El Estado y familias poderosas, tales como Santo Domingo y Echavarría, son los despojadores de la población afrodescendiente de la paradisíaca isla de Barú. Pero, más que despojadores de sus tierras, fue el despojo de su propia identidad que no tiene valor comercial, como lo podría tener un pedazo de tierra. Una tierra que una vez fueron de los indios y que luego pasaron a los negros libertos. Este despojo está evidenciado en testimonios de nativos, y de miles de folios que reposan en procesos judiciales de los juzgados de Cartagena y altas cortes, como en los anales del congreso de la república de 2007 con el debate de Samuel Arrieta y la audiencia pública de noviembre de 2022.
Autor: Lucio Torres
Comienza la Semana Santa y se reactiva el turismo religioso, especialmente en 21 sitios de Colombia. Los centros de atracción de categoría nacional son Mompox y Cartagena en Bolívar. En cuanto a alcanzar una verdadera experiencia religiosa, a Magangué se le apareció la virgen. Ahora, la Ciudad de los tres ríos estaría será ineludiblemente incluida entre los 21 sitios de la «Ruta de la Fe». La «Ley Yamilito» facilita el camino para que ello sea una realidad y vendría la reactivación de la economía, el turismo y de la vida social y cultural de Magangué.
Si fuera un juez de Colombia, la primera parte del título podría ser frecuente por tanta decisiones judiciales que solo favorecen a los poderosos que ejercen el poder en forma legal o ilegal. Nuestros jueces y fiscales se cagan de miedo por el dinero o por la intimidación. Por el contrario, un inmigrante colombiano, que pasó de lavador de platos a juez de Trump pone a «coger gárgaras» a algunos fiscales y jueces de nuestra patria. Jueces y fiscales que venden la justicia al buen postor para salir de pobres. Y todavía se preguntan por qué salen tantos delincuentes debajo…
¡Última oportunidad para Enilce del Rosario López Romero! La JEP citó a «La Gata» para que maulle la verdad, toda la verdad en una audiencia pública, única y definitiva a realizarse los próximos 30 y 31 de mayo. Ella deberá esclarecer su relación con grupos paramilitares, parapolíticos y su participación en crímenes relacionados con el conflicto armado en ciudades como Magangué, Barranquilla, Santa Marta Cartagena y Sincelejo. Así como en los departamentos donde su organización tuvo presencia: Bolívar, Sucre, Atlántico y Magdalena.
¿Alias «el Tractor» puede hacer trasladar a una fiscal? Liliana Velázquez Trespalacios, fiscal seccional 53 de Bolívar, no había hecho nada extraordinario en estos últimos 3 años para combatir los delitos contra la administración pública en el Distrito de Cartagena como en el departamento de Bolívar. Pero, cuando ya tenía un proceso penal por prevaricato contra William Dau Chamat para imputación de cargos y medida de aseguramiento (¡oh, sorpresa!), desde Bogotá, le vino su traslado para la región del Magdalena Medio.
La declaratoria de Salvatore Mancuso Gómez ante la JEP viene despertando grandes expectativas sobre los crímenes de «Los intocables». Las víctimas esperan la verdad real y no solo judicial. Es un desafío de la justicia alternativa para que no ocurra lo mismo que sucedió en la audiencia única con «Jorge 40», quien especuló tanto sin revelar nada nuevo. Mancuso, como se sabe, fue uno de los cofundadores del proyecto contrainsurgente de las Autodefensas Unidas de Colombia —AUC—. Actúo como jefe de alias «Ojitos Azules», Alias «300» (Rafael Antonio Matera Lajud) y alias «Comandante J-1», Alfonso Macías. Todos ellos ahora pasan…
Esta es la historia de la fosa común de Alfonso Macías, uno de «Los intocables». Ganadero, palmicultor, empresario y propietario de la finca El Potosí, en la vía a El Copey, Cesar. Hoy, según los que lo conocen, aparenta ser una prestante persona muy respetuosa de los derechos de los demás. Siempre lleva a cuesta una mochila, en cuyo interior hay una pistola preparada para matar. Esta historia pareciera que fuera inverosímil, pues, muchas personas no creen que el ser humano puede llegar a cometer horribles hechos inhumanos, que aquí solo referenciamos.
La libertad de Dasuki, alcalde de Maicao y del exalcalde Molina Becerra por el contrato de cerca de $3 mil millones para una pavimentación de dos calles de esa ciudad, al parecer, puso al descubierto dos actos de flagrante corrupción. Un descarado tráfico de influencia de altos funcionarios de la Fiscalía de La Guajira. Pero también, una amañada y débil acusación del fiscal Jesús Pertuz que sirvió para que los defensores de los capturados pudieran pedir la libertad de los sindicados.
La campaña «¡Libertad y Orden!» surgida de la Primera Cumbre de Gobernadores 2023 —realizada en Quindío— dio origen a especulaciones de teorías conspirativas entre la izquierda y la derecha colombiana. Aparentemente, solo fue resultado de la creatividad espontánea de varios gobernadores para enfrentar algunos hechos que afectan la democracia. Pero, si se trata de analizar la construcción de un «golpe de Estado blando» no podemos soslayar los grandes errores estratégicos del gobierno compartido que parte de una lectura equivocada del conflicto armado colombiano.
¿Se les acabó la suerte a Los Intocables, la primera generación de traquetos de la AUC que se vinieron a grandes empresarios? El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, MEBAR, Jorge Urquijo, aumentó la recompensa a $100 millones por el caso de la masacre de La Loma, la misma institución, la Fiscalía y el poder judicial penal protegen grandes empresarios emergentes residentes en Curramba, llamados «Los intocables». La lista es larga. Empezamos hoy con Lo del Matadero. Concretamente con Rafael Matera Lajud, alias «300», sindicado de varios delitos de lesa humanidad, desplazamiento forzado y homicidios.