Comienza a destrabarse la elección de la Fiscal. Amelia Pérez, una de las ternadas, alcanzó 13 votos derrotando el voto en blanco, por primera vez, que recibió 8. Sin embargo, necesitaba 3 adicionales para ser la elegida. En tanto que la «cogida de moña» de Petro con la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene razones objetivas que los mismos acontecimientos nos muestran. El problema de profundidad es controlar la entidad más poderosa del Estado colombiano: La Fiscalía General de la Nación.
El presidente Petro, como los demás mandatarios, quiere tener una fiscal de bolsillo. ¿Es constitucional y legal este deseo presidencial de controlar la rama judicial? Por supuesto que no, por muy progresista o de izquierda que un presidente diga ser. Un demócrata no puede ceder ante la tentación de controlar los demás poderes estatales que ejercen contrapeso al poder presidencial. Esta es la ley democrática que fue teorizada desde Montesquieu. Pero, ahora está complementada con la distribución social devolviéndoles el poder a los ciudadanos.
Nuevos magistrados
Empero, no está claro que la elección se pueda hacer en la sesión del próximo 7 de marzo ni tampoco que la «cogida de moña» de Petro se termine. Si no lo hacen, es muy probable que su elección se haga después de Semana Santa. Pero, en abril deben ser elegidos 5 nuevos magistrados. Hoy fue elegida Marirraquel Rodelo Navarro, abogada de la Universidad de Cartagena, como magistrada de la Sala de Descongestión de la Sala de Casación Laboral. O sea, que la cosa no está clara para tener nueva fiscal.
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El poder de la Fiscalía
La Fiscalía General de la Nación, además de poseer uno de los presupuestos más robustos del aparato estatal ―$6,02 billones para 2024, de los cuales, $5,69 billones corresponden a gastos de funcionamiento― tiene casi la mitad (24.754) de empleos del poder judicial.
Sin embargo, el problema de fondo no es ni el presupuesto ni los empleos de la Fiscalía. No. Es su capacidad de judicializar y de perseguir el crimen anidado en el ejercicio del poder. Poder que se puede instrumentalizar para hacer una justicia selectiva a favor del poder y en contra de la ciudadanía. O garantía de impunidad para los que el gobierno decida. Esto es lo peligroso del poder.
Así como el expresidente Álvaro Uribe Vélez tuvo sus significativos enfrentamientos con la Corte para la elección del fiscal, los tiene el actual mandatario. El tema de fondo son los procesos judiciales en etapa de judicialización que el ente acusador debe procesar y que afectan al círculo más cercano del presidente y de sus aliados. Así como Uribe la capturó para garantizar impunidad a su familia y seguidores, el presidente Petro pretende una fiscal que no «la usen para tumbarlo».
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La «cogida de moña» de Petro con la Corte
Veamos por qué la «cogida de moña» de Petro con la Corte. En la Constitución Nacional, la Fiscalía General de la Nación garantiza el derecho al acceso a la justicia de los habitantes del territorio nacional. Tiene tres funciones especiales que fueron promesas vanas desde el rosarista Gustavo de Greiff Restrepo hasta Francisco Barbosa: 1. Ejercer la acción penal de extinción de dominio en el marco del derecho constitucional al debido proceso. 2. Participar en el diseño y la ejecución de la política criminal del Estado. 3. Garantizar el acceso efectivo a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas de los delitos.
Casi todos los fiscales elegidos incumplieron sus promesas ante la Corte Suprema de Justicia para reducir la impunidad, la morosidad judicial y la corrupción. O sea, que la comparecencia de las ternas ante el tribunal supremo es cosa vana, pura formalidad de la ley.
En tanto, nada hace que ahora sea diferente con la próxima fiscal que, si la Corte se decide avalar la terna actual, seguramente la elegida será Amelia Pérez, la única de las tres que en la sesión de hoy derrotó el voto en blanco, según información entregada por Semana y corroborada por el presidente de la Corte cuando dijo que se avanzó significativamente para la elección de fiscal.
Si ella es elegida, debe apelar a la autonomía del poder judicial para continuar con los procesos judiciales sensibles que afectan a personas que detentan o han detentado el poder político en el país. Por ejemplo, los procesos contra el expresidente Uribe, sus familiares y aliados. Los casos recientes contra Nicolás Petro, el hijo del presidente o el de FECODE. Estos hechos están conectados con la estabilidad del presidente Petro. Es una madeja que, si se desenvuelve, tocaría directa o indirectamente al primer mandatario.
Fecode, el punto de inflexión
La Constitución Política limita a la Fiscalía para investigar al jefe de Estado. Su límite llega hasta compulsar copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que ésta, si hay evidencias, lo judicialice. Si esto sucede, podría haber un juicio del congreso contra el jefe de Estado.
Un prestante jurista de Barranquilla, doctor en derecho, conocido en el ámbito académico como el «No 10», hizo caer en la cuenta a VoxPopuli Digital que la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia tienen cogido de la moña al presidente Petro. ¿Por qué? Si se comprobare fraude en la financiación de la campaña presidencial con el cheque de $500 millones entregado por FECODE, el presidente se vería ad portas de un juicio político.
Cuando el 22 de enero del 2024 allanaron la sede de la federación de educadores con delegados de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia, supuestamente, hallaron las pruebas del delito: el cheque, el acta y la carta dirigida al presidente de Colombia Humana, Dagoberto Quiroga. Esta sería la prueba reina de los aportes de Fecode a la campaña presidencial que podría ser cabeza de proceso contra el presidente Petro. En el operativo de allanamiento también hallaron la certificación del fiscal de la federación de que los dineros fueron aportados a la campaña Petro Presidente.
El extesorero de Fecode
Además de lo anterior, tienen la declaración de Nelson Alarcón, tesorero de la época de Fecode, de que él fue comisionado para entregar el cheque a la campaña presidencial. Un cheque se debió hacer y deshacer en varias oportunidades, debido a la complejidad del movimiento. Probablemente, le advirtieron que el giro del cheque no debía hacerse directamente a la campaña sino a través de una triangulación. Como se sabe, es ilegal que una organización como Fecode apoye una campaña electoral.
Por esa razón trianguló la ruta del cheque para tratar de burlar la ley. Se giró a Colombia Humana, el partido del presidente. Quiroga, representante legal de esa colectividad y actual Superintendente de Servicios Públicos, se lo transfirió a Ricardo Roa, gerente de campaña y actual presidente de la estatal petrolera Ecopetrol.
Nadie está por encima de la ley
Cuando hoy la Corte Suprema de Justicia hizo su tercera sesión para elegir fiscal, hubo dos hechos significativos. Uno. Los alrededores del palacio de justicia estaban acordonados. Dos. No hubo manifestación social ni política. Quiere decir, que la protesta social del 8/F pudo estar instrumentalizada por el gobierno central para sitiar a la Corte como medio de presión del poder ejecutivo. Es decir, que el ejecutivo no tramitó sus contradicciones e inconformidades por las vías constitucionales sino por la vía de hecho, tal como se lo pidió el presidente de esa corporación, Gerson Chaverra Castro.
Al respecto, el jurista «No 10», conocido así en el ámbito académico, dijo
«Por simple lógica, se infiere que tratar de sitiar a la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal judicial en Colombia, para amedrentar a sus magistrados, se hizo un cerco. Es decir, un asedio para acorralarlos, envolverlos, bloquearlos, confinarlos, aislarlos, incomunicarlos, encerrarlos y arrinconarlos para que sintieran el poder Presidencial con temor y pánico. ¡Que horror!!.»
Al tenor de ese hecho, cosa que no se presentó hoy cuando los magistrados no eligieron fiscal, vale la pena tomar en cuenta el criterio del penalista citado.
«Nadie en Colombia, ni en el mundo entero, tiene inmunidad judicial, llámese como se llame. Desde el Presidente de la República hasta el más humilde ciudadano de a pie, tiene que ser procesado criminalmente, en caso de haber sospecha o que existan elementos materiales probatorios (EMP) que indiquen que posiblemente cometió un delito. En caso de demostrarse su responsabilidad-culpabilidad, es lógico inferir, que también debe y tiene que ser condenado. O por el contrario, que si se demuestra su inocencia, debe y tiene que ser absuelto o declarado inocente.»
Jurista «No 10»
Lengüetazos de fuego contra Petro
Todos los procesos penales, desde el caso de Nicolás (hijo) y Juan Fernando (hermano) Petro hasta los $500 millones de Fecode son lengüetazos de fuego contra la estabilidad jurídica y política del presidente. Quizás el tema de FECODE sea más sensible, al mismo tiempo, para el presidente y para la misma Fiscalía. Esto podría demostrar varios delitos: fraude en la financiación electoral, falsedad, concierto para delinquir, entre otros. No se trata simplemente de violación de topes de financiación electoral sujeta a la investigación administrativa del Consejo Nacional Electoral.
No obstante, todos esos procesos apuntan a demostrar que el presidente Petro se eligió ilegalmente mediante el fraude en la financiación de su campaña presidencial. Los aportes de un presunto narcotraficante condenado en Estados Unidos (Samuel Santalope Sierra) está por probarse plenamente. Nicolás le dijo a la Fiscalía, ante un juez de garantías, que sí recibió ese dinero y que una parte se lo gastó en la campaña y la otra se lo apropió. Después su defensa hizo la reculada del ovejo para crear duda y provocar un in dubio pro reo. Es decir, contaminar su conducta delictiva de duda para que el juez la resuelva a su favor.
¿Esos hechos pueden llevar a inferir que el presidente está cogido de la moña con el cheque de $500 millones de los aportes de Fecode a la campaña presidencial? Si el ente investigador logra orden de captura contra el presidente de Ecopetrol y los directivos de Fecode antes de ser elegida fiscal para quitar a la cuestionada Martha Mancera del camino, seguidora fiel de Francisco Barbosa, Entonces, Petro estaría cogido de la moña y en ese supuesto escenario, a boca de jarro de ser procesado por el congreso.
La «cogida de moña» de Petro
La contradicción entre la declaración de Nelson Alarcón, tesorero de Fecode en el momento del aporte de los $500 millones, y la del gerente de Ecopetrol, Ricardo Roa, pondría la situación crítica para el presidente Petro y sus allegados de campaña.
«Si la dimos (la plata) para la finalidad de la campaña presidencial. Tomamos la decisión de hacer la donación y me delegaron a mí para todo. Yo hice todos los trámites, yo hice los contactos, hablé con el gerente de campaña».
Nelson Alarcón, expresidente y extesorero de Fecode, fue uno de los tres integrantes de la organización que firmó el cheque.
Como es evidente, lo dicho por Alarcón entra en contradicción con la declaración emitida en el mes de agosto del año pasado por el gerente de campaña, hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.
«Los recursos con los que se financió la campaña fueron adquiridos en los bancos y en las cooperativas. Casi $50.000 millones que yo gestioné de créditos en las tres fases de la campaña: en la consulta, primera y segunda vuelta. De ahí es que se derivan los recursos que se registraron e ingresaron debidamente a la campaña».
Sin duda, comenzó a descongelarse el témpano de la elección de la fiscal que amenaza ruptura institucional. Pero, eso no quiere decir que su elección sea inminente. La próxima cita es el 7 de marzo para elegir fiscal. Mas, consideren los obstáculos que vienen y hacen inferir una tardanza mayor para tener nueva fiscal.
Esto es, en el mes de abril se vence el período a 5 magistrados. Vendrán nuevos magistrados y seguramente tendrán otra posición distinta a los existentes o a los que se fueron. Quiere decir, que los 13 votos de Amelia Pérez pueden reducirse o aumentarse, dependiendo de la posición de los 5 nuevos magistrados que entrarían, siempre y cuando no elijan fiscal el próximo 7 de marzo. Coincidencialmente entra la Semana Santa y es muy probable que su elección se prolongue hasta abril, si acaso.