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Hoy quedó evidenciado que la fiscal Luz Adriana Camargo, quiere hacer un revolcón en la Fiscalía para combatir la corrupción de alta gama anidada desde los tiempos de Luis Camilo Osorio Izasa. Con su nuevo equipo iniciará un remezón de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La corrupción en la Fiscalía es más evidente en esa instancia, porque también investiga a los mismos fiscales.

Para ejemplificar las dos caras de la justicia selectiva basta seleccionar dos casos judiciales que de alguna manera impactaron a dos familias: «Casa Blanca» y la fuga de la cárcel de la condenada exsenadora Aida Merlano Rebolledo. La una, la más poderosa de la Costa Caribe de Colombia: el Clan Char. Y la otra, fragmentada o disfuncional de las barriadas de Barranquilla, los Merlano Rebolledo.

El Gobierno Nacional declaró la emergencia carcelaria en todos los centros de reclusión del país. De esta manera responde a la escalada de homicidios, al plan pistola, atentados y amenazas contra el personal de guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Al mismo tiempo, reducir la extorsión desde los centros de reclusión.

En la mañana de hoy, la Fiscalía General de la Nación fue contundente y coherente en la formulación de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. No todos los días imputan al hijo de un presidente, por lo que debía ser muy cuidadosa al momento de argumentar y calificar los delitos que se le imputaron. En la tarde, sin embargo, Nicolás Petro lloró. Anunció entre llantos, lo que podría ser la bomba política de los próximos años: colaborará con la justicia para develar hechos nuevos de corrupción nacional. Desde el punto de vista político, quedó expuesto a ser botín de guerra sin el apoyo, aparentemente, de su padre y de su partido al que le sirvió, la Colombia Humana.

Uno de los peces gordos más activos del inframundo de Barranquilla y su área de influencia, Rafael Julio Vega Cuello, alias «Kike» Vega, luego de sobrevivir a dos atentados, cayó esta tarde junto a dos de sus hijos y otro familiar. Los masacrados —que siempre permanecen custodiados por guardaespaldas fuertemente armados— fueron sorprendidos por la parte trasera de su propia madriguera ubicada en el conjunto residencial North Frontier de Villa Campestre, al norte de esta ciudad colindante con Puerto Colombia.

Un embustero en la JEP. Se comprobó la tesis del análisis publicado por VoxPopuli Digital durante la audiencia única para definir la admisión de Rodrigo Tovar Pupo en la JEP que quiso convertirla en un show especial de Yo me llamo «Jorge 40». En efecto, por falta a la verdad, este 15 de mayo fue inadmitido Rodrigo Tovar Pupo, uno de los jefes del paramilitarismo que tanto daño le hizo y le hace al Caribe y a Colombia. Además, este jefe de los escuadrones de la muerte perdió la oportunidad de aportar efectivamente a la verdad de miles de crímenes. Los familiares de estas víctimas fatales esperaban saber dónde están sus desaparecidos, o cómo y quiénes mataron a sus padres, hijos o esposos.

El Estado y familias poderosas, tales como Santo Domingo y Echavarría, son los despojadores de la población afrodescendiente de la paradisíaca isla de Barú. Pero, más que despojadores de sus tierras, fue el despojo de su propia identidad que no tiene valor comercial, como lo podría tener un pedazo de tierra. Una tierra que una vez fueron de los indios y que luego pasaron a los negros libertos. Este despojo está evidenciado en testimonios de nativos, y de miles de folios que reposan en procesos judiciales de los juzgados de Cartagena y altas cortes, como en los anales del congreso de la república de 2007 con el debate de Samuel Arrieta y la audiencia pública de noviembre de 2022.

Un mes después de sancionar la ley 2379 de 2024 que modifica la ley 617 del 2000, el presidente Gustavo Petro declararía en la plaza pública: «Palenque ¡libre de Mahates!». Por segunda vez, este pueblo de negros libres, probará la libertad, ya no del yugo español, sino del polvoriento y olvidado Mahates, que corre la misma suerte de pobreza de los otros 45 municipios de Bolívar.