Bienvenido 2024. Los seres humanos podemos crear nuevas oportunidades o seguir en lo mismo. En el aspecto judicial se darán grandes acontecimientos. ¿El fin de Los Intocables? Uno de ellos, el verdadero capo de Los Intocables, es el presidente más popular que haya tenido Colombia en los últimos 30 años. ¿Álvaro Uribe será detenido por las masacres de La Granja y El Aro? Si hay jueces justos, si la Corte Suprema de Justicia actúa y si la nueva fiscal es facilitadora del proceso, la respuesta es un rotundo sí.
La calidad de ser el capo de Los Intocable de la justicia colombiana, seguramente siguiendo el precepto de la verdad y del imperio de la justicia, se extinguirá su impunidad en 2024. Y esto no puede calificarse de odio a Uribe. ¿Por qué? Porque nadie puede estar por encima de la Constitución y la ley. Mucho menos los servidores públicos que tienen la doble obligación de cumplir con los preceptos constitucionales y legales. Y los delitos se cometen por acción o por omisión.
Por ejemplo, existe suficiente material probatorio e incontrovertible de la responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez como gobernador de Antioquia (1995 a 1997), a título de autor en comisión por omisión de delitos de lesa humanidad como masacres, torturas y desplazamiento forzado. Los acontecimientos en materia de justicia alternativa (Justicia y Paz y JEP), seguramente tendrán un desenlace fundamental para conocer la verdad judicial de los procesos más sensibles que están sin resolver.
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Dos hechos y un testigo
Existen dos hechos probados por sentencia judicial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde condenaron al Estado colombiano por omisión que permitió la comisión de dos masacres donde murieron 18 campesinos de La Granja y El Aro. Y esa omisión tiene un nombre propio, el gobernador de Antioquia de ese entonces.
Pero, también, sobrevive el principal testigo de cómo se prepararon esas incursiones paramilitares. Los otros fueron asesinados por atreverse a hablar. Es el mismo testigo que fue condenado a 40 años junto a Carlos Castaño: Salvatore Mancuso Gómez. Este testigo dijo en Justicia y Paz que se reunió con el secretario del Interior del gobernador Uribe Vélez, Pedro Juan Moreno para organizar la Convivir de Ituango y coordinar la operación castigo a los pobladores de La Granja y El Aro.
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Para la memoria
En 2006 se envió a varias editoriales mi libro El Príncipe Oscuro. Durante ese tiempo el presidente Uribe tenía un favoritismo superior al 80%. Su reelección era un hecho. Ninguna de las editoriales que recibió los manuscritos se atrevió a publicar el libro. ¿La razón? La hipótesis central del texto se centra en que el proyecto contrainsurgente financiado por el narcotráfico y dirigido por el Estado con el apoyo del gobierno norteamericano y su política de seguridad nacional, permitió el triunfo de Álvaro Uribe Vélez. Este apoyo se conoció como Plan Colombia.
Una de las historias del libro se refiere a las masacres de La Granja y El Aro. En el 2008, no en vano la CIDH condenó a la nación por estos dos casos. El Príncipe Oscuro está inédito. Bienvenido 2024, porque saldrá a la luz pública el segundo libro que había escrito sobre el conflicto armado colombiano.
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Bienvenido 2024: ¿Uribe será detenido?
Sin duda, la detención de Álvaro Uribe está cantada. Tendrá un final similar al que fuera presidente de Perú (1990-2000), Alberto Fujimori. Pero el proceso judicial es distinto. ¿Por qué? Al mandatario peruano lo condenaron cuando tenía 70 años por delitos de lesa humanidad en su calidad de determinador o mediador. En el caso de Uribe (71 años) está probado su delito por omisión a título de dolo. Es decir, que sabía de la patraña genocida de los paramilitares, porque se lo advirtieron los pobladores, los defensores de los derechos humanos y la misma Defensoría del Pueblo. Pero no hizo nada para evitarlo.
Por el contrario, despejó el camino para que se cometieran las masacres de La Granja y El Aro. Pero faltó a su deber constitucional y legal de desplegar las medidas para la protección de los campesinos asesinados en las dos matanzas. La argumentación jurídica (la hipótesis que puede ser la tesis condenatoria) es que siendo gobernador y garante de los derechos fundamentales de los asociados de su jurisdicción, le correspondía atender ese clamor y adoptar las medidas de seguridad ciudadana. Y no lo hizo. Lo agravante, se lo advirtieron en un consejo de seguridad municipal.
Por esa razón, Álvaro Uribe Vélez fue denunciado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2020 por el delito de autor en comisión por omisión. Esta denuncia fue presentada por el exfiscal (2012-2016) Eduardo Montealgre Lynett y su exvicefiscal Jorge Perdomo. ¿La Corte tiene engavetado este proceso? Seguramente ya lo está desempolvando.
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La advertencia
En 1996, al gobernador de Antioquia de esa época, Álvaro Uribe Vélez, se le advirtió en varias oportunidades que adoptara medidas de protección para evitar una incursión de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en los corregimientos de La Granja y El Aro, Ituango. No lo hizo. El 11 de junio fueron masacrados 4 líderes sociales de La Granja. Luego, volvieron a pedir protección. Pero, el gobierno de Uribe despejó la zona del control del ejército. Como consecuencia de esta deliberada y dolosa omisión del gobernante, los paramilitares cometieron la masacre de El Aro.
El 11 de junio de 1996, por lo menos 22 paramilitares, incursionaron en La Granja (Ituango) para asesinar a William de Jesús Villa García, Héctor Hernán Correa García, María Graciela Arboleda Rodríguez y Jairo de Jesús Sepúlveda Arias. El gobernador permitió que las Fuerzas Militares se retirarán a pesar del clamor de las comunidades de que no lo hicieran en el marco de un Consejo Municipal de Seguridad en Ituango.
La misma historia se repitió con la masacre de El Aro. Aquel 22 de octubre de 1997, según la CIDH, los paramilitares dirigidos por Carlos Castaño y Salvatore Mancuso masacraron a 15 campesinos en estado de indefensión. Otros tantos fueron despojados de sus bienes y desplazados de su territorio.
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La denuncia del exfiscal Montelagre
Como se dijo, la CIDH condenó en 2008 a Colombia por el asesinato del defensor de los derechos humanos, Jesús María Valle Jaramillo. El asesinato se produjo en su propia oficina varios meses después de la masacre de El Aro. Un comando de las AUC entró y lo mató a sangre fría. Su muerte, según Mancuso, la pidió el secretario del Interior, Pedro Moreno, siguiendo órdenes de Uribe. Valle Jaramillo había denunciado por omisión al gobernador Uribe Vélez.
Luego de esa condena contra el Estado colombiano, nadie hizo nada para hallar a los responsables de esa masacre. Solo hasta el 2020 que Eduardo Montealgre Lynett y Jorge Perdomo radicaran una denuncia contra Álvaro Uribe Vélez ante la Corte Suprema de Justicia. Al respecto, los denunciantes dijeron:
Haremos una disertación argumentativa sobre las razones por las que la Honorable Corte Suprema de Justicia debe mantener la competencia y el conocimiento de los hechos que aquí se denuncian a pesar de la renuncia del aquí denunciado a su curul en el Congreso de la República.
Denuncia contra Álvaro Uribe Vélez.
En efecto, la denuncia que consta de 95 páginas, presentó una serie de pruebas y hechos que sustentan la principal tesis: Álvaro Uribe Vélez es responsable por omisión deliberada.
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Bienvenido 2024: Nuevos hechos
Si la Corte Suprema de Justicia tiene la voluntad jurídica de conocer la verdad y romper la imperante impunidad, debe tener la valentía de desempolvar el proceso originado con la denuncia presentada en 2020 por el exfiscal Eduardo Montelagre y su vicefiscal Jorge Perdomo. ¿Nuevos hechos? Son abundantes.
El testimonio del “Mono” Mancuso ante la JEP en 2023, sin duda, es un material probatorio nuevo. Este hecho de justicia alternativa, deberá obligar por oficio a los magistrados de la Sala de Instrucción desempolvar el proceso y proferir las medidas correspondientes.
Si la Corte no desempolva el proceso contra Álvaro Uribe Vélez por las masacres de La Granja y El Aro, estaría cometiendo omisión deliberada, la misma conducta que se le endilga al que fuera gobernador de Antioquia (1995-1997). Período en el cual las masacres y homicidios se multiplicaron.
Según fuentes de la misma Defensoría del Pueblo, su aumento fue del 335% en comparación con el período de su anterior gobernador. Es decir, que el mandato de Uribe fue el más sanguinario de toda la historia de Antioquia. Las víctimas fueron sus propios paisanos. La palabra la tiene la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Es una papa caliente, si. Pero también es la oportunidad para que la justicia colombiana se reivindique con las víctimas, la verdad y combatan la criminal impunidad de Los Intocables.