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Por primera vez en la historia de Colombia, el hijo de un presidente de la República en ejercicio, es detenido por delitos asociados a su actividad política. Si queremos hacer un análisis fáctico y descartar una falacia de la verdad a medias, es preciso formularnos esta pregunta: ¿La detención de Nicolás, es un golpe devastador al gobierno de Gustavo Petro? Además, vale la pena proponer otros interrogantes. ¿La Fiscalía podría unir las piezas para demostrar que hubo una financiación ilegal de la campaña presidencial? ¿Hasta qué punto el sistema judicial podría tener sitiado al presidente para forzar un juicio al interior del congreso? ¿La situación de Petro es peor que cuando el 29 de febrero de 2016 fue detenido Santiago Uribe Vélez, hermano de Álvaro Uribe, presidente (2002-2010) y senador de la república en ese momento?

En uso de las facultades ganadas al vencer limpiamente en la consulta popular interna de Colombia Humana (CH), Máximo Noriega se inscribirá a la gobernación del Atlántico con aval automático. Lo hará en nombre del Frente Amplio “Atlántico al Máximo”, constituido por la mayoría de agrupaciones que compone el Pacto Histórico de ese departamento. Aparte de tener un derecho adquirido con la consulta popular, importantes sectores de la coalición que llevó a la presidencia a Gustavo Petro, como el Polo Democrático, no apoyarían a Alfredo Varela, porque sería un contrasentido a los principios democráticos y populares definidos por la Constitución y la ley.

Justicia Especial de Paz (JEP) deberá compulsar copia a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su ministro del Interior, sean investigados por concierto para delinquir y homicidio agravado por el secuestro y muerte del alcalde de El Roble Eudaldo León (Tito) Díaz Salgado. En tanto que, en una reacción tardía, el exmandatario presentó hoy denuncia penal por injuria y calumnia agravada contra el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso Gómez.

El Consejo Nacional electoral-CNE respaldó a Máximo Noriega a la gobernación del Atlántico. Exhortó a Colombia Humana (CH) cumplir los términos establecidos en la consulta del 23 abril que ganó ampliamente el dirigente progresista que tiene un recorrido de 40 años de luchas. Esta decisión es de suma importancia que pondría a pensar a la coordinación nacional del Pacto Histórico, ya que es una coalición y no un partido o movimiento político.

Hoy fue desvelado un plan para asesinar a Héctor Pérez Fernández, candidato a la alcaldía de Cartagena y abogado de restitución de tierras. De inmediato, algunos defensores de derechos humanos activaron las alarmas para solicitarle a los organismos nacionales competentes la protección de la integridad física del líder social y político

Algún vecino cansado de las mañanas enrarecidas con olor a caucho quemado, grabó en video el momento cuando el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, se le veía vapeando, al parecer, “base sucia de cocaína” (basuco) con mariacachafa (cannabis). Este hecho confirmaría las razones por las cuales VoxPopuli Digital le hizo una pregunta pública en uno de sus artículos del mes de noviembre de 2020 sobre su presunto problema de adicción a las drogas. La misma pregunta que se le hizo en la audiencia del abortado proceso de su revocatoria que se viralizó el 2 de febrero de 2021.

Entró en la recta final la selección de los candidatos a los cargos uninominales (alcaldías y gobernaciones) del Pacto Histórico. Si en Bogotá, Cali y Barranquilla llueve, en Cartagena y Bolívar no escampa. La candidatura de la coalición se definirá entre Germán Viana Guerrero (Colombia Humana) y Luis Enrique Flórez Agamez. Ninguno de los dos obtuvo consenso. Sin embargo, la candidatura de Viana fue impugnada, no tanto porque no le podría hacer cosquilla a Yamilito Arana, el candidato a vencer en la gobernación de Bolívar, sino porque un sector de esos movimientos considera que no es un digno representante del movimiento del cambio. Lo califican como infiltrado de la derecha

Es verdad que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó de plano las pretensiones de Nicaragua de ampliar su plataforma marítima más allá de sus 200 millas náuticas. Sin embargo, es un triunfo agridulce. ¿Por qué? Si bien es cierto que detuvo la ambición de Nicaragua, deja incólume el fallo injusto y prevaricador de 2012 de esa Corte que le quitó al país 75 mil kilómetros de mar y se los entregó al reclamante. ¿Debemos celebrar esta injusticia que hiere el amor patrio? La misión del presidente Petro es liderar una reclamación justa y de acorde a las nuevas pruebas que aparecieron en investigaciones históricas del cartagenero Juan Roberto Serrano Ochoa.