¿Fin de la impunidad del expresidente Álvaro Uribe Vélez? ¿Se acabará el poder de la legión de intocables encabezada por…
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La confirmación del fallo condenatorio de la Corte Suprema de Justicia del Tribunal Superior de Bogotá contra la fiscal Claudia Elena Lozano Doria, comprueba la tesis que VoxPopuli Digital viene exponiendo con pruebas desde hace años: «Los Intocables» (empresarios que se enriquecieron y financiaron el paramilitarismo) son dueños de la Fiscalía. La fiscal del paramilitarismo condenada por falsedad al presentar diploma de abogada falso, también garantizó impunidad a criminales de lesa humanidad. Al mismo tiempo, persiguió a los enemigos de ellos. Su caso, no es aislado, demuestra cómo el paramilitarismo cooptó a la Fiscalía hasta encubrir estas falsedades en un organismo, cuyo protocolo de ingreso debería ser uno de los más rigurosos del país. Esta conducta sistemática en el período 1998 a 2010, provocó ―desde arriba― una falla de Estado en la administración de justicia.
Los Intocables financiaron desplazamiento forzados, crearon fosas comunes, homicidios, desapariciones forzosas, se robaron parte del Río Ariguaní, entre otros delitos de lesa humanidad, y a la mayoría no le pasa nada. Por ejemplo, en plena audiencia judicial virtual, el Intocable Rafael Matera Lajud (alias “300”), mostró en cámara cuando orinaba mientras el reconocido penalista Johnny González le hacía una pregunta sobre su participación en la financiación del paramilitarismo.
Murió Alfonso Macías Vargas, (84 años), según tuit de su abogado Rubén Darío Henao Orozco. Macías era uno de los intocables que financiaron y promovieron crímenes de lesa humanidad y hasta crearon fosas comunes para enterrar a sus víctimas en Cesar, Magdalena y Atlántico. Pero, su muerte no detendrá a la Fiscalía para adelantar el proceso de extinción de dominio sobre los multimillonarios bienes que amasó mediante sus crímenes y despojos violentos.
La triquiñuela jurídica de Uribe le dio resultado, por ahora, para impedir que lo juzguen. Jaime Granados Peña, el jefe de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, sacó debajo de la manga dos cartas con el fin de dilatar la llegada de juicio contra su defendido. La primera carta no le funcionó. Pidió que se aplazara la audiencia de acusación porque se hizo una adición a la resolución de acusación en el último momento.
En Barranquilla y Cartagena, las dos ciudades más importantes de la Costa Caribe, está arraigada una corrupción de alta gama desde 1998, época en que el paramilitarismo se tomó los cargos directivos en la Fiscalía y penetró todo el poder judicial. La pregunta para la fiscal Luz Adriana Camargo Garzón: ¿Revolcón o farsa en el nombramiento de los nuevos fiscales para Atlántico y Bolívar? La respuesta, si bien no es concluyente, permite sospechar que en el Atlántico, con el nombramiento de un funcionario cuestionado, por lo menos, es una farsa y su promesa es incumplida.
Hoy quedó evidenciado que la fiscal Luz Adriana Camargo, quiere hacer un revolcón en la Fiscalía para combatir la corrupción de alta gama anidada desde los tiempos de Luis Camilo Osorio Izasa. Con su nuevo equipo iniciará un remezón de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La corrupción en la Fiscalía es más evidente en esa instancia, porque también investiga a los mismos fiscales.
Para ejemplificar las dos caras de la justicia selectiva basta seleccionar dos casos judiciales que de alguna manera impactaron a dos familias: «Casa Blanca» y la fuga de la cárcel de la condenada exsenadora Aida Merlano Rebolledo. La una, la más poderosa de la Costa Caribe de Colombia: el Clan Char. Y la otra, fragmentada o disfuncional de las barriadas de Barranquilla, los Merlano Rebolledo.
¿Podemos creer en esta importante frase que define a una funcionaria tan poderosa como el presidente mismo? «La fiscal soy…
El Gobierno Nacional declaró la emergencia carcelaria en todos los centros de reclusión del país. De esta manera responde a la escalada de homicidios, al plan pistola, atentados y amenazas contra el personal de guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Al mismo tiempo, reducir la extorsión desde los centros de reclusión.