Es verdad que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó de plano las pretensiones de Nicaragua de ampliar su plataforma marítima más allá de sus 200 millas náuticas. Sin embargo, es un triunfo agridulce. ¿Por qué? Si bien es cierto que el fallo detuvo la ambición de Nicaragua, deja incólume el fallo injusto y prevaricador de 2012 de esa Corte que le quitó al país 75 mil kilómetros cuadrados de mar y se los entregó al reclamante. ¿Debemos celebrar esta injusticia que hiere el amor patrio? La misión del presidente Petro es liderar una reclamación justa y acorde con las nuevas pruebas que aparecieron en investigaciones históricas del cartagenero Juan Roberto Serrano Ochoa.
En efecto, se alegra el gobierno. También los medios de comunicación y hasta saca pecho la oposición. Celebra todo el país por la decisión tomada hoy por el alto tribunal internacional al desestimar las pretensiones nicas de ampliar su plataforma marítima. Pero el verdadero objetivo de Nicaragua es lograr la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia, que viene reclamando por estar más cerca de su plataforma continental que de la colombiana. El primer paso que dio en ese sentido fue el triunfo del fallo el 2012.
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La demanda
Veamos una reseña rápida de la demanda nicaragüense que originó el fallo de hoy. De acuerdo con información del ministerio de Relaciones Exteriores, se adelantan dos litigios interpuestos por Nicaragua contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ, o la Corte).
El primero, iniciado el 16 de septiembre de 2013, corresponde a la cuestión de la delimitación de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia, más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense. Inicialmente Nicaragua sostuvo que su plataforma continental se extendía hasta unas 350 millas náuticas desde su costa continental, aunque a lo largo del proceso ha modificado su pretensión.
El segundo, instaurado el 26 de noviembre de 2013, corresponde a las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe. La CIJ examina las reclamaciones nicaragüenses según las cuales Colombia supuestamente habría violado el derecho internacional: (i) por no haber dado aplicación al fallo del 19 de noviembre de 2012 de la Corte Internacional de Justicia; (ii) con las operaciones de la Armada Nacional en el Mar Caribe; y (iii) con la expedición del decreto que estableció la Zona Continua Integral en el Archipiélago.
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El fallo
A las 3:25 de la tarde, hora de La Haya, se inició la lectura del esperado fallo. Había grandes expectativas en toda la nación, porque Colombia viene cosechando continuas derrotas desde que en el 2001 al régimen sandinista se le dio por reclamar una soberanía que por siglos viene ejerciendo Colombia con base en el derecho internacional.
La presentación del fallo la hizo Joan Donoghue, presidente de la Corte Internacional de Justicia. Falló así:
“Por 13 votos a 4, la Corte rechaza la solicitud hecha por Nicaragua para declarar que los límites marítimos entre la República de Nicaragua y la República de Colombia en las áreas de las partes continentales que, según Nicaragua, les pertenecen a ellos, más allá de los límites determinados por la Corte en su sentencia de 2012″.
Asimismo, la presidente de la CIJ dijo:
“Nicaragua no tiene derecho a una línea extendida dentro de las 200 millas de una línea base de Colombia. La solicitud de Nicaragua en la primera parte no se puede sostener”
Un triunfo agridulce
Sin embargo, en el 2012 la Corte falló a favor de Nicaragua. Colombia perdió 75 mil kilómetros cuadrados del mar Caribe. Esto envalentonó al país reclamante. Al año siguiente, Nicaragua presentó una nueva demanda reclamando ampliar su plataforma marina. Ante esta situación, el perito internacional Juan Roberto Serrano Ochoa se dedicó a investigar las razones por las cuales Nicaragua estaba exigiendo más territorio al tribunal de La Haya.
Lo cierto es que ese fallo de 2012 pudo ser tumbado si Colombia hubiese coadyuvado la petición del ciudadano Serrano Ochoa del 18 de noviembre de 2022. O sea, un día antes de vencerse los términos para impugnar el fallo.
En el proceso de investigación, el historiador cartagenero Serrano Ochoa descubrió un documento histórico que podría decirse es el origen del título legal que sirve de prueba para que Colombia demuestre la legitimidad y legalidad de su soberanía sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia. En noviembre de 2022, VoxPopuli publicó por primera el resultado de esta investigación. Publicación que se le envió a la Cancillería de Colombia y al presidente Gustavo Petro, vía Twitter.
Al mismo tiempo, el abogado y analista político, Jorge Horta Orozco, tomando en cuenta este hallazgo histórico, el 4 de diciembre de 2022 le presentó un derecho de petición al presidente de la República con el fin de que el hallazgo se tuviera en cuenta en la defensa de Colombia. Nuevamente, el pasado 4 de julio de 2023 se le presentó el mismo derecho de petición al jefe de Estado. Esta petición fue reenviada a la Cancillería por Javier Sanabria Salazar, coordinador del Grupo de Atención a la Ciudadanía. O sea, se ha hecho todo lo posible para que el gobierno nacional escuche la importante petición ciudadana.
La prueba que Serrano presentó en la Corte
Juan Roberto Serrano resaltó el párrafo 65 del fallo del 19 de noviembre de 2012, en el sentido de que la Corte manifestó que “ni Nicaragua ni Colombia” demostraron que poseían título sobre las formaciones insulares en disputa, en virtud del uti possidetis juris. Así desconoció la Real Orden del 20 de noviembre de 1803 que tampoco la defensa colombiana hizo valer.
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La Real Orden de 1803
Al ser entrevistado por VoxPopuli Digital, el perito cartagenero, desde La Haya, reiteró su posición:
“En la investigación me di cuenta que los hechos históricos presentados en el proceso (por Nicaragua), no eran correctos. En vista de que la Corte no investigó para adoptar el fallo del 2012, me dediqué a hacerlo. Por esta razón, en el escrito enviado a la Corte el 18 de noviembre de 2022 le anexé la Real Orden de 1803, nuestro título.”
Asimismo, Ochoa explicó los alcances de la Real Orden:
En el proceso, las partes presentan un solo componente, siendo que los otros componentes desconocidos son los que justifican la segregación y, de paso, dan lugar a una gran bahía histórica, unidad que adquiere el nombre de Archipiélago de San Andrés y Providencia. Esta Real Orden trata de la dependencia de la costa de Mosquitos a partir del archipiélago, y de allí la importancia de esta unidad. Una Real Orden muy completa y sus efectos se reflejan en otras reales órdenes hasta 1809.
Siguiendo esa línea argumental, el perito Serrano señala que otro documento desconocido, y que le da claridad al proceso, es la Real Orden del 27 de mayo de 1805. Esta se trata de la respuesta dada por el rey a las objeciones de Guatemala sobre la segregación. La Real Orden de 1805 ratifica la de 1803 y ordena al capitán general de Guatemala cumplirla.
No hay nada que celebrar con este triunfo agridulce
Por lo señalado en este artículo de análisis y de investigación, se debe concluir que hoy podríamos alegrarnos porque la Corte no accedió a la ambición expansionista de Nicaragua. Pero en verdad no hay nada que celebrar, como lo señalan Juan Roberto Serrano y Jorge Horta Orozco, al ser entrevistados por VoxPopuli para este artículo. Más bien, creemos nosotros, el gobierno de Gustavo Petro debe organizar una estrategia integral para recuperar los 75 mil kilómetros cuadrados de mar Caribe que perdió con el fallo de 2012.
El gobierno de Nicaragua, a través de su presidente Daniel Ortega, se han empecinado en señalar que el archipiélago de San Andrés y Providencia está 6 veces más cerca de su plataforma continental que de la colombiana. Un argumento baladí, si nos atenemos a la prueba histórica que Serrano descubrió. Prueba que socarronamente el jefe de la delegación nicaragüense, Carlos José Argüello Gómez, escondió y solo blandió la Real Orden de 1806.
Se debe señalar que las reales órdenes especifican lo que motiva la respuesta del rey. Esto es importante, ya que, al presentar las diferentes órdenes, se entiende que, por la omisión de la Corte al no investigar, se desestimó el único título válido en el marco del proceso: el colombiano.
La Real Orden del 13 de noviembre de 1806 que presentó Nicaragua, como soporte de su derecho para reclamar como propio este territorio, no era válida. No le daba ningún derecho, ya que nada tenía que ver con un territorio que ya hacía parte de la Nueva Granada en esos momentos. Y Nicaragua tenía conocimiento de todo esto. Sin embargo, lo presentó deliberadamente, y la Corte omitió investigar. ¿Hizo así incurrir Nicaragua en error a la Corte Internacional de Justicia con el fallo de 2012 contra Colombia?
Conclusión
Por lo tanto, no hay nada qué celebrar. Lo positivo es que se detuvo el avance de los panzers de la arremetida nica. Es una victoria parcial, una significativa escaramuza, porque evitó que nos siguieran expoliando nuestro territorio, pues Nicaragua pretendía más área marina, allende las 200 millas náuticas. ¿Qué alternativa tiene ahora Colombia para recuperar los 75 mil kilómetros cuadrados de mar Caribe? En la próxima entrega te responderemos.