Lo que realmente llevó a la renuncia irrevocable a la Vicepresidenta Diana Carolina Cardona Restrepo, Vicepresidenta de Estructuración de la ANI, y la postergación de la adjudicación del megaproyecto Canal del Dique, fueron tres hechos contundentes que incidieron sobre el futuro de la licitación del megaproyecto. Aquí los relacionamos en VoxPopuli Digital.
Primero. La inconformidad generalizada de las comunidades que se opusieron desde el principio al megaproyecto Canal del Dique. Se debieron hacer por lo menos 36 consultas previas. El Canal del Dique es una ecorregión que incluye su sistema cénagoso. Cualquier afectación al canal, incide sobre su complejidad lagunar. ANI solo hizo 16 en forma fraudulenta. Esperan que el presidente Petro corrija este hecho y escuche a las comunidades antes de la adjudicación de la licitación. Las consultas son vinculantes para el operador privado que gane la licitación. Esto es lo fundamental que motivó la acción comunicativa de las comunidades lideradas por la Alianza para la Defensa, Protección y Desarrollo Del Canal Del Dique–ALIANZA CANAL DEL DIQUE.
Segundo. Las presuntas irregularidades que se dieron en el proceso de implementación de la estructuración y al informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre las alertas tempranas en torno a la firma española Sacyr.
Tercero. El temor a que sean acusados con base en la Ley 1778 de 2016. Esta establece la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas y sucursales de sociedades extranjeras por conductas de soborno transnacional.
Sacyr y el soborno internacional
La que fuera vicepresidente Diana Cardona Restrepo, al ver el duro cuestionamiento a la firma SACYR sobre presunto soborno internacional, se hizo esta pregunta:
¿Estaría inhabilitado Sacyr para contratar con la Administración Pública, si la matriz de la misma resulta impedida para contratar con ocasión de esta sanción? (.) ¿Aplica la Ley 1778 de 2016 “ley de soborno transnacional”?
Se sabe que el soborno transnacional es el acto en virtud del cual uno o varios empleados, contratistas, administradores, o asociados o vinculados a una persona jurídica, dan, ofrecen, o prometen, a un servidor público extranjero, directa o indirectamente sumas de dinero, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio o utilidad, a cambio de que el servidor público extranjero; realice, omita, o retarde, cualquier acto relacionado con el ejercicio de sus funciones y en relación con un negocio o transacción internacional.
En consecuencia, Diana Cardona quiso dejarle ese chicharrón al presidente entrante, Gustavo Petro Urrego
“Finalmente, si bien la facultad de adjudicar está en cabeza suya, esta fue delegada a mí, y como se mantiene la orden de adjudicar el 4 o moverlo al 5 de agosto, respetuosamente me permito
Diana Cardona
presentar mi renuncia irrevocable al cargo de Vicepresidente de Estructuración”.
Por su parte, las veedurías (por ejemplo, Héctor Pérez Fernández) que acompañaron a la Alianza para la Defensa y Desarrollo Sostenible del Territorio Canal del Dique, le pidieron a la ANI una revocatoria directa de la licitación. Se buscaba aclarar el oscurecido ambiente que la rodeaba y le diera oportunidad al nuevo gobierno tomar la decisión. Además se presentaron tutelas y otras acciones constitucionales bajo la coordinación de Adil Meléndez Márquez, quien hace parte de la coordinación de la Alianza en representación de la Agencias Nacional Étnica-ANET.
Dos años de acción comunicativa
Cerca de dos años, desafiando la pandemia, las comunidades del Canal del Dique se dieron a una férrea oposición al megaproyecto Canal del Dique “Restauración de los Ecosistemas Degradados”. Esta oposición forzó su aplazamiento para el 12 de agosto con el fin de que el gobierno de Petro tome la decisión de adjudicar o no. Esta iniciativa se había vendido desde Bogotá y Cartagena como la panacea de los grandes problemas de la Ecorregión. Pero la sabiduría popular decía otra cosa.
Esa sabiduría la alcanzamos a percibir, hace casi dos años, cuando hicimos una escucha activa a personas como Antonio Godoy (Lomas de Matunilla), Fredy Martínez (Puerto Badel), Edison Maza (Rocha), entre otros numerosos líderes de Bocacerrada, San Pablo, Pasacaballos, San Antonio, Labarcé, El Recreo, Calamar, Soplaviento. Sin duda, una de las personas que tenía la situación clara era el abogado Adil Meléndez Márquez, autor de la medida cautelar dictada por la Justicia Especial de Paz sobre el Canal del Dique-JEP. Además, es oriundo de esa ecorregión.
La ANI estructuró el megaproyecto a espalda de las comunidades. Y esto es una conducta anticonstitucional e ilegal. Para esto hicieron uso de organizaciones que estaban asentadas en la región que gozaban más o menos de ciertos prestigios para darle un barniz de legalidad al proceso. Pero también compraron descaradamente a líderes afros que actuaron como intermediarios del delito.
El origen del megaproyecto Canal del Dique
Nadie discute la necesidad del megaproyecto Canal del Dique. Todos coinciden en la necesidad de su ejecución, incluso, las mismas comunidades. El problema que se suscitó es que, desde el comienzo mismo de la idea de esa prospectiva, no hubo una escucha efectiva de las personas que viven, trabajan y hacen el amor en el Canal del Dique.
Si bien el primer acercamiento con el proyecto fue hace dos años, lo hicimos desde las comunidades. El proyecto se inició con el CONPES 3594 de 2009 y el CONPES 3776 de 2013 durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Esta decisión política declaró como un plan estratégico la necesidad de restaurar el Canal del Dique. En consecuencia, ese mismo año, se ordenó un estudio que tuvo un costo de $52 mil millones.
Ese contrato tuvo como objetivo realizar los estudios y diseños del proyecto y del plan de manejo hidrosedimentologico y ambiental del sistema del Canal del Dique. Esto como medida de mitigación ante los efectos del fenómeno de “La Niña” (2010) , en el área de influencia del Canal del Dique. El estudio tuvo dos fases. La primera, estudios preliminares, recolección de información y diseños básicos. La segunda fase, estudios complementarios y modelación matemática.
Sospechas confirmadas
Sospechábamos de las numerosas bondades que nos estaba vendiendo el presidente Duque, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y Manuel Felipe Gutiérrez Torres. Las sospechas surgieron desde una escucha detenida a sus habitantes. Sospechábamos que era un espejismo vendido desde las entrañas del poder central.
Tal sospecha se nos vino a confirmar con la forma viciada y precipitada cómo comenzaron a hacer las consultas previas. La ANI se vio obligada a realizarlas por decisión judicial de tutelas promovidas por las mismas comunidades. De manera que cuando los líderes de Corpolucha (Ever Molina, Martin Cabarcas y Jair Caro) le dijeron a VoxPopuli Digital que detectaron algunas irregularidades en algunas consultas, el equipo periodístico se activó para investigar algunos casos emblemáticos.
La investigación periodística nos llevó a una conclusión evidente. En seis consultas analizadas, se repitió el mismo patrón criminal para burlar los principios fundamentales de las consultas previas resultantes del núcleo central de la ley 70 de 1993. Los casos fueron Puerto Badel, Rocha (Arjona), Lomas de Matunilla (Turbana), Leticia, Recreo (Pasacaballos-Cartagena), Bocacerrada, San Antonio, Labarcé (San Onofre). (Por corrupción, en Rocha, denuncian a exdirectivos de consejos comunitarios).
Consultas fraudulentas del megaproyecto Canal del Dique
Se demostró que se hizo trizas el derecho fundamental a la consulta previa. Esta es la esencia de la ley 70 de 1993. Puesto que el Estado reconoce la propiedad colectiva de la tierra de las comunidades afrocolombianas que históricamente han habitado en un territorio. El espíritu de la Ley 70 de 1993 se basa en un principio fundamental de la cultura negra y es el de la propiedad colectiva de la tierra.
Existen varios personajes que fueron instrumentalizados por la ANI. El objetivo de esta concertación era hacer consultas fraudulentas con algunos consejos comunitarios que se dejaron seducir por dinero, presión o porque fueron engañados.
Por ejemplo, en los casos de Lomas de Matunilla, Leticia y Recreo se instrumentalizó al consultivo nacional para la consulta previa, Henry Guizamano Vivas. Este señor, a través de la fundación Arcas de Sueños que dirige su pareja sentimental, fue el ejecutar de tres consultas previas, a todas luces, fraudulentas. Las reuniones las hacían en los patios de casas privadas y en bebederos reconocidos de la zona.
ANI y las consultas fraudulentas
Cuando nos dimos cuenta que las consultas eran un fraude, los veedores de la Alianza Canal del Dique presentaron las denuncias correspondientes. Y publicamos varios artículos con las pruebas correspondientes. (Lea: ¿ANI viola el derecho de la consulta previa? II).
La ANI expidió la resolución de pago No 1619 del 9 de noviembre de 2020. Catorce días después le giró $200 millones correspondientes al primer pago por el «acta de preconsulta y apertura». Ese mismo día, además, le giró $150 millones correspondiente a la segunda entrega por concepto de «taller de análisis e identificación de impacto y formulación de medida de manejo con la dirección de consulta previa del Ministerio del Interior». O sea, le hizo en realidad un solo giro por $350 millones.
El dinero girado por la ANI al consejo comunitario, por alguna razón, terminaba en el bolsillo de Guizamano Vivas. Esto lo sabían los funcionarios de la ANI, porque las mismas comunidades lo denunciaron públicamente. Y en VoxPopuli Digital lo documentamos y publicamos el 6 de mayo de 2021. (Vea: Cómo compran las consultas previas de ANI a los afros). Pero no hubo nadie del alto gobierno que escuchara.
De acuerdo, con los testimonios de la misma comunidad y los documentos que presentamos a la Fiscalía, Arcas de Sueños no hizo la ruta metodológica ni los talleres con expertos en la materia. Guizamano hizo todo. Es decir, cobraba el tiro de esquina y se iba al centro a cabecear. Así le metieron un gol a las comunidades afros. Todo esto está debidamente documentado y denunciado ante la Fiscalía.
La carta de renuncia de Cardona
Diana Cecilia Cardona Restrepo, vicepresidenta de estructuración de la ANI, sorpresivamente presentó su carta de renuncia el pasado 3 de agosto. Al mismo tiempo, decidió aplazar el proceso hasta el 5 de agosto. Posteriormente, el presidente Gutiérrez Torres lo postergó para el 12 de agosto. Es decir, que Gustavo Petro debe decidir sobre la suerte de la licitación. En tanto, el lunes 1 de agosto, la Alianza para la Defensa y Desarrollo del Territorio Canal del Dique realizó una toma del Megaproyecto Canal del Dique. El mismo 3 de agosto se hicieron plantones al frente de la ANI.
Así lo reseña diana Cardona en su carta de renuncia:
Oposición al proyecto por parte de las comunidades, tutelas y bloqueos, así como la creación de movimientos en contra del proyecto. A esto se suman las comunicaciones de miembros del futuro gabinete, carta firmada por los congresistas e informe de empalme, donde alertan sobre la adjudicación del proyecto Canal del Dique. Todos ellos han pedido no adjudicar el 4 de agosto.
Con la firma del presidente de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez Torres, se aplazó la licitación para el 12 de agosto. El presidente Petro asume el 7 de agosto. De inmediato deberá responder al clamor de las comunidades y ordenar la suspensión del proceso de licitación.