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¿Qué trajo Dumek en sus alforjas? ¿Que trajo la delegación oficial de Cartagena de Indias en su «conquista» por la capital de la «madre patria»? Vino con una alianza estratégica sin precedente con el ministro de Industria y Turismo de España, Jordi Hereu, para transformar el sector turístico de la ciudad y crear oportunidades de negocios para los empresarios de ambos países. Ya están de regreso Dumek Turbay Paz, y David Caballero Rodríguez, alcalde y presidente del concejo distrital, respectivamente.

Las encuestas lo dicen, la caída de la imagen favorable de Gustavo Petro Urrego sigue en franco deterioro. Su nivel de aprobación cayó al 32%. Significa que su nueva estrategia de ir al territorio con un discurso radical fracasó. En tanto que a nivel nacional, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, es el mejor alcalde medido. Destronó al de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub, quedando en punta con el 79% de aprobación de sus gobernados. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, es el peor de los medidos: cayó al 47% de aprobación con una desaprobación de 44%.

Uno de los hechos que mostró con claridad el deterioro de las condiciones laborales del periodismo en Colombia, fue la salida de Jeivan Pinzón como uno de los periodistas «temporal por día» de Caracol Noticias, el medio que más factura en Colombia. Periodistas menoscabando a periodistas. Los sentimientos «antiturbayistas», subyacentes en la supuesta denuncia de «periodistas pagados» o «periodistas de estómago» de Cartagena, esconden la verdadera realidad del periodismo colombiano: La precariedad laboral.

Los elementos materiales probatorios, allegados a la Fiscalía, indicarían, sin duda, que La Mojana como La Guajira, se constituyen en otro ariete de la corrupción de los políticos que manejaron la UNGRD. En este sentido, los funcionarios que ocuparon la Subdirección de Manejo de Desastres de la UNGRD, en los últimos 8 años, cumplieron el mismo papel de Sneyder Augusto Pinilla Álvarez. Es el funcionario que manifiesta tener pruebas contra 15 parlamentarios, además de Iván Name y Andrés Calle, presidentes del senado y cámara, respectivamente. A ellos les entregó la suma de $4 mil millones en efectivo. Ahora bien, ¿qué va de Sneyder a Ariel, el otro ariete de la corrupción en la UNGRD?

Cerca 500 trabajadores en provisionalidad de la alcaldía de Cartagena, con más de 15 años de vinculación, saldrían de nómina. Así lo advierten a la directora del IPCC, Lucy Espinosa, los sindicatos del ente territorial. Esto como consecuencia del concurso de méritos de la Comisión Nacional del Servicio Civil- CNSC. Para las organizaciones sindicales del Distrito, es un concurso plagado de presuntas irregularidades que lo hace inaplicable y es contradictorio con el lema Cartagena con Derechos.

Una nueva estrategia de comunicación directa con las comunidades tal parece que está materializando el presidente Gustavo Petro Urrego con la iniciativa ‘Gobierno con los Barrios Populares’. Hoy se originó desde El Pozón, donde habitan más de 100 mil cartageneros, muchos desplazados víctimas del conflicto armado colombiano.

Dentro del viejo conflicto de tierras de la familia nativa de los Girado con el empresario Gabriel Echavarría Obregón, en Playa Blanca (Barú), Cartagena, el inspector de policía de Pasacaballos, Fernán Pérez Saravia, le concedió a los supuestos invasores (los Girado) 5 días hábiles para desocupar el lote del cual hacen posesión en Punta Seca, isla de Barú. Si bien esta decisión despertó un malestar generalizado dentro de la comunidad nativa que podría ocasionar hechos que lamentar, ello reflejaría un presunto tráfico en la Secretaría del Interior de Cartagena como en las inspecciones de policía.

Así como están abandonadas física y administrativamente las inspecciones de policía de Cartagena de Indias, no contribuyen a la seguridad de la propiedad sino que amparan el despojo a los campesinos. Por ejemplo, ante la Inspección Rural de Policía de Pontezuela, al norte de Cartagena de Indias, jurisdicción de la Localidad Dos, asistimos a la expedición de un amparo policivo con una presunta motivación falsa. Solo busca legalizar el despojo a los campesinos para entregarle la propiedad a oportunistas del negocio inmobiliario y turístico de Cartagena aliados con inversores foráneos.