Acaba de ser publicado el informe «Verdades en Convergencia». Es el resultado de un esfuerzo análítico y de recopilación del Consejo de Estado y la Comisión de la Verdad que dirige el sacerdote jesuita, Francisco de Roux. Aquí se analiza la responsabilidad extracontractual del Estado en Colombia en contextos de normalidad y de conflicto armado interno.
Autor: Lucio Torres
¿Qué está pasando en el ICBF Bolívar? Es la pregunta que los usuarios deben hacerse ahora. Es un año preelectoral. En marzo serán las elecciones parlamentarias. ¿Por qué la directora regional, Viviana Rojas Molinares, está sustituyendo a las funcionarias de mejor desempeño en las coordinaciones zonales? ¿Qué objetivos tienen de mover sus fichas en cada una de las dependencias de esa institución encargada de proteger a la niñez y a la adolescencia de Bolívar? ¿A quién buscan proteger? ¿A la niñez?
En la Costa Caribe: «Los Talibanes de la economía» también se encuentra en las «cloacas fiscales» del mundo. El proceso de enriquecimiento de clanes familiares ligados a la política del país también recurrieron a cuentas offshore en las «cloacas fiscales» internacionales con las cuales multiplicaron sus riquezas. Barranquilla y Cartagena, por ejemplo, tienen su aporte en esta larga lista de los Pandora Paper’s. Citaremos —por ahora— los clanes familiares de los Char Abdala, Daes Abuchaibe, los Gerleín Echeverría (Barranquilla) y los Araújo Perdomo, de Cartagena. Tres clanes ligados al poder político regional.
¿Qué hacen clanes familiares —al lado de expresidentes y líderes políticos — en «cloacas financieras» del mundo? En efecto, varios grupos económicos y financieros colombianos se encuentran reportados en la lista de Pandora Paper’s con cuentas offshore. Estos sitios se conocen tradicionalmente como paraísos fiscales. Pero en realidad son unas «cloacas financieras» que se traducen en un empobrecimiento de los países donde residen los beneficiarios de esas cuentas.
La Organización de Naciones Unidas—ONU escuchó hoy a las comunidades sobre el impacto del macropoyecto del Canal del Dique. Fue bautizada por la ANI como «Restauración de los Ecosistemas Degrados del Canal del Dique». Esta megaobra afectará directamente a más de 150 mil personas, en su mayoría, comunidades afros que habitan en sus alrededores.
Karen Abudinen Abuchaibe convirtió el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) en una verdadera piñata —no para niños— sino para los corruptos. Una piñata donde la multinacional Claro recibió el 50% de ese dulce: $1 billón de pesos para construir los Centros Digitales.
El «modelo abudinear» de MinTic surgió en Barranquilla. El 24 de septiembre Karen Abudinen Abuchaibe vivió un cumpleaños turbulento. Está en el ojo del huracán.
Los que «abudinearon» el contrato No 1043 de diciembre de 2020 por valor de $1.07 billones de MinTic están —hasta ahora— a salvos. Están ocultos. Los primeros que han caído o han dado la cara solo son testaferros o piezas usadas en el entramado del denominado Cartel del Suero. Emilio Tapia Aldana, Luis Fernando Duque (representante legal Centros Poblados, y Juan José Laverde (representante de Rave Seguros) no son los que son.
Con la caída de Emilio Tapia Aldana, natural de Sahagún, y de otros contratistas en manos de la Fiscalía, dentro del marco del contrato de Mintic No 1043/20, puede provocar un nuevo giro en el sonado caso. También pondrá de manifiesto una nueva avalancha de denuncias contra funcionarios públicos, políticos y empresarios corruptos.
En clave de «abudinear» se puede traducir como el modelo de contratación más perverso nacido en el Ministerio de las Comunicaciones y Tecnologías—MinTic para saquear las finanzas públicas. Retrata el nivel de transparencia del régimen neobonapartista dominante desde 2002. Son tres postulados que se resumen en el contrato de MinTic: Confianza inversionista, Seguridad Democrática e Inversión Social.