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«Los Intocables» (empresarios que se enriquecieron y financiaron el paramilitarismo) y los oficios perdidos de la Fiscalía garantizaron dos décadas de impunidad. Ellos no creen en la justicia, porque lo demuestran con su propio ejemplo de impunidad. Solo creen en el poder de su dinero y de sus armas. En el período más enlutado del paramilitarismo ―1996 a 2003― manipularon con su dinero malhabido a la Fiscalía General de la Nación hasta cooptarle. Ninguno de los fiscales que precedieron a Luz Adriana Camargo Garzón cogieron por los cachos al toro de la impunidad.

Cuando retornó al país el legendario «Jorge 40» de pagar su pena por narcotráfico, el presidente de la época de Palmeras de la Costa S.A, era Alfonso Macías Azuero (hijo de Alfonso Macías Vargas), sindicado de paramilitarismo. Para esa época, sospechosamente desapareció más de $30 mil millones en un robo continuado sufrido por la empresa. Lo cierto de esta trama, es que los sindicados de delitos de lesa humanidad aún conservan el 10% de esas acciones dentro de dicha compañía sin que la Fiscalía actúe.

Uno de los indicadores de resultados que refleja la pobreza mental en la Fiscalía en Colombia es la impunidad de Los Intocables y de los políticos comprometidos en corrupción administrativa. Los empresarios y reales promotores del paramilitarismo se mueren de viejos sin probar el rigor de la justicia, mientras sus acusadores son asesinados, amenazados o marginados. La sombra de los Cien Días de Luz en la Fiscalía, sin duda, es la impunidad de los herederos del paramilitarismo, de sus empresarios que la financiaron y de los políticos que le sacaron provecho a esa financiación.

Los empresarios de la muerte que financieron y determinaron masacres, homicidios y desplazamientos forzados en la Costa Caribe entre 1998 y 2003 se están muriendo, pero de viejo. Es el caso de Alfonso Macías Vargas, quien, con su hijo Alfonso Macías Azuero, presuntamente, removieron con buldozer la fosa común para desenterrar 12 cadáveres de personas que asesinaron y torturaron en el pequeño holocausto de su finca El Potosí. Los Intocables siguen delinquiendo y la Fiscalía General de la Nación (FGN) y el poder judicial lo saben. Una explicación de esa impunidad sería el hecho de que los abogados defensores de esos genocidas, hoy son altos funcionarios del poder judicial que obstruyen la verdadera justicia.

Bienvenido 2024. Los seres humanos podemos crear nuevas oportunidades o seguir en lo mismo. En el aspecto judicial se darán grandes acontecimientos. ¿El fin de Los Intocables? Uno de ellos, el verdadero capo de Los Intocables, es el presidente más popular que haya tenido Colombia en los últimos 30 años. ¿Álvaro Uribe será detenido por las masacres de La Granja y El Aro? Si hay jueces justos, si la Corte Suprema de Justicia actúa y si la nueva fiscal es facilitadora del proceso, la respuesta es un rotundo sí.

Justicia Especial de Paz (JEP) deberá compulsar copia a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su ministro del Interior, sean investigados por concierto para delinquir y homicidio agravado por el secuestro y muerte del alcalde de El Roble Eudaldo León (Tito) Díaz Salgado. En tanto que, en una reacción tardía, el exmandatario presentó hoy denuncia penal por injuria y calumnia agravada contra el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso Gómez.

Los valles y llanuras alrededor del Río Ariguaní, además de ser un esplendor de belleza, era una fuente de alimento que el agua producía. Pero el monocultivo y la violencia cambiaron este hermoso panorama. Los Intocables, los empresarios que financiaron y determinaron los crímenes de los paramilitares, se robaron el Río Ariguaní y, no contento con esto, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena―Corpomag le entregó tres concesiones de agua. Una de ellas del Río Magdalena. Esta afirmación es tan verdad como la corriente de agua clara que baja de la Sierra Nevada, y por la cual los aborígenes la bautizaron en su lengua que es el significado de Ariguaní.

El poder de «Los intocables» en Barranquilla se mantiene intacto desde hace dos décadas, gracias a una criminal impunidad que reina en la rama judicial. Nada se les pega. Nadie los puede tocar. Además de peligrosos, han contado con el silencio cómplice de todos los fiscales generales, desde Luis Camilo Osorio Isaza hasta Francisco Barbosa. El magistrado Enrique Camilo Noguera Aarón, quien se enfrentó a uno de ellos, en octubre del 2023 cumplirá 20 años de su asesinato.