Acoso judicial
¿Puede configurarse acoso judicial contra Carlos Caicedo Omar, el único gobernador de izquierda en Colombia? Basta analizar las declaraciones del fiscal Francisco Barbosa anunciando investigaciones preliminares para darse cuenta que no existen elementos de facto que ameriten iniciar un proceso penal. Sin embargo, esta situación provocó la advertencia de la bancada de oposición. Pues, el acoso judicial deviene en una posible persecución política.
Si bien es cierto que cualquier ciudadano puede denunciar hechos considerados irregulares y los entes investigadores están obligados a recibirlos y ponderarlos; no es menos cierto que pueden ser usados para construir una matriz de opinión negativa contra el gobernador Caicedo. Esa es la consecuencia del acoso judicial.
Campaña de moralización
Para la opinión pública es plausible que los entes de control no estén en cuarentena. Nadie puede estar exento de una investigación disciplinaria, fiscal o penal. No importa que los gobernantes sean de izquierda, de derecha o centro izquierda. Petristas o uribistas.
El fiscal general Francisco Barbosa —en rueda de prensa virtual— dijo que van 125 investigaciones y 40 indagaciones, 140 órdenes de policía judicial y revisado más de 3.000 contratos en el marco de la campaña de moralización de la contratación Covid—19.
En la rueda de prensa dijo que los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia adelantan 14 procesos contra aforados, entre ellos, un ministro y 11 gobernadores. Una de las investigaciones preliminares anunciadas por Barbosa en otra oportunidad fue la que le sigue al gobernador del Magdalena Carlos Caicedo.
Las viudas del poder
El movimiento Fuerza Ciudadana, de Carlos Caicedo, le dio sopa y seco a las diferentes casas políticas que dirigen los gamonales dueños del Magdalena. Le quitó casi todo.
La alcaldía de Santa Marta había quedado por fuera de la voracidad de esa clase política cuando hace dos períodos quedó en manos de Caicedo. Sufrió muchos ataques procedentes de las entidades de control. Varios de los procesos disciplinarios fueron tumbados. Regresó a la actividad política para quedarse con la gobernación. El primer feudo que Carlos Caicedo le arrebató fue la Universidad del Magdalena.
Solo tienen incidencia en las instituciones nacionales con presencia en esta parte del país y en los organismos de control, especialmente de la Procuraduría. La reciente intervención del Hospital «Julio Méndez Barreneche» por la Superintendencia de Salud (Supersalud) es parte de la arremetida contra el líder de Fuerza Ciudadana. No tiene otra explicación. En la época de Rosa Cotes Vives, gobernadora anterior, se hicieron de la vista gorda y nunca atendieron el clamor de la comunidad que pedía corrección del rumbo de ese centro hospitalario.
Caicedo nombró a Julio Romo —un hombre con capacidad operativa— que tenía un plan de desempeño para sacar adelante al «Méndez Barreneche». Todo iba bien. Hasta cuando vino la puñalada trapera de la Supersalud. Lo intervino como si fuera un asalto a mano alzada. No hay que adivinar para decir que ese hospital quedará en manos de la mafia política que en la época del paramilitarismo pelecharon del sistema de salud. Ejemplos, Ese Río Grande de la Magdalena, Hospital Universitario del Caribe, Hospital de Villavicencio. Es el viejo uribismo rescatando lo que creen que es suyo.
Persecución y acoso judicial
¿Por qué existe una marcada sospecha de persecución política con este acoso judicial de las ruidosas declaraciones de los entes de control? El carácter de Caicedo es explosivo. Aunque últimamente está mostrando mucha madurez política. Quizás aprendió de los procesos judiciales y disciplinarios que le siguieron. Hoy se proyecta como uno de los líderes nacionales que le puede disputar el poder a la clase política dominante. Sin duda, es un hombre de ideas políticas de izquierda. Tanto que la bancada de oposición lo respalda.
Es claro que Caicedo Omar se convierta en un blanco de los ataques de la clase política y, por tanto, del acoso judicial. Éste, como se sabe, no lo hace directamente. Se vale de dudosos veedores que presentan las denuncias para justificar dicho acoso judicial contra el inquieto gobernador.
El movimiento del gobernador Caicedo hizo moñona en las pasadas elecciones de 2019. Ganó la alcaldía distrital de Santa Marta con Virna Lizi Johnson Salcedo y la gobernación del Magdalena. Esto, por supuesto, creó resistencia de la clase política tradicional. Todo su acumulado político y económico lo está utilizando para debilitar los cimientos de un gobierno contrario a sus intereses. La mejor fórmula es el acoso judicial.
Por tanto, esa clase política quedó huérfana, pero no desamparada. Ahora son las viudas del poder. Carecen de burocracia y de contratación. Pero tienen una marcada influencia con el gobierno nacional y con los entes de control como la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría. De hecho, no escatiman esfuerzos para contraatacar y desatar la más encarnizada persecución política. Se valen de los organismos de control. El otrora procurador Alejandro Ordoñez lo hizo con Gustavo Petro, cuando éste fue Alcalde Mayor de Bogotá.
Acoso judicial contra Petro
Recordemos que todas las acciones de control de la Procuraduría y de la Contraloría contra el gobierno de Colombia Humana estaban viciadas. Esto lo comprobó posteriormente la justicia ordinaria, especialmente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado. Petro quedó limpio de todos esos cargos.
Estos fallos a favor del exalcalde de Bogotá ratificaron las denuncias, según las cuales los procesos disciplinarios y fiscales iniciados por esos organismos se constituyeron en un acoso judicial. En otras palabras, en persecución política. Remember, Petro fue depuesto transitoriamente de la alcaldía por el procurador Ordoñez. Pero en poco tiempo, una medida cautelar, lo regresó a su cargo.
Todas las multas que me impuso la contraloría por más de US $100 millones por no subir tarifas de transmilenio, comprar la flota de aseo o por el pago que Peñalosa hizo arbitrariamente de multas de la Superintendencia han sido suspendidas por la Justicia
https://t.co/1GjsoturNn— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 5, 2019
El regreso de Caicedo
Luego de la dura persecución política, Carlos Caicedo Omar regresó remasterizado y le arrebató la gobernación del Magdalena a los hoy viudos del poder. ¿Funcionará la instrumentalización de la justicia disciplinaria y penal? ¿Funcionará el acoso judicial? Desde el punto de vista de la justicia no funcionará. Al final pasará lo mismo que pasó con Petro con la alcaldía. Pero busca reducirlo. Acabarlo. Inmovilizarlo.
Esas son zancadillas del poder tradicional para hacer infuncional su gobernación. Son acciones que se convierten en golpe de opinión para demeritar la buena labor que el gobernador del Magdalena está realizando en esta pandemia. Los resultados de su gestión son dicientes. Quieren meterlo en el mismo saco de los gobernantes uribistas sorprendidos con las manos en la masa… en los recursos del Covid—19. ¿Ejemplo? El alcalde de Guaduas, Cundinamarca, Germán Herrera.
Si bien es cierto que una investigación preliminar no es ninguna evidencia de la existencia de una clara irregularidad, sí puede transformarse en un un acoso judicial y el inicio de una matriz de opinión negativa y, por ende, en una persecución política.
Uribe y sus protegidos
Ojo fiscal con el acoso judicial
La opinión pública espera acciones concretas contra la corrupción y no show mediáticos. Mucho menos intrumentalización de la justicia disciplinaria, fiscal o penal.
El fiscal Barbosa y el procurador Carrillo deben ser cuidadosos para que la clase política regional del Magdalena no los utilicen para una persecución política contra el gobernador Carlos Caicedo. Cada caso necesita una rigurosa investigación. Pero deberían someter los procesos contra mandatarios de izquierda a un test especial para descartar cualquier sospecha de persecución política.
El caso de Gustavo Petro en Bogotá se encuentra en los anales de la infamia de la justicia cuando ésta la instrumentalizaron y la convirtieron en un apéndice de la perversidad política. No puede haber otro Ordoñez, un procurador que cohonesta con los corruptos y persiguie a los mandatarios honestos simplemente por tener diferencia ideológica o política.
Carlos Caicedo Omar no es un santo. Pero corrupto, jamás. Es la opinión de medios honestos y voceros de la comunidad de ese departamento. Quizás sea el «diablo» para la clase política corrupta del Magdalena. Un poco temperamental. Pero de allí a precalificarlo de corrupto podría ser una clara persecución política. Por esta razón, los organismos de control deben aplicar un test especial para que las investigaciones que se sigan contra el mandatario Caicedo esté libre de sospechas de una persecución política.