Ese 12 de enero del 2023 los astros experimentaron una «alineación divina» en torno al Juzgado Octavo Penal Municipal de Cartagena para adoptar un prevaricato: una decisión manifiestamente contraria a la ley. Esta conducta refleja la evidente corrupción judicial, como fenómeno estructural del Estado. Todas las partes de la audiencia, mediante la cual se debía imponer medida de aseguramiento a uno de los conspiradores materiales del Caso Gloria Estrada, el patrullero Alexander Salas Mercado, se conectaron puntualmente en lo virtual. Lo curioso: era el 7° intento. Y, en segundo lugar, el juez titular se fue de licencia unos días hasta cuando tomaron la absurda decisión: abstenerse de imponer medida de aseguramiento.
Sin embargo, la realidad dista de que haya sido una “fuerza divina” la que los alineó. La única fuerza, el único motivador debidamente documentado, al parecer, fue la necesidad de encubrir a los autores intelectuales del complot. Si Salas Mercado confiesa, como le había prometido a la Fiscalía, evidentemente los autores intelectuales del complot contra Gloria Estrada caerían. Pero Salas echó la reculada del ovejo. Algunas fuentes que lo conocen, dicen que está siendo protegido y financiado por algunos duros. Este hecho demuestra que la corrupción judicial es más perversa que la maldad de los delincuentes. Si la rama judicial está secuestrada por la corrupción, los delincuentes se reproducen como verdolaga.
La hipótesis del prevaricato
El prevaricato es una conducta torcida de un funcionario público. Se configura cuando el operador jurídico, al expedir la resolución o dictamen, lo hace abiertamente en contra de lo que regula la ley y lo que dicen las evidencias. La hipótesis de la existencia de un concierto para encubrir a sospechosos del pacto perverso para sembrarle un kilo de drogas al vehículo de la presidenta del concejo, la demostraremos a partir de esta primera entrega.
Asimismo, se comprueba que un delito como este complot criminal lo quieren encubrir con otro. Si, estamos asistiendo a un concierto para delinquir que pone de manifiesto la corrupción judicial y la falta de garantías para castigar a los delincuentes, conocer la verdad y redimir a las víctimas. Presuntamente, en este caso estarían involucrados (¡atención!) un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena, el juez y la fiscal de la causa y otros funcionarios que hicieron posible esa «alineación divina» ese 12 de enero de 2023.
Por lo menos el juez José David Barrios Acevedo, quien presidió esa audiencia se debió declarar impedido por amistad muy cercana a uno de los que aparecen sindicados como autores intelectuales del complot. Esta situación llevó injustamente a la cárcel a la presidenta del concejo de Cartagena Gloria Estrada y a su compañero Martín Barreto. No es un delito de menor categoría.
Ese hecho que ponemos al descubierto no puede ser considerado como una «manzana podrida». Es un fenómeno sistémico y muy estructural. Amerita que el fiscal general Francisco Barbosa, la procuradora nacional Margarita Cabello, y el Consejo Superior de la Judicatura, investiguen y despejen esta hipótesis que analizamos a la luz de la libertad de expresión y de prensa. Lo que está sucediendo en el poder judicial de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta no le da garantía a los usuarios del poder judicial. En estas Tres Perlas del Caribe pululan piratas y corsarios que tienen licencias para hacer maniobras que socavan la transparencia y la confianza. La justicia está al servicio del mejor postor, de acuerdo a los casos que hemos documentado en VoxPopuli Digital.
La mujer del juez y el prevaricato
Empecemos por decir que el juez sustituto que presidió la audiencia donde se abstuvo de imponer medida de aseguramiento al exagente Alexander Salas Mercado se llama José David Barrios Acevedo. Un abogado que llegó a ese cargo por ser amigo de un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena, al decir de una fuente de entero crédito. Su compañera sentimental se llama Patricia Tafur, quien fuera mano derecha del excontralor Fredys Quintero. Ellos llegaron a esa entidad gracias al poder político del concejal Luis Cassiani. Cassiani aparece como protector y cómplice de Pedro Aponte. Aponte, junto al exalcalde local 2 Andy Reales, son sindicados de ser autores intelectuales del complot político junto al «hombre de atrás». ¿Se entiende este entramado?
Debemos decir que la mujer del juez, Patricia Tafur, hace parte del círculo político de Luis Cassiani, y por ende, de Pedro Aponte y Andy Reales. Si Alexander Salas habla sobre el presunto hecho de haber recibido $40 millones de Aponte, podría implicar al mayor Gustavo Bueno Aguilar, quien pudo ser contactado por Aponte, así como lo hizo con el capitán Cadena Tanganá para que le hicieran «la vuelta».
Se presume que el abogado que fungió de juez es amigo del excontralor distrital Fredy Quintero, quien llegó a ese cargo gracias a la influencia política del concejal Luis Cassiani, a quien se le sindica de ser cómplice del complot político donde aparecen como víctimas Estrada, Barreto y Villamizar. Recordemos que cuando Gloria Estrada logró la mayoría en el concejo hizo sustituir al contralor Quintero por Rafael Castillo. Castillo hizo tres movimientos como contralor distrital que se ganó la enemistad del edil Pedro Aponte, Luis Cassiani y del alcalde William Dau. Al primero le suspendió el alcalde local 2 Andy Reales. Al segundo, le quitó el personal que tenía en la contraloría. A Dau lo suspendió junto a Johana Bueno, quien fuera directora del Dadis. Aquí está el presunto móvil de este complot.
El Juez Fantasma y el evidente prevaricato
Hay hechos que por sí solos son curiosos o sospechosos. Y en el caso de este proceso, se presentaron varias «alineaciones divinas». La primera, todas las partes se conectaron ese día. No hubo problemas de conectividad. En los seis intentos anteriores faltaba siempre alguien de la institucionalidad o del procesado. Advertimos una deliberada estrategia de dilación orquestada desde la defensa. La segunda, sospechosamente el juez titular, Luis Germán Herrera Vanegas, se fue de licencia. Este es un patrón criminal que hemos descubierto en el poder judicial de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. [Lea: Caso Mamatoco, la mácula del pequeño imperio de Caicedo (I)]
La estrategia es la dilación. Cuando ya tenían todo cuadrado ¡por fin! realizaron la audiencia del 12 de enero donde el juez se abstuvo de imponer medida de aseguramiento al procesado. Las veces anteriores la audiencia no se había podido realizar porque unas veces faltaba la defensa técnica, otra veces el procesado no se conectaba. O a veces la fiscal Dora Patricia Cáceres o el mismo juez titular, Luis Germán Herrera Vanegas, no podía. Siempre había una excusa. Y las víctimas del complot allí, esperando con paciencia a una justicia que siempre llega chueca o torcida.
Esa audiencia se asemejó al acto cuando el gato hace su necesidad y la tapa con la arena disponible. Tenían que cuidarle las espaldas a jueces, fiscales, a la procuradora Diana María Giraldo y todos los que participaron en el proceso del complot político. Pero, sobre todo, podrían estar haciéndole el mandado a políticos y financistas rivales de Gloria Estrada autores intelectuales. ¿Con qué plata está financiando el expatrullero Salas Mercado esta defensa con cipote estrategia dilatoria? ¿Lo está haciendo Pedro Aponte o su socio a la sombra? Ummm sospechoso.
Licencia sospechosa del juez titular
De manera, que en la audiencia del 12 de enero pasado el juez titular Herrera Vanegas no estaba. Es un consabido recurso para lavarse las manos. Es el mismo juez que puso en libertad al jefe paramilitar Luis Francisco Robles Mendoza, uno de los autores materiales de la masacre de El Salado. Un paramilitar al servicio de Enilse López que ordenó la muerte del vigilante del peaje de El Carmen de Bolívar. Esta decisión fue revocada por el Tribunal de Bogotá a donde fue trasladado el caso, porque aquí no había garantía judicial en la región. Y Enilse López fue condenada a 37 años de cárcel. (27 preguntas para un juez censor del periodismo libre).
En aquel tiempo, mentideros judiciales dijeron que al juez y a otros funcionarios lo habían comprado con un «billete largo». Pero (¡adivinen!), en este caso curiosamente se había ido de licencia remunerada como para no meterse en problemas con una decisión que probablemente ya tenían concertada. Luis Germán Herrera tenía mucho que perder porque sería reincidente para adoptar una posible conducta prevaricadora, y no estaba dispuesto a arriesgar la pensión que está a punto de alcanzar. Tal conducta la tomó el juez sustituto, José David Barrios Acevedo. Una fuente del juzgado me aseguró que el titular regresó de su licencia ayer 18 de enero. Es decir, tres días hábiles después de que su sustituto se abstuviera de imponer medida de aseguramiento contra el exagente Alexander Salas. Fue una licencia sospechosa.
En efecto, tanto la conducta del juez titular como la del supernumerario expresan dudas al momento de tomar decisiones judiciales. Eso no es transparencia judicial. Luis Germán Herrera tiene oscuros antecedentes. Por ejemplo, le hizo el mandado al pastor Miguel Arrázola en el 2020 para mandarme detenido 10 días por el simple hecho de desenmascarar a un falso profeta. No tenía la competencia, ¡pero prevaricó! El periodista le hizo un bien a la sociedad para que estos timadores de la fe no sigan esclavizando espiritualmente a miles de creyentes. De 25 mil feligreses, su iglesia quedó reducida a la mínima expresión. ¿Cuánto perdió? Pero, la justicia, que está al servicio de la perversidad y de los impíos, castigó al periodista para esconder la verdad. Esos 10 días detenido los pagué con gusto, porque la verdad siempre prevalece. Este artículo se lo dediqué al pastor Arrázola que podrías leer: Sin el traidor de Judas, Jesús no hubiera cumplido su misión.
El prevaricato que favorece el crimen
Entonces, Barrios Acevedo, el juez supernumerario, se embutió la toga y la manchó con su auto prevaricador. Un mes antes trabajaba en Estados Unidos, pero como tiene magistrado amigo, todo es posible. Llegó de paracaídas para consolidar la perversidad del complot contra Gloria Estrada y su compañero Martín Barreto. Al abstenerse de tomar medida de aseguramiento contra este expolicía, cuyo comportamiento lumpenesco al interior de la institución fue la causa de su retiro, podría estar prevaricando.
Es más, el hecho detonante para su salida no pacífica de la institución, fue su papel fundamental en el falso operativo policial donde capturaron a Martín Barreto, Gloria Estrada y Avelino Villamizar. ¿Puede ser un peligro para la sociedad un agente de policía que fue separado a raíz de los procesos disciplinarios encausados? Si es peligroso en una institución como la policía ¿cómo no va a ser para la sociedad? Si fue capaz de conseguirse un kilo de cocaína de pésima calidad con alias Pity Pity (no Paty Paty), un distribuir del microtráfico de San Francisco, ¿qué podría hacer en libertad para eliminar las pruebas que existen en su contra?
La corrupción judicial y el prevaricato
De acuerdo a la jurisprudencia existente, la medida de aseguramiento se adopta teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad. Este hecho no lo tuvo en cuenta el citado juez Barrios Acevedo ni la dudosa fiscal Dora Cáceres, quien, al parecer, está al servicio de intereses políticos que demostraremos en otra investigación contra ella. La fiscal se abstuvo de solicitar dicha medida de aseguramiento que sustentaron los abogados de las víctimas del complot. La limitación al derecho fundamental a la libertad sólo es legítima en tanto se demuestre la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto de la medida restrictiva, señala la Corte Suprema de Justicia.
En ese sentido, la medida de aseguramiento sólo es posible si se dan una de estas tres condiciones (parágrafo 2º del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal): (1) Evitar la obstrucción de la justicia. (2) Asegurar la comparecencia del imputado al juicio (riesgo de fuga). (3) La protección de la comunidad y de las víctimas. Una fiscal que aboga por la justicia y la seguridad pública se vería en la imperiosa necesidad de solicitar la medida de aseguramiento para un procesado de mala conducta. En el proceso se allegó la prueba que indica de que Salas fue separado porque era un policía corrupto, más que una manzana podrida al interior de la institución. Esta sola prueba es el peso suficiente que debía hacer inclinar la balanza de la justicia para favorecer a las víctimas del complot.
Diana María Giraldo ¿la inquisidora?
A manera de referencia, ¿por qué el juez de garantías Rubén Galarza, la fiscal Rashid Alí Cárcamo y la procuradora Diana María Giraldo, hace un año no tuvieron compasión contra Gloria Estrada, Martín Barreto y Avelino Villamizar para imponerles medida de aseguramiento luego del falso operativo? ¿Estarían también comprados? Estrada, Barreto y Villamizar no tenían antecedentes penales y su conducta carecía de indicios de ser peligrosos para la sociedad. Pero los metieron en la cárcel.
Incluso, la procuradora Giraldo se comportó como inquisidora al servicio de los autores intelectuales de este complot, y dejó a un lado su papel como defensora de los derechos fundamentales y del Estado Social de Derecho. Diana María Giraldo impugnó la decisión del juez que ordenó medida de aseguramiento domiciliaria contra Gloria Estrada. Ella, siendo presidenta del concejo, quería que la mandaran a la cárcel del Buen Pastor, pese a tener a un hijo menor en condiciones de discapacidad. A Barreto y Villamizar lo mandaron a la cárcel de Ternera. ¿La justicia tiene dos cedazos? ¿Dos escalas de valores? ¿Una para los delincuentes que pasan a ser santas palomas y otra para los ciudadanos de bien que son tratados como delincuentes?
A un año del complot
El 14 de enero de 2022 quedará grabado en la historia política, de la policía y el poder judicial de Cartagena. En un operativo fantasma y sospechoso realizado por un cuadrante de la Policía Nacional de Manga comandado por el patrullero Alexander Salas, al final del puente Román, fue detenida la presidenta del concejo distrital de Cartagena, Gloria Estrada Benavides. Al patrullero se le sindicó de ser el sujeto que sembró el kilo de cocaína de mala calidad. Por el operativo presuntamente pagaron a los policía $40 millones.
Vale recordar que ese cuadrante es parte del Distrito Policial comandado por el mayor Gustavo Adolfo Bueno Aguilar, quien ahora se encuentra de vacaciones. Según una fuente oficial, el proceso de investigación disciplinaria que esa institución realiza por la presunta conducta dolosa asumida en el complot, podría llevar al alto mando a separarlo o en su defecto a ser trasladado.
Según esas evidencias, Bueno Aguilar jugó un papel preponderante en la comisión material del delito. Presuntamente, de acuerdo a los testimonios allegados al proceso, el oficial fue la conexión entre los autores intelectuales (entre ellos Pedro Aponte y Andy Reales) y los agentes de policía que realizaron el falso positivo.
A un año de ese complot, las víctimas demostraron su inocencia. Se comprobó la hipótesis que Vox Populi Digital construyó: un montaje con intereses políticos. Fue el único medio periodístico que desafió la unanimidad de la institucionalidad que condenó por anticipado a las víctimas. El poder judicial y la policía quedaron en cochinadas. Se destaca el papel perverso de la procuradora Giraldo que se convirtió en una vulgar inquisidora. Así se demuestra que la Procuraduría solo sirve para intereses oscuros de la política vulgarizada. Pero, la peor cochinada es la que está haciendo el poder judicial con los procesados del complot. Se hace urgente la intervención del Consejo Superior de la Judicatura y de la Fiscalía General. El poder judicial está lleno de abogados mercenarios que manchan la toga. Como dijera Senén González, el diablo vestido de toga.