Los empresarios de la muerte que financiaron y determinaron masacres, homicidios y desplazamientos forzados en la Costa Caribe entre 1998 y 2003 se están muriendo, pero de viejo. Es el caso de Alfonso Macías Vargas, quien, con su hijo Alfonso Macías Azuero, presuntamente, removieron con buldozer la fosa común para desenterrar 12 cadáveres de personas que asesinaron y torturaron en el pequeño holocausto de su finca El Potosí. Los Intocables siguen delinquiendo y la Fiscalía General de la Nación (FGN) y el poder judicial lo saben. Una explicación de esa impunidad sería el hecho de que los abogados defensores de esos genocidas, hoy son altos funcionarios del poder judicial que obstruyen la verdadera justicia.
El único condenado es Darío Alberto Laíno Scopetta, alias «Ojitos Azules», quien está pidiendo nuevamente ser aceptado por la JEP. Con los 40 falsos empresarios ―que hacen parte de Los Intocables― la justicia no funciona.
Por ejemplo, en Barranquilla y el Atlántico se tomaron la Fiscalía, la Procuraduría y hasta la Defensoría en los dos períodos de Álvaro Uribe Vélez. Ese poder lo consolidaron en los dos gobiernos de Juan Manuel Santos y en el de Iván Duque Márquez. Ninguno de los fiscales ―con excepción de Eduardo Montealegre Lynett― se atrevió a desmontar ese poder mafioso.
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Al oído de la Fiscal
Por esa razón, para la fiscal Luz Adriana Camargo, debe ser un desafío desmontar el poder mafioso en las seccionales de la Fiscalía. Debe fijarse, especialmente, en las regionales donde los casos son evidentemente vergonzosos. Tal es la situación de la Fiscalía Seccional del Atlántico. El reto es acabar con tanta criminalidad, corrupción e impunidad en esta seccional donde reside el poder financiero corruptor de las organizaciones mafiosas de la Costa Caribe. Estos sujetos llevan una década siendo mencionados en Justicia y Paz como altos y anchos criminales.
En efecto, para que la Fiscal Camargo se dé cuenta de ello, basta revisar las declaraciones del jefe del paramilitarismo Salvatore Mancuso, especialmente la del 26 de mayo de 2022 ante la JEP, y las compulsas de copias enviadas a la Fiscalía General de la Nación en las dos macro sentencias de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla para darse cuenta de esta descarada impunidad tan perversa como los execrables crímenes de los sindicados.
Las organizaciones víctimas del conflicto armado y la sociedad en general, confían que con la actuación de la fiscal Luz Adriana Camargo Garzón, esta situación cambie, y se dignifique a la justicia. Porque son tan cínicos que en vez de pedir perdón o disculpas a sus víctimas y repararlas, lo que hacen es denunciarlas falsamente para tratar de justificar lo injustificable. Además, amenazan de muerte, tal cual el excomandante paramilitar (según Mancuso) Rafael Matera Lajud lo hizo contra el jurista Jhonny González.
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Gutiérrez Strauss ¿el decano de los paramilitares?
En consecuencia, para demostrar la tesis central de este informe, citaremos la historia torcida del abogado barranquillero Juan Carlos Gutiérrez Strauss exdecano de Derecho de la Universidad Libre de Barranquilla. Su conducta es típica del intelectual tránsfuga que no tiene ningún reparo ético para pasar de un bando a otro. A finales de los 90 se encontraba vinculado a la FGN como fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Barranquilla, desde donde, presuntamente, se puso al servicio de los paramilitares. Luego, a partir del 2000, comenzó a litigar a favor de los mismos paramilitares. ¿Qué pasa cuando un profesional cruza la delgada raya que separa su servicio profesional de defensa de su cliente a ponerse a su servicio para amparar o cometer sus crímenes? ¿Es cómplice o determinador?
Cualquiera sea la respuesta, ello expresa de cómo los defensores de los mafiosos se transforman en lo más connotado de la administración de justicia colombiana para seguir defendiéndolos desde adentro. En aquellos tiempos de masacres, desplazamientos forzados, tierras arrasadas, homicidios, fosas comunes, desapariciones, extorsión, Gutiérrez Strauss se destacó por ser un férreo apoderado de esos falsos empresarios y testaferros de Jorge 40. Desde que llegó Margarita Cabello como procuradora, lo ascendieron a ser el flamante procurador 47 Judicial Penal II de Barranquilla.
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¿Por qué Los Intocables siguen delinquiendo?
¿Cómo dio esa voltereta tan descarada y espectacular el hoy procurador judicial más importante que tiene Barranquilla? Sencillo, después del 2002, el poder del presidente de la época, Álvaro Uribe Vélez, protegió a los líderes del paramilitarismo que devinieron en falsos empresarios de la palma, ganaderos y terratenientes que se fueron quedando con las tierras de las víctimas. Ellos financiaron la campaña del hoy enjuiciado expresidente.
En ese devenir, Gutiérrez Strauss tomó casos de empresarios que fueron denunciados en Justicia y Paz, como el dueño del matadero Camaguey, Rafael Matera Lajud, en cuyo campero blindado iba el candidato a la presidencia de entonces (2002), Álvaro Uribe Vélez, cuando visitaba Barranquilla.
Juan Carlos Gutiérrez también fue apoderado de Alfonso Macías Vargas, quien fue condenado en primera instancia (2003) por el asesinato de Juan Noguera Aarón, hermano del presidente del Consejo Superior de la Judicatura de Santa Marta, Enrique Camilo Noguera Aarón.
Tres meses después de esa condena dada por el Juez Único Especializado de Santa Marta, también asesinaron al exmagistrado. Todo indica que el abogado Gutiérrez Strauss estaba con Macías el día que asesinaron en Santa Marta al exmagistrado Noguera Aaron. Y los dedos de los jefes paramilitares desmovilizados apuntan a la dupleta Macías―Matera. ¿La razón? El magistrado incidió para que condenaran a Macías Vargas y, por ende, Matera Lajud y sus compinches tenían miedo de que esa situación se extendiera a los otros jefes paramilitares que se disfrazaron de empresarios y se quedaron con el patrimonio expoliado.
Los 40 falsos empresarios
Esos 40 falsos empresarios ―identificados en Justicia y Paz en todos los procesos― fueron sindicados de determinadores y financiadores de los grandes crímenes del paramilitarismo de la Costa Caribe, especialmente del Cesar, La Guajira, Magdalena y Atlántico. A raíz de la compulsa de copia para que la Fiscalía los investigue, el magistrado Gustavo Aurelio Roa Avendaño fue objeto de amenazas directas de los Macías, probablemente. Razón por la cual presentó denuncia penal que tampoco se ha movido en lña fiscalía.
De igual manera, el jurista González hizo lo propio contra Rafael Matera Lajud, quien fuera uno de los mayores accionistas de la antigua Palmeras de la Costa. Hoy, es aceptado en el mundillo económico y social como si nada malo hubiese hecho. Con la red de testaferros de Salvatore Mancuso, Jorge 40 y demás mafiosos, y la aparición sucesiva de organizaciones criminales, Barranquilla refleja el grado de permisividad y decadencia de su sociedad y de sus gobernantes.
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¿El abogado del paramilitarismo?
¿Cómo se explica que el abogado del paramilitarismo, Gutiérrez Strauss, esté en el poder judicial? El Procurador Judicial Segundo de Barranquilla trabaja con la Procuraduría desde 2016. Presuntamente es cuota de los exjefes paramilitares, concretamente, de Los Intocables. ¿Cuál es su entronque político? De acuerdo con Cuestión Pública, en 2014, dos años antes de su posesión, aportó $2 millones a la campaña de José David Name Cardozo, senador del Partido de la U.
Recordemos que su tío, el megacontratista David Name Terán fue copropietario de Métodos y Sistemas, empresa de Barranquilla del Bloque Norte de las Autodefensas para recibir dineros del Distrito y financiar campañas políticas, Esto quedó demostrado, especialmente en la elección del alcalde Guillermo Hoenigsberg Bornacelly y del senador David Char, quien se acogió a la JEP y entregó pruebas de estos hechos. El hoy procurador Gutiérrez Strauss, en su vida litigiosa, llevó casos complicados como el de los empresarios palmeros Alfonso Macía Vargas, Rafael Matera Lajud, (dueño de matadero Camaguey) Adolfo Guevara Cantillo (alias “Alejandro 101”), mano derecha de Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’. Todos ellos fueron acusados de ejecuciones extrajudiciales, además de financiadores del paramilitarismo.
Hoy, el exparamilitar Adolfo Guevara Cantillo pidió declarar contra el senador de Cambio Radical Antonio Zabararín por sus presuntos vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC–.
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Salvador Arana Sus
Por alguna razón el exgobernador y condenado Salvador Arana Sus fijó su residencia en Barranquilla. Y es que esta ciudad ―desde el dominio paramilitar― pareciera que fuera el paraíso de los testaferros del paramilitarismo y de la mafia y de todos aquellos que han tenido problemas con la justicia. Es innegable el poder que el bajo mundo tiene en la rama judicial y en la Fiscalía como en la Procuraduría.
Recordemos que por orden o influencia del fiscal Luis Camilo Osorio Isaza se promulgó el acto inhibitorio por medio del cual se archivó el expediente contra el gobernador de Sucre, Salvador Arana Sus, condenado a 40 años de cárcel por ser determinador o autor intelectual del secuestro y posterior asesinato del alcalde de El Roble, Tito Díaz, padre del médico David Díaz. Arana Sus, quien fue condenado a 40 años por la Corte Suprema de Justicia, ahora prendió el ventilador donde vincula a gran parte de la clase política y de varios empresarios de Sucre y de la Costa Caribe. Deberá explicar cómo logró el acto inhibitorio de la Fiscalía de Osorio Isaza y denunciar a sus compinches.
El primer fiscal de bolsillo que se puso al servicio de la mafia fue Luis Camilo Osorio Isaza. Este hecho fue denunciado por las organizaciones de derechos humanos de Colombia. Pero, también así reposa en varios expedientes que la Corte Suprema de Justicia compulsó a la Comisión de Acusaciones para que lo judicializara.
Como se recuerda, Salvatore Mancuso, Eleanora Pineda y Miguelito de la Espriella, en sus declaraciones donde fueron condenados, manifestaron a ese alto tribunal (¡óigase bien!) que Osorio Isaza estaba al servicio del proyecto paramilitar. Igualmente se puede citar el expediente contra la exsenadora Piedad Zuccardi, el cual fue compulsado a la Comisión de Acusaciones.
El blindaje de Los Intocables
Hasta aquí queda en evidencia la tesis de que Los Intocables siguen delinquiendo. Pero por qué siguen mandando. ¿Están blindados ante la Fiscalía? La respuesta es afirmativa. Pero es un blindaje de alto nivel. En los dos períodos de Uribe, ni la Procuraduría ni la Defensoría defendieron los derechos humanos, muchos menos fueron garantes en los procesos judiciales. En su mayoría, se pusieron del lado de los delincuentes en detrimento de los derechos fundamentales de las víctimas. Esto no es una apreciación subjetiva. Es el resultado de los procesos que se dieron en Justicia y Paz.
En uno de los apartes de la macro sentencia contra 25 paramilitares del Frente Pivijay de las AUC, se dice categoricamente:
«Se insta a la Fiscalía General de la Nación para que, en virtud de la importancia de esclarecer las tantas denuncias de presuntas irregularidades, ordenadas, cometidas, auspiciadas y determinadas por civiles, cuya situación hoy en día continúan sin esclarecerse, se les imprima de manera contundente dinamismo y celeridad a las gestiones investigativas que esto amerita, honrándose de tal manera los compromisos con la verdad y la justicia, pilares del trámite transicional.»
En la declaración ante Justicia y Paz del 1 de septiembre de 2023, Salvatore Mancuso se enfrentó al magistrado que presidió la audiencia que dijo:
«Según declaraciones del exparamilitar Juan Francisco Segura Gómez, alias ‘Mario’ o ‘Alacrán’, los empresarios Rafael Antonio Matera y Alfonso Macías fueron auspiciadores de las AUC. ¿Qué nos puede decir al respecto?»
Mancuso respondió:
«Ellos fueron financiadores de las autodefensas. Recordemos que la creación de esos bloques, se dieron por una reunión con miembros del Estado, fuerza Pública (…)».
Cómo colofón, esta pregunta: ¿Luz Adriana Camargo Garzón podrá acabar con el blindaje de Los Intocables? El tiempo pasa y será testigo de la actuación de la nueva fiscal sobre la que recae la esperanza de las víctimas de estos genocidas.