EL MURO ANTICORRUPCIÓN DE LA CONTRALORÍA CONTRA DAU
Muro anticorrupción construyó la Contraloría General de la República (CGR) de Carlos Felipe Córdoba Larrarte por raponazo de $400 millones del alcalde William Dau. Busca contener el robo descarado de los recursos destinados a atender la emergencia del Covid—19. Es un muro anticorrupción para detener la fuerza del autodenominadoTractor y Veedor Anticorrupción, William Dau Chamat. Mientras tanto, la Procuraduría de Fernando Carrillo mantiene un silencio sospechoso.
En efecto, la CGR intervino la contratación distrital de Cartagena ejerciendo el control preferente, previo y concomitante. Esto hace parte de las acciones que viene librando a nivel nacional. Se trata de frenar la hemorragia de dineros públicos que algunas inescrupulosas administraciones locales y regionales están despilfarrando.
Contraloría ataca
El Contralor General Córdoba Larrarte, hasta ahora, expidió 22 resoluciones que ordenan la intervención funcional de 132 contratos por valor total superior a los 297.755 millones de pesos.
La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción —que el pasado 28 de abril inició la investigación sobre el sospechoso contrato No 08/2020— adelanta hoy 21 indagaciones preliminares, por una cuantía superior a los $50 mil millones en todo el país. Siete (7) están en reparto para abrir proceso de responsabilidad fiscal. Y se prevé que se tomará en cuenta el caso de Cartagena. El artículo 3 de la resolución dice:
“La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata remitirá a la Contraloría Delegada para el Sector Salud, toda la información recaudada y que concierna a los objetos de control relacionados en el artículo primero de este acto administrativo. Así como los informes que sobre el particular sean elaborados”.
El muro anticorrupción
La CGR emitió la Resolucion Intervención Funcional Delegada salud 30 de abril (3)-0832 (1). Con esta medida intervino el contrato No 08 del 8 de abril de 2020 mediante el cual William Dau contrató a la empresa barranquillera (tal como lo hizo Dionisio Vélez) Ventas Distribuciones y Marketing Ltda para el suministro de 10 mil pruebas rápidas con el fin de detectar el Covid—19. El caso es que esta firma solo tiene experiencia en mataratas y no en productos clínicos.
Algunos portales digitales veníamos denunciando el robo descarado con la contratación del Covid—19 en Cartagena y Barranquilla, y el departamento del Atlántico. Pero sin apoyo de los organismos de control institucional.
Esta decisión es una voz de aliento para seguir denunciando la galopante corrupción que se aprecia en esta región del país. Los gremios económicos y actores estratégicos privados locales y regionales tienen un peso específico en estos gobiernos. Cuentan con el apoyo tácito de los organismos de control.
Sobrecostos escandalosos
Cabe resaltar el papel de las veedurías. Este periodista, en varias ocasiones, consultó con Funcicar la necesidad de ejercer el control social sobre algunos contratos con Veneplast y Megatiendas. Finalmente decidieron ejercer control social sobre el contrato de las pruebas rápidas. Por su parte, el odontólogo y veedor César Cárcamo, al conocer esta decisión, dijo:
«El contratista Ventas Distribuciones y Marketign no era idóneo ni tenia la experticia para suministrar insumos biológicos. No eran distribuidores ni fabricantes. Había unos sobrecostos escandalosos por una perversa intermediación. Existían reconocidos proponentes que mandaron mejores ofertas y con precios reales, y no lo tuvieron en cuenta».
Cárcamo fue el veedor que documentó la queja y la presentó de inmediato a la Contraloría General, ya que la Contraloría Distrital está paquidérmica. De hecho, Funcicar se vió en la necesidad de denunciar el hecho ante El Universal. Este periódico local —como se nota— le protege las espaldas a William Dau, quien le dio dos contratos de publicidad cercano a los $100 millones. Su silencio también es sospechoso.
Este periodista tuvo acceso a la propuesta que una firma cartagenera le había hecho a la alcaldía. Si la hubiesen contratado, se hubiesen ahorrado cerca de $400 millones. El contrato fue acordado por la suma de $725 millones. Es decir, que las 10 mil pruebas rápidas podrían costar realmente $325 millones. El raponazo fue descarado.
Oportunistas
A nivel nacional la Contraloría adelanta dos procesos fiscales por $2.246 millones. Igualmente alertó a 26 gobernaciones y 67 alcaldías por presuntos sobrecostos y ambigüedades contractuales. Cartagena es una de ellas. Acá el muro anticorrupción tiene que ser más fuertes que las murallas.
¿Qué busca la CGR? Evitar que sigan despilfarrando y robando el dinero de los contribuyentes, especialmente los recursos destinados a contener el Covid—19 y las ayudas humanitarias para los más pobres.
Debemos destacar que el control preventivo y concomitante es una potestad de la Contraloría. Es una facultad recientemente confirmada en fallo histórico emitido por la Corte Constitucional sobre la reforma del control de los recursos públicos. Es como una especie de control en línea, es decir, en tiempo real. ¿Este muro anticorrupción puede ser más fuerte que el Tractor?
El control preventivo se diferencia del control previo. Le advierte al ordenador del gasto que la contratación objeto de investigación podría ser un detrimento patrimonial. Si esto se confirma, la Contraloría adopta las medidas preventivas para que no se roben el dinero del pueblo.
En tanto que en el control previo, el control lo hacen antes, es decir, en el proceso contractual. Fue un mecanismo que se desprestigió. Muchos contralores lo utilizaron para chantajear a las administraciones controladas e impedían su funcionamiento.
Detrimento patrimonial
En este contrato de las pruebas rápidas se podría presentar un detrimento patrimonial de $400 millones, tomando en cuenta el estudio del mercado y la presentación de otras propuestas mucho menos onerosas.
Pero la intervención va más allá. El muro anticorrupción se extiende hasta el juicio fiscal y el cobro de las medidas impuestas.
El literal f del artículo 19 del Decreto Ley 403 de 2020, señala que la intervención ordenada se extenderá hasta la culminación de la actuación correspondiente. Se incluye, la decisión de fondo sobre la responsabilidad fiscal y el cobro coactivo respectivo, si hay lugar a ello.
La Contraloría General de la República de Córdoba Larrarte viene vigilando la contratación de bienes o servicios a nivel nacional destinados a atender la emergencia nacional ocasionada por el Covid-19.
Un muro anticorrupción puede ser la resolución emitida por la Contraloría General. William Dau y sus secuaces, hasta ahora, tienen una actitud despectiva y temeraria. Se pasan por la faja las advertencias que el periodismo libre e independiente y las veedurías le están haciendo.
Este muro anticorrupción busca, además de recuperar los $400 millones raponados, detener la hemorragia de despilfarro del Turco Dau que ya dilapidó $25 mil millones. Y la Procuraduría de Carrillo muda.
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