¿Qué interés particular tienen el comandante de la policía de Turbaco, capitán Andrés Bustos y los inspectores de policía de Bayunca y Pontezuela, Arnaldo Hidalgo Hurtado y Martín Arce, respectivamente, con las tierras que presuntos narcos les pretenden despojar a campesinos del noroccidente de Cartagena? Como fresa del pudín, estos procesos policivos ilegales lo ejecutan con ¡falsedad procesal! La notaría donde dicen haberlo hecho los poderes falsos, certificó que esos códigos de expedición no corresponden a su despacho.
Lo extraordinario, en las audiencias judiciales los apoderados de los campesinos con títulos de propiedad, impugnaron los poderes de representación judicial concedidos por Sonia Gómez Alzate, presunta testaferro del narco Javier Ocampo Upegui, alias «JO». Lo grave, los inspectores no presentaron las denuncias respectivas ante la Fiscalía. Pecaron de prevaricato por omisión.
Vale recordar que en 2009, Javier Ocampo Upegui, alias «JO», conoció a Simón Vélez, el arquitecto que hizo la vaca de Gustavo Petro cuando ganó la consulta popular del Polo en 2009. La línea de conexión fue a través de Libardo Parra, excompañero del M-19 de Petro, hoy presidente de la República. También alias «JO» infiltró la Procuraduría General de la Nación en el período de esplendor del Cartel de Cali.
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¿Inspectores y policía aliados de narcos?
Gildardo Guzmán ―quien sucedió a Gregorio Rico como administrador de la finca Canalete, propiedad del presunto narcotraficante alias «JO»― es el apoyo logístico de los piquetes de policía dirigido por el capitán Andrés Bustos en estos operativos que son contrarios a la ley y, específicamente, al Código Nacional de Policía.
Con ese poder expedido a abogados cómplices, como Chestier Pitalúa y Edson Jair Ahumada Pinedo, los campesinos del predio Santa Elena del Bajo Retiro, vienen siendo víctimas de procesos de desalojos sin sustento legal.
En tanto, denuncian que el hombre detrás de estos hechos arbitrarios de la policía de inspectores de policía es el presunto narcotraficante Javier Ocampo Upegui ―alias «JO»―, un ex M―19 y ex líder del Movimiento Nacional Latino del narcotraficante Carlos Lehder Rivas, del Quindío. Al decir de los campesinos, es el propietario de la finca Canalete que aparece a nombre de Sonia Gómez Alzate.
ASÍ TORTURAN A CAMPESINOS
Gregorio Rico, el inspector y alias «JO»
Una de las fichas clave usada para este propósito de despojo es el inspector de policía de Bayunca, Arnaldo Hidalgo Hurtado. El funcionario viene enfrentando varios procesos penales y disciplinarios por su conducta torticera.
Por ejemplo, recientemente la Procuraduría General de la Nación (PGN) le formuló pliego de cargos por omitir una solicitud de nulidad de la familia del Río en la denuncia de Petrona Grau y Carmelo Grau Murillo. Hidalgo Hurtado rechazó de plano la solicitud de nulidad de los querellados Adelina Quintana del Río, Carlos del Río Quintana y Ricardo del Río Quintana.
En cuanto al proceso de Santa Elena, se involucró el que fuera alcalde de la localidad 2, Gregorio Rico y su esposa Chestier Pitalúa. Esta funge de abogada con poder, supuestamente, ¡falso! firmado por Sonia Gómez Alzate. Los problemas que tuvo con Javier Ocampo Upegui lo obligó a pedir asilo a Canadá.
Con ese poder judicial falso, el inspector de Bayunca, Arnaldo Hidalgo, inició un proceso de desalojo con la abogada Chestier Pitalúa, esposa de Gregorio Rico, representando a Sonia Gómez Alzate. Esta señora es un fantasma. Nadie la conoce. Nunca ha aparecido por estos lares. Pero su nombre se sigue usando por indicación, presuntamente, del testaferro de Carlos Lehder Rivas para despojar a los campesinos de esos predios.
Los campesinos denuncian ¡falsedad procesal!
La paradoja: la actuación de las inspecciones de policía y de la MECAR va en contravía del acto legislativo No 1 de 2023 que fue aprobado por decisión de la sentencia C-077-2017. La Corte consideró que:
«Los campesinos y los trabajadores rurales son sujetos de especial protección constitucional en determinados escenarios. Lo anterior, atendiendo a las condiciones de vulnerabilidad y discriminación que los han afectado históricamente».
C-077-2017
Precisamente, esa denuncia proviene de organizaciones campesinas del corregimiento de Bayunca como Mozambique, Cope y Campo Alegre. Señalan el caso específico sucedido entre el 31 de agosto 1 de de septiembre de 2024 cuando el capitán de la Policía Metropolitana de Cartagena (MECAR), Andrés Bustos, mantuvo un sitio de 18 horas seguidas contra las posesiones de los labriegos.
«Nos sentimos acosados, intimidados, amedrentados por los agentes de policía al mando del capitán Andrés Bustos, quien hoy sábado y a esta hora de la noche nos tiene acosados y amedrantados».
Varias patrullas de la Policía Metropolitana de Cartagena (MECAR) llegaron desde la mañana del sábado 31 de agosto con el objetivo de desalojar a los trabajadores del campo que poseen sus tierras con justo títulos. Algunos de estos predios los pretenden ricos empresarios y poderosos narcos del interior del país que piensan montar varios proyectos inmobiliarios en esa zona.
¡Falsedad procesal!
Existe un abultado expediente cercano a mil folios en torno al conflicto de del predio denominado Santa Elena, en el Bajo Retiro. Son 100 hectáreas de las cuales desalojaron ilegalmente en varias oportunidades a los campesinos. El predio limita con la finca Canalete, la cual es custodiada por hombres armados que torturan a cualquier persona sorprendida en su interior.
Lo sorprendente es que los poderes, al parecer, son falsos, al decir de la Notaria Segunda encargada, Faissuris Amarís Peñaranda.
La denuncia por falsedad procesal
Por esa razón, Oscar Prada y Antonio Laitano, exdirectores de Fiscalía, antes de que llegara Ibeth Hernández, y apoderados de los campesinos propietarios, presentaron en junio de 2023 denuncia penal por falsedad procesal contra los implicados. Se incluye a los inspectores, a la esposa de Gregorio Rico, Chestier Pitalúa y Edson Jair Ahumada Pinedo, Leyder Enrique Triolo Mejía con cc 73182244 y Miguel Ángel Marziglia Muñoz con 73151013. Este último hace parte del Club Green Monster BMX.
Policía viola el código con poderes falsos
De acuerdo con los abogados de los campesinos, el comandante del Distrito No 4, que incluye a Turbaco, presuntamente está violando el Código de Policía, porque no portan ni tienen una justificación legal para realizar dichos operativos. En tanto, al no existir ninguna justificación legal para esos operativos, la policía estaría prevaricando.
Como lo explicaron los abogados, hasta ahora, la policía no tiene una queja debidamente procesada para actuar de la forma como lo está haciendo. Esto implica que está instrumentalizada por intereses particulares que pretenden desalojar a los campesinos para realizar sus grandes proyectos inmobiliarios.
El artículo 81 del Código Nacional de Policía, a la letra dice:
«Cuando se ejecuten acciones con las cuales se pretenda o inicie la perturbación de bienes inmuebles sean estos de uso público o privado ocupándolos por vías de hecho, la Policía Nacional lo impedirá o expulsará a los responsables de ella, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocupación».
Por tanto, el responsable de esos operativos, en este caso el capitán Andrés Bustos, estaría incurso en un delito de prevaricato por acción. Por esta razón, podría ser denunciado ante las autoridades correspondientes por las mismas organizaciones campesinas.
¿Qué dice el capitán Bustos?
En varias oportunidades llamé al comandante del Distrito No 4 de la policía, Andrés Bustos, quien también es comandante de la policía de Turbaco. Pero no recibí ninguna respuesta. Llamé al comandante de la MECAR, Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón, pero la ayudantía del oficial me remitió nuevamente al director del Distrito No 4.
Finalmente, no obtuve las declaraciones del capitán Bustos ni del comandante de la policía que sí tiene personal para perseguir a campesinos con títulos y sitiarlos 18 horas como sucedió el sábado 31 de julio, mientras Cartagena es abatida por el sicariato y los criminales de organizaciones delictivas.
En tanto que los abogados de los campesinas manifestaron a VoxPopuli Digital que este lunes presentarán denuncias penales contra los ex inspectores y el comandante de la policía de Turbaco, capitán Andrés Bustos.
Atención a esta perla. Javier Ocampo Upegui, alias «JO», fue el encargado de infiltrar a la Procuraduría General de la Nación desde sus altos funcionarios, en la época de oro del Cartel de Cali. Tenían, entre otros, al procurador Delegado para la Policía Judicial, Guillermo Villa Alzate, quien servía desde su cargo a intereses diversos de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. La evidencia la presentó el mismo Javier Ocampo Upegui, vocero del Movimiento Latino, en aquella época.
Próxima entrega
Las otras falsedades para despojar a campesinos propietarios (III)