de la Corte Constitucional de declarar, anoche, exequible la ley 1922 de 2018 o Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz —JEP—, abre las puertas para que la familia Alfonso López, de Magangué, sea sometida por la justicia transicional como actor directo del conflicto armado. «¡Mierda en catabre!», podría suceder, si dicen la verdad.
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