Señora Fiscal: ¿Terminó la vagancia judicial con Los Intocables? Si, leyó bien. Lo que existe es una vagancia del sistema judicial ―en especial de la Fiscalía― para perseguir los crímenes de lesa humanidad de los financiadores y auspiciadores del paramilitarismo, entre los cuales se encuentra mencionados el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Son 20 años inútiles que se cumplirán este 2025 de Justicia y Paz. ¡Inútiles! porque la Fiscalía se convirtió en un bunker de protección de Los Intocables, llevando a la justicia alternativa a un fracaso total.
En nombre de la sociedad colombiana, como medio de prensa, tenga usted esta entrega periodística como un derecho de petición público frente a la evidente vagancia judicial. El 23 de julio del 2024, después de reconocer la deuda de la Fiscalía con la nación por la impunidad respecto a las compulsas de copias de Justicia y Paz, usted prometió:
“… judicializar prioritariamente a los terceros financiadores con mayor poder económico a partir de la información entregada por los desmovilizados en sus versiones libres, estrategia que supone depurar un universo de más de 700 compulsas de copias específicamente relacionadas con esta categoría de terceros”
Luz Adriana Camargo, Fiscal General de la Nación-FGN, 23 de julio 2024
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Y para cuándo la extinción
Después de seis meses de su promesa, nada cambió. Todo sigue igual. Porque no hay excusas para justificar la inexistencia siquiera de una medida cautelar sobre todos los bienes muebles e inmuebles, dineros en bancos, CDTs, empresas, y participaciones accionarias contra los auspiciadores y financiadores del paramilitarismo. Estos sujetos están plenamente identificados.
Las víctimas llaman la atención, porque al día de hoy, ni siquiera la Fiscalía General de la Nación ha iniciado los procesos de extinción de dominio que legal y obligatoriamente corresponden. Ni un solo allanamiento judicial se ha dado en una sola propiedad de estos individuos.
En consecuencia, lo anterior produce una inferencia lógica, que mucho menos Los Intocables serán capturados. Así morirán de viejos tranquilamente, disfrutando de sus riquezas mal habidas productos de Delitos de Lesa Humanidad. Y así, esos bienes muebles e inmuebles pasarán a manos de sus herederos y testaferros, como está sucediendo. Si esto es así ¿dónde queda su promesa publica, señora Fiscal General) ¿En el piso en medio de la impunidad absoluta?
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Ejemplo de vagancia judicial
Citemos solo dos ejemplos de los terceros responsables señalados por las compulsas de copias de las declaraciones de los jefes del paramilitarismo, los procesos y sentencias de los tribunales de Justicia y Paz.
Un ejemplo fehaciente de la vagancia judicial de la Fiscalía ―causal de la inefectividad de Justicia y Paz― es el caso del que fuera presidente, Álvaro Uribe Vélez y su ministro del Interior, Fernando Londoño, sobre el asesinato del alcalde de El Roble, Eudaldo León (Tito) Díaz Salgado. Las declaraciones de Salvatore Mancuso ante la JEP quedaron en el vacío. Reconoció que el secuestro y homicidio del alcalde se facilitó por la omisión de esos altos funcionarios al desmontar el esquema de seguridad, a pesar de que sabían que lo iban a asesinar.
Otro ejemplo. Los casos de Justicia y Paz de Barranquilla reiteradamente en sus compulsas de copia mencionan como terceros responsables a Rafael Matera Lajud, Alfonso Macías y otros. ¿Cuándo iniciarán la extinción de dominio de ellos?
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Delitos de lesa humanidad
Los terceros financiadores y auspiciadores responsables del paramilitarismo se enriquecieron con sus actividades ilícitas, según el material probatorio adjuntados a las compulsas. Ahora, con disfraces, ellos fungen como destacados empresarios o líderes políticos, tal como se demostró en esta serie de Los Intocables. Algunos murieron, pero sus herederos disfrutan de esos bienes muebles e inmuebles producto de sus actividades criminales. Y no de cualquier crimen, sino de los más repugnantes de la humanidad, como secuestro, desplazamiento forzado, masacres, desaparición forzada y descuartizamiento de seres humanos.
Señora Fiscal, usted sabe perfectamente que el financiamiento a grandes bandas criminales se elevó a Delito de Lesa Humanidad. En tanto que, como es de conocimiento público, esos hechos fueron cometidos por el paramilitarismo, y que inexplicadamente la justicia no los toca. Son unos intocables, amamantados por una justicia omisiva y alcahueta. Y esta justicia tiene un nombre específico: LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
Como bien usted lo sabe, la Fiscalía es el organismo persecutor del crimen. Y no lo persigue en este caso en concreto. Se niega, de esta manera, el derecho a una justicia eficaz y pronta para resarcir los derechos de las víctimas y, sobre todo, la garantía de no repetición.
Los Tribunales de Justicia y Paz, incluso, la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales Superiores y Jueces de la República, cumplen de manera ejemplar su labor judicial para juzgar y sancionar a los líderes y financiadores del paramilitarismo.
La fiscalía en vagancia judicial
Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación, inexplicablemente, omite poner en manos de las autoridades a Los Intocables. Es decir, la Fiscalía no cumple con su deber misional de investigar y acusar.
Citemos el caso de la condena a 32 años y 6 meses de prisión contra Darío Alberto Laino Scopetta, alias “Ojitos Azules” o “JM”, (C) por el homicidio en persona protegida de Manuel Pájaro Peinado, directivo del Sindicato de Servicios Públicos de Barranquilla, en 2001. Por demás, es socio de Rafael Antonio Matera Lajud y Alfonso Macías. Esto es de conocimiento público señora Fiscal General. ¿Cómo es posible que a unos del mismo grupo criminal se les condena y a otros se les premia con impunidad?
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Unos sí, otros no
¿Por qué la Fiscalía aplica una justicia selectiva? A unos persigue y hace condenar en tiempo récord. A otros ni los toca. Todos son criminales, por tanto, deben ser objeto de persecución del ente acusador. No cabe ninguna pisca de duda que este es un hecho claro de omisión de la justicia, lo cual ofende la dignidad de las víctimas y de la nación entera.
Por ejemplo, en el caso de la labor judicial del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla, su labor es extraordinaria. Eficiente, sin duda alguna. En sus sentencias y compulsas de copia, desde el año 2019, (¡óigase bien!), hace casi 6 años, trasladó a la Fiscalía General casos significativos de terceros financiadores y auspiciadores responsables del paramilitarismo en Colombia. No investigó. No hizo nada, lo cual es una desgracia para las víctimas y el país entero.
Esos presuntos criminales de guerra, Señora Fiscal General, no repartieron leche y pan a los victimarios sino dineros para exterminar, matar, desplazar y desaparecer a gentes inocentes que claman justicia y anhelan paz.
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Así Mancuso se ratificó
¡Cumpla!
¿Cómo es posible que esos criminales asolapados, que tiraron la piedra y escondieron la mano, permanezcan indemnes? La justicia no los toca. Usted tampoco los toca. ¡Cumpla con su promesa, fiscal LUZ ADRIANA CAMARGO!
Esa sí es una gran deuda histórica de la Fiscalía. ¿Usted lo hará en el 2025? Fue una promesa en su discurso de posesión de marzo y también del discurso de aniversario de Justicia y Paz del 23 de julio de 2024? Los periodistas de hoy deben estar al servicio de la verdad.
Esa es la razón por la cual VoxPopuli Digital, siguiendo el principio de no repetición, publicó la serie Los Intocables a partir de esas declaraciones y sentencias de Justicia y Paz. ¿Cuál ha sido la recompensa? Desde 2006, persecución judicial de la Fiscalía contra este periodista. Me acusó de injuria por el solo hecho de demostrar la penetración del paramilitarismo en la elección de senadores y a otros cargos de dirección del Estado. Nada diferente a la sentencia de muerte de Jorge 40 y la guerrilla contra el periodista. Sentencia que lo llevó, en la década de los 90, a desplazarse forzadamente.
¿Qué hemos recibido a cambio? Persecución judicial, desplazamiento forzado, atentados y amenazas de muerte. Si bien se tiene un esquema de seguridad de la UNP, ello es insuficiente cuando los agentes del Estado ―mediante el acoso judicial― persiguen al que defiende los derechos de las víctimas y no a los victimarios.
Mancuso se ratificó
¿Qué más pruebas necesita la Fiscalía para perseguir a los delincuentes de cuello blanco? ¿Acaso las exiguas condenas contra los ex jefes del paramilitarismo le devolvería la tranquilidad y los derechos humanos conculcados a las víctimas?
¿Acaso la Fiscalía está esperando que Los Intocables se mueran de viejo como sucedió el año pasado con Alfonso Macías Vargas y otros auspiciadores del paramilitarismo? La respuesta a este interrogante retador la tiene usted, Señora Fiscal, para que demuestre en la práctica su brillante discurso del 23 de julio de 2024.
El mismo Salvatore Mancuso Gómez máximo ex comandante de las AUC bajo juramento se ratificó de sus declaraciones ante el magistrado de conocimiento de Justicia y Paz de Barranquilla, refiriéndose a Rafael Antonio Matera Lajud y Alfonso Macias, afirmando textualmente, lo siguiente :
“Si. Estos señores fueron los primeros financiadores y auspiciadores del paramilitarismo en Colombia. (…) Y tenían la finca Potosí como campamento paramilitar”.
¿Sabe de quién era esa finca, Señora Fiscal? El propietario era Alfonso Macías Vargas. Ahora pasó a sus hijos Alfonso Macias Azuero, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.308.680 y Olga Lucia Macias Azuero, identificada con cédula de ciudadanía No 22.581.852. Ahora pasó a su empresa familiar Inversiones Macias Azuero & Compañía S. En C. con Nit No. 800.079.868.-8.
Se le recuerda que Alfonso Macias Azuero, según declaraciones los ex jefes paramilitares, ayudó a su padre, Alfonso Macias Vargas, a remover con un bulldozer las fosas comunes donde yacían los cuerpos de los desaparecidos del paramilitarismo en su finca POTOSI. Si no lo sabía doctora Luz Adriana Camargo, lea las compulsas de copia emitidas por el Tribunal de Justicia y Paz así como lo hizo este periodista para escribir narrar este horror de Los Intocables.
Su palabra
¿Su palabra se la llevó el viento? Hay una gran diferencia entre su palabra y la mía. Mi palabra parte de elementos fácticos, material probatorio que ustedes tienen y fueron emitidos por autoridades competentes: los Tribunales de Justicia y Paz.
No obstante, Señora Fiscal, su palabra es endeble. Hasta ahora ―a casi un año de su gestión― usted tiene una gran deuda con las víctimas de la guerra, con la sociedad y con usted misma. ¿Por qué? Porque las víctimas del conflicto armado colombiano escucharon llenos de esperanza su alentador discurso del 23 de julio de 2024, de pagar la deuda histórica de la Fiscalía General de la Nación.
¿Hasta cuando?
Mire el tiempo que ha pasado y usted no da resultados. Palabras, palabras y palabras que se las lleva el viento, mi elocuente y querida fiscal. ¿Cuándo se acabará esta vagancia judicial? Es una impunidad que ahoga cualquier asomo de justicia y hunde más a las víctimas en su eterna condena a tener un espíritu de víctima con un Estado revictimizador? ¿Puede usted, Señora Fiscal, responder estos interrogantes respetuosos del periodismo comprometido con la verdad y no con las ideologías de los victimizadores?