La Justicia Especial de Paz, (JEP) revela que en su estrategia de ir avanzando en conocer la verdad y juzgar los distinto casos, el primero en iniciar fue el Caso 01 dado a conocer a finales de enero del 2021, contra los siete miembros del Secretariado de las FARC-EP, imputados por la JEP por secuestro tipificado como crímenes de guerra y lesa humanidad y le dieron de plazo de 30 días para aceptaran su responsabilidad.
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¿Fin de la impunidad del expresidente Álvaro Uribe Vélez? ¿Se acabará el poder de la legión de intocables encabezada por…
La confirmación del fallo condenatorio de la Corte Suprema de Justicia del Tribunal Superior de Bogotá contra la fiscal Claudia Elena Lozano Doria, comprueba la tesis que VoxPopuli Digital viene exponiendo con pruebas desde hace años: «Los Intocables» (empresarios que se enriquecieron y financiaron el paramilitarismo) son dueños de la Fiscalía. La fiscal del paramilitarismo condenada por falsedad al presentar diploma de abogada falso, también garantizó impunidad a criminales de lesa humanidad. Al mismo tiempo, persiguió a los enemigos de ellos. Su caso, no es aislado, demuestra cómo el paramilitarismo cooptó a la Fiscalía hasta encubrir estas falsedades en un organismo, cuyo protocolo de ingreso debería ser uno de los más rigurosos del país. Esta conducta sistemática en el período 1998 a 2010, provocó ―desde arriba― una falla de Estado en la administración de justicia.
Los Intocables financiaron desplazamiento forzados, crearon fosas comunes, homicidios, desapariciones forzosas, se robaron parte del Río Ariguaní, entre otros delitos de lesa humanidad, y a la mayoría no le pasa nada. Por ejemplo, en plena audiencia judicial virtual, el Intocable Rafael Matera Lajud (alias “300”), mostró en cámara cuando orinaba mientras el reconocido penalista Johnny González le hacía una pregunta sobre su participación en la financiación del paramilitarismo.
Murió Alfonso Macías Vargas, (84 años), según tuit de su abogado Rubén Darío Henao Orozco. Macías era uno de los intocables que financiaron y promovieron crímenes de lesa humanidad y hasta crearon fosas comunes para enterrar a sus víctimas en Cesar, Magdalena y Atlántico. Pero, su muerte no detendrá a la Fiscalía para adelantar el proceso de extinción de dominio sobre los multimillonarios bienes que amasó mediante sus crímenes y despojos violentos.
¿Arrepentimiento? ¿Garantía de no repetición? ¡Pamplinas! La puerca pollera nunca pierde el vicio. ¿Este decir costeño aplica para el exjefe…
Señora Fiscal Luz Adriana Camargo: ¿Nos quieren matar o amedrentar? Tal es la situación que estamos viviendo varios periodistas y abogados defensores de derechos humanos y restitución de tierra del norte de Bolívar, específicamente de la zona de expansión. A ninguno de esos abogados los he visto en malos pasos y no tienen un antepasado non sancto.
Como no aportó nada nuevo a los hechos judicializados, la JEP rechazó la inclusión de la exsenadora del partido de la U, Piedad del Socorro Zuccardi de García, para ser procesada por la justicia transicional. Ella ocultó la verdad del entramado criminal donde participó junto a otros políticos, agentes del Estado y empresarios, como Alfonso Hilsaca Eljadue y la familia Alfonso López. En palabras de la JEP, participaron en la consolidación y expansión paramilitar que causó centenares de muertos en la región Caribe.
La triquiñuela jurídica de Uribe le dio resultado, por ahora, para impedir que lo juzguen. Jaime Granados Peña, el jefe de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, sacó debajo de la manga dos cartas con el fin de dilatar la llegada de juicio contra su defendido. La primera carta no le funcionó. Pidió que se aplazara la audiencia de acusación porque se hizo una adición a la resolución de acusación en el último momento.
En Barranquilla y Cartagena, las dos ciudades más importantes de la Costa Caribe, está arraigada una corrupción de alta gama desde 1998, época en que el paramilitarismo se tomó los cargos directivos en la Fiscalía y penetró todo el poder judicial. La pregunta para la fiscal Luz Adriana Camargo Garzón: ¿Revolcón o farsa en el nombramiento de los nuevos fiscales para Atlántico y Bolívar? La respuesta, si bien no es concluyente, permite sospechar que en el Atlántico, con el nombramiento de un funcionario cuestionado, por lo menos, es una farsa y su promesa es incumplida.