¿Existen posiciones opuestas entre el ministerio de Medio Ambiente y el ministerio de Transporte? Con la llegada hoy del ministro de Transporte Guillermo Reyes a Cartagena para dialogar con los empresarios y periodistas, puso al descubierto su decisión: La adjudicación de la licitación no tendrá más aplazamientos después del 12 de septiembre. Contrario a lo que dijo la Ministra del Medio Ambiente Susana Muhamad. Ella explicó que el megaproyecto “Restauración de los Ecosistemas Degradados Canal del Dique” debe cumplir con las consultas previas y tener una licencia ambiental.
La pregunta clave que se debe hacer no es si se debe aplazar el proyecto o no. La pregunta clave es saber si de aquí al 12 de septiembre el megaproyecto puede subsanar los problemas estructurales que las comunidades han denunciado.
¿Posiciones opuestas?
La ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, y el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, dan la impresión de que pertenecen a un gobierno diferente. Mientras el presidente Petro y su ministra de Medio Ambiente hablan de soberanía alimentaria, respeto del medio ambiente y participación social, el de Transporte considera redundante más reuniones con las comunidades. ¿Contradicción gubernamental?
La misma ministra del Medio Ambiente había advertido varios hallazgos en la comisión de empalme. Los ratificó ante los medios de comunicación en Cartagena: (1) Se debe verificar si cumplió o no con las consultas previas necesarias en la Ecorregión. (2) El proyecto no tiene licencia ambiental, puesto que necesita un Plan de Manejo Ambiental.
Si bien es cierto que el ministro del Transporte accedió aplazar la adjudicación del 12 de agosto al 12 de septiembre, parece que no lo hizo para atender las peticiones de las comunidades y de la Contraloría General. Todo indica, a juzgar por las mismas comunidades, que busca acomodarse al cauce de las aguas delineadas por la anterior administración.
En efecto, el ministro del Transporte en el panel de hoy en la Cámara de Comercio de Cartagena con Hora 20 de Caracol, compartió espacio con representantes de los gremios, empresarios, la academia y medios de comunicación. La comunidad, la gran ausente, la misma que impactará el megaproyecto. La comunidad es objeto pero no sujeto de la participación y sus decisiones no son vinculantes frente al operador de la Alianza Público Privada.
Asamblea Popular
Frente a este evidente hecho de discriminación y exclusión material de las poblaciones afros e indígenas, hubo voces divergentes. Por ejemplo, el abogado Adil Meléndez Márquez, de la Alianza para la Defensa y Desarrollo del Canal del Dique, se presentó, aunque no fue invitado, y denunció en el mismo evento:
“Queremos manifestarle al gobierno nacional del presidente Petro que no somos enemigos del proyecto. Que el ministro del transporte dijo que a la (audiencia de) Santa Lucía podían ir los que quisieran ir. Que no habría más reuniones. Dijo que se estaría redundando y no habría más aplazamientos”.
Como representantes de las comunidades se hicieron presentes sin ser invitadas, finalmente el ministro del Transporte Guillermo Reyes accedió a llegar a un acuerdo con ellos. En primer lugar participará en la Audiencia y Asamblea Popular que se realizará el próximo 30 de agosto en Cartagena con la coordinación técnica de la Alianza Canal del Dique.
A esa misma asamblea serán invitados la Procuraduría Delegada para Agricultura y Medio Ambiente, la ministra del Medio Ambiente, Susana Muhamad, los gobernadores de la subregión, representantes de los gremios económicos y expertos en la materia.
Megaproyectos, profundizan pobreza y ecocidio
A lo largo de la historia reciente, los proyectos de infraestructura han contado con el beneplácito del Ministerio de Medio Ambiente sin hacer ninguna objeción. De la misma forma, este ministerio no ha servido de contrapeso para preservar sosteniblemente los recursos naturales. Tampoco se ha tenido en cuenta el contexto social de los macroproyectos. Esto es, las aspiraciones e intereses de las comunidades son soslayadas por el mismo Estado. (Leer: La autonomía de los pueblos del Canal del Dique se respeta).
La participación de las comunidades no es efectiva. Las mismas consultas previas las corrompieron desde el gobierno central. Tanto que varias de ellas prácticamente las compraron por la ANI, tal como se demostró en las investigaciones periodísticas realizadas con la colaboración de las comunidades. (Leer: Denunciado penalmente funcionarios del Ministerio del Interior por Consejo Comunitario).
Esa situación ha ocasionado que los megaproyectos de infraestructura eléctrica, vial o para la economía extractivista no sean planificados bajo el principio de la precaución ambiental. Solo tiene un afán económico o meramente de funcionalidad infraestructural depredando el medio ambiente. Este modelo profundiza la pobreza, la desigualdad y el ecocidio en las regiones.
Posiciones opuestas que se pueden armonizar
Por tanto, como consecuencia de esa falta de contrapeso de la institucionalidad ambiental, han ocurrido graves irregularidades en los megaproyectos de infraestructura en Colombia. Los principales afectados son los territorios ancestrales de comunidades afrocolombianas, U’WA, Paez, Embera Katio, Zenú, pescadores del Río Sinú, campesinos del Macizo colombiano. Los grandes megaproyectos petroleros de la región de la Orinoquía han provocado nocivas consecuencias para sus poblaciones y medio ambiente.
En el mismo Canal del Dique la población ha sufrido las consecuencias de ese modelo de desarrollo económico. Es un modelo poco sostenible social y ambientalmente. Por ejemplo, las intervenciones estatales y privadas que ha tenido este brazo del río Magdalena desde el XVII solo se ha hecho con el interés económico. La navegabilidad de embarcaciones mayores para transportar la carga y pasajeros que vienen del interior del país por el Magdalena.
Nunca se ha implementado obras realmente para la recuperación de los ecosistemas. Desde que el Canal del Dique pasó de 113 a 93 el número de curvas, condujo a que el sedimento del río Magdalena entrara con más fuerza a las bahías de Cartagena y Barbacoas. Según la historiadora María Aguilera Díaz para 1960 el caño del Estero se había sedimentado por completo lo que llevó a que en 1961 se construyera el caño de Lequerica con una longitud inicial de 200 metros.
Hoy, el Canal del Dique pasó de 93 a 50 vueltas, debido a las famosas rectificaciones que vienen haciendo desde la década de los 60. Por esta razón, en 2010 se produjeron grandes inundaciones por causa del fenómeno de la Niña.
¿Qué es el Canal del Dique?
Para responder a esa pregunta, vamos a la investigación realizada por la economista María Aguilera Díaz del Centro de Investigación del Banco de la República:
“La subregión Canal del Dique, ubicada en la Costa Caribe colombiana, es una llanura aluvial conformada por un complejo de humedales en donde habitan una gran biodiversidad de especies terrestres y piscícolas. El recurso hídrico es su principal activo ambiental y el eje del sostenimiento económico y cultural de las comunidades asentadas allí. Las principales actividades económicas son la agricultura, la ganadería y la pesca, predominado la explotación artesanal y de subsistencia. Pese a que esta subregión posee una gran riqueza natural, su gente presenta altos niveles de pobreza por su baja educación, deficiente cobertura de servicios de saneamiento básico y bajos ingresos.
María Aguilera Díaz. Banco de la República 2006.
Esa investigación concluyó:
Para lograr el desarrollo sostenido en esta subregión es necesario invertir en el capital humano. Es decir, mayor y mejor educación y salud a su población, para que se conviertan en controladores y conservadores de sus riquezas naturales y mejoren la productividad de sus actividades económicas.
La intervención al Canal del Dique
Según los historiadores, desde 1571 hasta 1984, se han realizado toda una serie de intervenciones sobre la ecorregión del Canal del Dique bajo la necesidad de optimizar la navegación fluvial entre Cartagena y el interior del país y viceversa.
Pero en 1996, el ministro de medio ambiente de la época, José Vicente Mogollón, en nombre del gobierno de Ernesto Samper, declaró que el Canal del Dique era un error histórico por el desastre ecológico ocasionado a las bahías de Cartagena y de Barbacoas.
En ese momento se habló de un proyecto de recuperación de la ecorregión que incluía un conjunto de ciénagas. Entre ellas, las del Guájaro (35.000 hectáreas), Floral Loral (45 kilómetros cuadrados), Juan Gómez (200 kilómetros), Los Negros (9.000 hectáreas), Jobo (12.000 hectáreas), Tupe (220 kilómetros), Matuya, (10 kilómetros), y María La Baja (1.000 kilómetros cuadrados).
Se dijo en ese momento que la meta del proyecto era salvar las bahías de Cartagena y Barbacoas, los corales del Rosario y los ecosistemas de ciénagas y caños existentes entre Calamar y Cartagena. Pero el proyecto actual excluye a Barbacoas, donde llegaría la mayor parte de los sedimentos, y a la mayoría del sistema cenagoso de la ecorregión. ( «Canal del Dique, un error histórico»).
El megaproyecto de la ANI no es ambiental
Contrario a la idea primigenia del megaproyecto, expuesta en el gobierno del presidente Samper, hoy el Ministerio del Transporte y la ANI, son las líderes de esa megaobra. Si es un proyecto ambiental, y si es de “recuperación de los ecosistemas degradados”, ¿por qué no es liderado por el Ministerio de Medio Ambiente y las Corporaciones Regionales Autónomas como se tenía pensado inicialmente? ¿Acaso hay un contrasentido?
Aquí suena el campanazo de alerta de las comunidades. Pero sus voces han pretendido silenciar. No han tenido receptividad estatal ni tampoco la tenían en los medios tradicionales. Hasta cuando hace dos años se comenzó la Alianza para la Defensa y el Desarrollo del Canal del Dique. Defensores de derechos humanos, líderes campesinos y periodistas recorrimos los 115 kilómetros de este afluente artificial del Río Magdalena. Escuchamos todas las voces resumidas en 25 audiovisuales que están colgados en las redes sociales de VoxPopuli Digital. ¿El gobierno de Petro continuará con una participación poco eficaz cuando se trata de megaproyectos como estos?
Proyectos depredadores
Si bien los proyectos extractivistas se llevan la bandera de ser los primeros en la destrucción del medio ambiente y del impacto negativo a las comunidades, debemos señalar que también los proyectos hidroeléctricos y de infraestructura vial se han convertido en los principales depredadores del medio ambiente y de las poblaciones. Solo mencionemos dos casos. Megaproyecto hidroeléctrico de Urrá y el reciente caso de Hidroituango. Pero no son los únicos.
Antes de la existencia del Canal del Dique, esas poblaciones eran conglomerados indígenas que practicaban la pesca y la agricultura. Vivían de los recursos que les proveía el conjunto de ciénagas que se comunican entre sí. Luego con la llegada de la población negra libre, toda la región sufrió una transformación cultural y económica, de acuerdo a los estudios que sobre el particular se han publicado. Es una ecorregión exuberante en recursos naturales que se viene deteriorando por 4 siglos de constantes intervenciones artificiales que solo buscan su navegabilidad a alta escala.
En cuanto al megaproyecto Canal del Dique, agenciado por el anterior gobierno, no escuchó a las comunidades. Y si el movimiento social no detiene este inexorable destino, el Canal del Dique se podría transformar, ya no en el cementerio de más de 9 mil desaparecidos (según la JEP) sino en una lápida de agua. Pues, no existe un plan ambiental que garantice la vida de todos los ecosistemas degradados, una vida digna que depende de su interacción sostenible con el medio que lo rodea. Será una tumba para la gente, pero también para esta ecorregión donde el agua es vida. Y si se modifica todo el sistema cenagoso ¿qué será de la vida de 150 mil diqueros?