¿Están dadas las condiciones políticas y jurídicas que se necesitan para un juicio político al presidente? Recordemos que es el primer jefe de Estado que se presume de izquierda y del ala progresista en estos últimos 80 años, después de la Revolución en Marcha (1934-1938) de Alfonso López Pumarejo. La última pelea fue azuzar a las masas sindicalizadas y a la guardia indígena contra la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía como si fueran perros de presa. ¡Craso error!
Lamentablemente para los que aún sentimos esperanza y admiración hacia su gobierno disruptivo, el peor error de Gustavo Petro ―desde que llegó a la presidencia― fue continuar con su política confrontacional construida en 30 años de discurso parlamentario. Esto se facilita porque no tiene partido. Carece de una dirección política democrática. Es decir, que todo se reduce a la crisis de dirección política del bloque popular para descifrar las claves del poder.
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Ejercer el poder
No obstante, tumbar al presidente no resuelve el problema de fondo. Entraríamos en caos social y desestabilización institucional que podría acabar con la tradición civilista del sistema político colombiano brevemente interrumpido por la dictadura bonapartista de Gustavo Rojas Pinilla. Pero el Gustavo del siglo XXI debe hacer lo que todos esperamos: ejercer el poder.
En un régimen presidencialista, como el nuestro, el ejecutivo concentra el mayor poder para el desarrollo. Por tanto, al presidente se le facilita ejercer el poder. ¿Herramientas? Todas las tiene. Plan de Desarrollo Nacional (PDN), Presupuesto plurianual, presupuesto anual, regulación de la salud, la educación, los servicios públicos domiciliarios, el desarrollo económico, el sistema financiero, la seguridad ciudadana, la protección de la soberanía nacional, la protección de nuestros mares, la riqueza ambiental, la conducción de la justicia, la protección de la infancia y adolescencia, la inclusión social. Y un largo etcétera.
Sin embargo, Petro lo está desperdiciando, so pretexto de que no lo tumben. El PDN sigue sin ejecutarse plenamente y el pueblo no recibe aún los beneficios prometidos. El indicador para llegar a esta conclusión es el porcentaje de ejecución del presupuesto nacional. Esos indicadores son deficitarios. Grave en un gobierno progresista cuyo objetivo es el bienestar social. Echarles la culpa a sus ministros es fácil. Si falla la cabeza ¿qué pasará con el cuerpo? Quizás, sin que él no sea consciente, busca protegerse individualmente hasta instrumentalizar la protesta social que es tan grave como reprimirla. Pero lo que está ocasionando es profundizar su debilidad política.
La instrumentalización de la protesta social
La carencia de dirección política de la que hablamos, lleva al mismo presidente a suplantar el rol del movimiento social. Esto deriva en una instrumentalización de las masas irredentas, enardecidas por un pasado de opresión, marginalidad y empobrecimiento del sistema dominante. Son masas trabajadoras convencidas de que están luchando por un gobierno que traerá prosperidad y libertad.
De esta manera, se instrumentaliza la protesta social, que es un derecho y un deber de la ciudadanía. Nuestra constitución habla de tres poderes. Petro representa al ejecutivo en un régimen presidencialista, que de por sí, está dotado de mucho poder, como lo pudimos ver. Esos tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) son interdependientes. El mismo Álvaro Uribe Vélez gobernó cooptando el poder legislativo con dádivas ilegales (“mermelada”) en medio de una tensión (chuzadas, persecución y escándalos) con la misma Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. Cooptó a la Fiscalía y al Consejo de Estado que los puso al servicio de sus deseos totalitarios. Y a las mismas FFAA que ideologizó mediante privilegios burocráticos a su cúpula.
El papel de la Corte
La Fiscalía y la Corte pertenecen al poder judicial. Y aunque el artículo 249 de la Carta Política le permite al presidente crear la terna, no puede determinar en qué momento (tiempo), quién (modo) y ni las circunstancias de la elección de la fiscal. Esta potestad es de la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal que el Estado de Derecho tiene para dirimir procesos judiciales ordinarios.
«El Fiscal General de la Nación será elegido para un período de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el Presidente de la República y no podrá ser reelegido. Debe reunir las mismas calidades exigidas para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Artículo 249 Constitución Nacional.
Si bien elegir la fiscal de la terna creada por el presidente es un proceso administrativo y no judicial, los otros poderes deben respetarle su autonomía conferida puntualmente por el citado artículo 249. Lo demás, son especulaciones de derecha o de izquierda multiplicadas por los medios de comunicación y las redes sociales. No podemos caer en esta trampa de la falsa radicalización de los discursos para auto encasillarnos ideológicamente. El sesgo ideológico inutiliza los conceptos de prestantes hombres y mujeres que creen defender la causa de Petro o la del fiscal o de la Corte. La prensa consciente no obra como la prensa dominante en Colombia y ahora se suman Cambio y RTVC, desnaturalizando su verdadero papel.
¿El poder para qué?
Cuando los hombres o mujeres de izquierda llegan al poder no saben qué hacer. ¿El poder para qué? Esta frase la hizo inmortal el liberal Darío Echandía cuando el gobierno conservador de Ospina Pérez (1948) le ofreció compartir el gobierno a fin de enfrentar el caos que produjo el asesinato del caudillo popular Jorge Eliécer Gaitán.
La mentalidad de izquierda determina que sus gobernantes, para lograr resultados y mantenerse en él, buscan concentrarlo y derogan los demás poderes democráticos. Esto fue lo que hizo Lenin cuando convocó (1918) la elección de la Asamblea Nacional Constituyente de Rusia (ANC) para elegir un gobierno democrático. Como los resultados les fueron adversos, puesto que el partido Bolchevique obtuvo el 17%, Lenin, instalado el Kremlin (palacio de los zares) disolvió la ANC. En sus famosas Tesis de abril Lenin hizo un llamamiento para la toma del poder total:
«Todo el poder a los soviets».
Pero, como los únicos consecuentes y verdaderos revolucionarios eran los bolcheviques, Lenin disolvió la ANC. Así se inventó el concepto de dictadura del proletariado y se potencializó el odio de clase al opresor, al burgués y al terrateniente. Todo esto terminó en una dictadura burocrática tan opresora como la del régimen zarista. Basta recordar al dictador José Stalin. Así terminaron los anhelos de paz y libertad. Hago esta advertencia con una frase de Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana labrada en el patio No 4 del campo de concentración nazi, Auchswitz:
«Quien no conoce su historia está condenado a repetirla.»
En esa concentración del poder, murió el espíritu democrático de las ideas libertarias y nació la concepción totalitaria del progresismo bolchevique. Los soviets (consejos populares de obreros, campesinos y soldados) fueron instrumentalizados por un puñado de hombres ilustrados liderados por Lenin. Las montoneras solo sirvieron de instrumento, mas no fueron protagonistas de su propia liberación. Puesto que en la medida en que la revolución se consolidaba, las promesas de redención en un paraíso terrenal se fueron trocando en un infierno. Y a los que no estaban de acuerdo e intentaron hacer oposición, la Checa (policía política) los capturaba, los procesaba y los condenaba al trabajo forzado en Siberia.
Para no alargar esta narración, todo terminó en una dictadura unipersonal de Stalin. Lo demás es historia que no se las voy a contar ahora.
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¿Gobernar desde X para incendiar el país?
Hoy, el estilo de dirección política unipersonal lo usa la extrema derecha del mundo (Uribe, Plebiscito, Brexit, Trump, Bolsonaro, Milei, Bukele) para mimetizarse con el pueblo y reinventarse. Las estrategias del marketing político de una aparente radicalización de sus promesas reemplazaron las estrategias políticas de los partidos políticos. Estos entraron en una crisis profunda. Recordemos que son instituciones del siglo XIX, mientras que la política actual es muy cambiante.
Gustavo Petro quiere gobernar desde X, al mejor estilo de los mal llamados constructores de contenidos de internet, cuyas mentes están atrapadas bajo la dictadura emocional y afectiva de los “me gustas” y de las “vistas”. X dejó de ser una herramienta comunicativa del presidente para convertirse en el principal medio de comunicación vertical, unipersonal y de una sola vía. Esto se puede transformar (¡atención!) en un problema patológico, compulsivo, dependiente y adictivo, como dicen los expertos neurocientíficos, como Facundo Manes. ¿Cuál es la diferencia con Uribe, Trump, Bolsonaro o Milei? ¿La ideología? ¿El fin justifica el medio, como lo dice Maquiavelo?
El hecho mismo de que el presidente se enfrentara a una cuenta no oficial (pertenece a un joven del Centro Democrático de Buenaventura) de Francisco Barbosa, como si se tratara del mismo fiscal, es algo sintomático que el neurocientífico Manes señala en su libro El Cerebro:
«(…) Las personas deben aprender a procesar sus emociones, sus ansiedades y frustración.»
¿Juicio político al presidente?
Si nos atenemos a la realidad virtual, el juicio político al presidente sería inminente. Esta percepción virtual llevó a una reacción desesperada del presidente Petro y de sus seguidores. De aquí se desprendió su respuesta reactiva al influencer de Buenaventura.
Las herramientas digitales son solo eso, herramientas. El mal uso de un ciudadano común y corriente provoca problemas para él y para la salud mental de la sociedad. Pero el mal uso en un jefe de Estado es sumamente peligroso. ¿Por qué? Lo hace caer en error.
Sin duda, los hechos 8/F pasarán a la historia, no como una batalla heroica de las masas defendiendo a su presidente, sino como una manifestación de debilidad política y social. Fue una acción de instrumentalización de las masas para que “no lo tumben”, como él mismo lo dijo al justificar su gobierno compartido.
La protesta del 8/F no fue una expresión de fuerza. No. Fueron acciones reactivas de desespero y debilidad política por los escandalosos hechos que devienen en procesos jurídicos serios. Y estos no vienen de afuera o de una “narrativa de los medios de comunicación”. No. Vienen desde las entrañas del mismo gobierno y de su familia.
Juicio político al presidente y 8/F
Esos escándalos hechos que la oposición de derecha los está canalizando con creces, hacen más precaria la estabilidad política del gobierno compartido. Está siendo compartido con la misma clase política que lo quiere tumbar. La que él mismo atacó a lo largo de 30 años de lucha parlamentaria. El curso de los acontecimientos, como el 8/F, ¿marcará el inicio de un proceso que seguramente terminará en lo que más le teme el primer mandatario: un juicio político?
¿Se cumplen todas las premisas para tumbar al presidente por la vía institucional? Para responder esas dos preguntas problemáticas debemos partir de tres interrogantes que, a su vez, responderán a tres premisas. La primera. ¿Están dadas las condiciones fácticas?
Los hechos jurídicos que afectan al presidente técnicamente hoy no existen. Pero, el aporte financiero de $500 millones Fecode, puede concluir con una acusación directa de la Comisión de Acusaciones, “la fiscalía natural”, contra el presidente. Tiene todos los elementos para convertirse en cabeza de proceso de ese temido juicio. (En la próxima entrega conoceremos el concepto penal del No 10 (así le llaman en el mundillo académico del derecho en Barranquilla) de un sobresaliente penalista doctorado en derecho.
¿El presidente Petro conoce esta premisa? Probablemente, sí. Esto se explica por su actuación en los hechos del 8/F. Pero se la pusieron de papayita a la Fiscalía y a la Corte. Y así desaprovechó el pleno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que llegó el 7 de febrero al país. ¿Por qué? La Corte Suprema de Justicia denunció falta de garantías del gobierno y pidió la solidaridad de la sociedad. Se victimizó. ¿Esta será la razón para argumentar y justificar una mayor demora en la elección de la fiscal?
El efecto contrario
«El presidente (…) debe adecuar el cumplimiento de sus deberes constitucionales a los mandatos, también constitucionales, de colaboración armónica, eficiencia y coordinación.»
Concepto Consejo de Estado
La presión y el acoso del presidente contra la Corte y la Fiscalía a través de su X antes de los sucesos del 8/F, lejos de agilizar una decisión de la Corte, ahora se radicalizó y, al mismo tiempo, se victimizó. Como a Petro no le gusta la sopa, ahora la Corte le da dos tazas. Primero, postergó para el 22 de octubre su decisión que está muy lejana, salvo que haya un acuerdo político, lo cual es muy poco probable. Segundo, este aplazamiento permitirá la posesión, desde el 14 de febrero, como fiscal encargada la temida Martha Mancera.
Recordemos que, desde que la Fiscalía y e investigadores de la Corte Suprema de Justicia participaron en el allanamiento a Fecode, la arremetida del presidente es bárbara.
En la próxima entrega veremos el mensaje cifrado de la Corte que va implícito en las cuatro rondas de votación donde está ganado el voto en blanco. Ninguna de las ternadas sobrepasó la tercera parte de los votos que necesita para ser fiscal. Esto es, debe tener una votación de 16 de los 23 magistrados. Amelia Pérez fue la que más votos obtuvo: 6.