¿Comisario político o fiscal de las FF.AA? Es la pregunta retórica que surge para explicar la designación del exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez Gómez, en el Ministerio de la Defensa. No solo fue una sorpresa, sino también un mensaje directo del presidente electo Gustavo Petro al sistema internacional de los derechos humanos de no tolerar unas fuerzas militares violatoria de los derechos humanos.
Autor: Lucio Torres
El legado de Abudinen. El BETTO de la corrupción de $8,3 billones anuales, es la lotería más grande por media de la cual despedazan el presupuesto de la niñez y la adolescencia. En el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF están corriendo para cerrar la contratación general antes de que entre el nuevo gobierno de Gustavo Petro. Esta correndilla se percibe más en las regionales del Caribe, especialmente Atlántico y Bolívar. Es la percepción de la peor corrupción de esa institución.
Antonio Navarro es un verdadero veterano de la paz. Siguiendo la línea estratégica del presidente electo de no improvisar, el firme candidato para ser ministro de la Defensa Nacional es Antonio Navarro Wolf. Es un veterano de mil batallas por la paz. Sobreviviente del M-19 histórico. Copresidente de la Asamblea Nacional de 1991 y padre político del presidente electo Gustavo Petro Urrego.
El Juzgado Administrativo Oral No 07 de Cartagena admitió una acción popular para la defensa de los derechos colectivos que presuntamente está violando Transcaribe por su alto grado de accidentalidad. La iniciativa fue presentada por la ciudadana Claudia Rada González.
Después de rendir indagatoria en el día de hoy por más de cuatro horas, la Fiscalía debe definir si acusa o absuelve al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta decisión debe tomarla antes de que se venzan los términos. El también y líder del Centro Democrático fue interrogado por el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Javier Fernando Cárdenas Pérez. La sesión, que fue presencial en el búnker de la institución en Bogotá, duró cuatro horas.
La comisión de #empalme de Gustavo Petro, dentro de las alertas tempranas, incluyó como prioridad detener la adjudicación del megaproyecto Canal del Dique previsto para el 4 de agosto. Esa petición la hizo en comunicación enviada al Ministro de Hacienda Juan Manuel Restrepo. En tanto el gobierno de Duque señaló que hasta ahora han realizado 16 consultas previas.
El gobernador de Bolívar, Vicente Blel le pidió a los congresistas costeños respaldar el Tren Regional. Este sistema se iniciará en Pasacaballos, corregimiento de Cartagena de Indias y concluirá en Santa Marta cerca a su área portuaria. Posteriormente se ampliará a Riohacha. En la primera etapa se tiene previsto construir 365 kilómetros de línea férrea. Cubrirá 25 municipios del Atlántico, Magdalena y Bolívar.
¿Los adultos mayores de Petro se pueden caer? Después de los setenta, uno debe caminar con mucho cuidado para no caer. Una alfombra. Una piedra. Una cáscara de banano. Puede ser fatal para un adulto mayor. La gravedad es nuestra principal enemiga. ¡Cuidado! Se nos cae el pelo, para decir lo menos. Pero, como cáscara de platanito, fue la interpretación equivocada de la ley 1821 de 2017 del eminente jurista Juan Manuel Charry Urueña, conspicuo miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá-CCB. Una cascarita para hacer caer a los casi ochenteros del gabinete del nuevo gobierno.
¿Por qué se pide que el gobierno nacional decrete la conmoción interior en Cartagena? La acción de tutela para que el gobierno nacional decrete la conmoción interior en Cartagena de Indias, instaurada por los abogados Alcides Arrieta y Erick Urueta, tiene como finalidad asegurar la convivencia y una intervención extraordinaria para atacar directamente las causas de la conmoción.
Uno de los hechos por los cuales la Corte Suprema de Justicia (CSJ) investigaba a la senadora de Cambio Radical, Daira de Jesús Galvis Méndez, fue su oscura relación con la Reina del Chance, la polémica Enilce López Romero. El alto tribunal halló suficiente material probatorio que comprueba haberse concertado para financiar a los “escuadrones de la muerte” que causaron asesinatos selectivos, masacres y desplazamientos forzados.