor Rodríguez Manrique le vendió a Zurita 7 hectáreas del globo de terreno más grande que ellos poseen. En esa época existía una medida cautelar. Por esta razón vendieron esa cantidad para salvar el resto del área que no vendieron. Al parecer, el ingeniero José Faustino España Moratho y Álvaro Luis Cubas Montes, compraron la posesión a Zurita. Ahora ellos reclaman que son poseedores legítimos sin títulos, no solo de de las 7 hectáreas sino de todo el predio de La Ingeniosa que llega a 43 hectáreas.
Esa venta se produjo para pagar impuestos y otros menesteres con el fin de sanear la propiedad de los predios. Al parecer, España y Cubas, al comprar la posesión de las 7 hectáreas, en forma tramposa, ampliaron la cerca para tomarse todo el predio, según indicaron los labriegos que defienden su patrimonio.
Esas denuncias están soportadas con títulos legítimos que arrimaron en la querella y oportunamente presentaron ante la misma inspección que poca atención le puso.
¿Las inspecciones amparan el despojo?
Las inspecciones de policía son muy importantes para impartir justicia en la clarificación de las propiedades rurales. Hasta ahora muchas de estas inspecciones amparan el despojo, especialmente de los más débiles. Como quiera que la falta de claridad de la propiedad es uno de los problemas esenciales del campo, transparentizar el ejercicio de esta función, es clave para mejorar la convivencia, la paz y el desarrollo. Es una tarea directa del alcalde de Cartagena de Indias, Dumek Turbay Paz asumir el compromiso ante la sociedad para que erradique cualquier tipo conducta desviada de los inspectores en estos conflictos de tierra.
¿Por qué razón la labor de los inspectores es clave para la paz en el campo? Porque sus actos excepcionalmente pueden ser actos jurisdiccionales amparados por el artículo 116 de la Constitución Política. Esto permite que los conflictos no lleguen a la rama jurisdiccional, porque se hacen más prolongados y costosos. Así lo determina la Corte Constitucional en la sentencia T-176/11
“Cuando se trata de procesos policivos para amparar la posesión, la tenencia, o una servidumbre, las autoridades de policía ejercen función jurisdiccional y las providencias que dicten son actos jurisdiccionales”.
Este caso de La Ingeniosa o de Los Arrayanes, como muchos otros de Pontezuela y Bayunca, amerita que el alcalde Dumek Turbay actúe. Si es necesario aplicar la Operación Titán en la Inspección General y en cada una de las inspecciones de policía de la jurisdicción. Se necesita que Control Interno haga su Trabajo y si hay hallazgos penales, deben denunciarlos. La justicia comienza en casa.
En la próxima entrega detallaremos el ingenioso proyecto de Los Arayanes. Mientras tanto, Dumek Turbay debe echarle la Operación Titán al sistema de inspecciones de policías del Distrito para que no sea una cueva como la tuvo “Alí Babá” Dau y sus 40 inspectores.