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Mientras media Colombia está en cuarentena, la otra mitad no para. Unos trabajan realmente por contener el Covid—19. Otros por reactivar la economía. Otros salen a rebuscarse el pan diario. Y algunos funcionarios públicos, con la complicidad de empresarios corruptos, nos están robando con virus de sobrecostos de $420 mil millones, según la Contraloría General de la República (CGR).

Son tres contratos que la Contraloría General de la República (CGR) tiene enfocados para detener la corrupción en Cartagena por presuntas irregularidades en la contratación del Covid-19. De estos tres contratos, dos mantienen atollados de maleza a alias «Tractor» Dau, alcalde de Cartagena. Es un tractor que se encuentra atollado en la maleza que pretendía arrastrar.

El procurador Carrillo está mudo. No individualiza las denuncias. La época en que fustigó con su látigo disciplinario a los alcaldes de Cartagena, Manolo Duque (2017) y Quinto Guerra (2018), es un tiempo ido. Pareciera que estuviese amangualado con tres administraciones corruptas de la Costa Caribe: Cartagena, Barranquilla y la gobernación del Atlántico.

El director del EPA, Javier Mouthon Bello, no tuvo otra salida legal que deshacerse del incómodo contrato No 30 de prestación de servicios con el arquitecto Orlando Ortiz Llanos. Entre tanto, la procuradora Agraria y Ambiental Mayelis Chamorro Ruiz, pareja de Ortiz,, instauró una tutela contra el periodista aduciendo la defensa del buen nombre, supuestamente violentado con la primera entrega de «patente de corso».

Muro anticorrupción construyó la Contraloría General de la República (CGR) de Carlos Felipe Córdoba Larrarte por raponazo de $400 millones del alcalde William Dau. Busca contener el robo descarado de los recursos destinados a atender la emergencia del Covid—19 en la administración del autodenominado Tractor y Veedor Anticorrupción, William Dau Chamat. Mientras tanto, la Procuraduría de Fernando Carrillo mantiene un silencio sospechoso.

Todos los caminos conducen a Uribe. Cristina Lombana Velásquez, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, había recibido en su correo corporativo, el 17 de diciembre de 2019, un dato raro pero significativo: «información urgente… caso chuzadas-hacker-Álvaro Uribe». En forma inmediata, luego de evaluar la información, ordenó el allanamiento de una sede militar del complejo Miguel Antonio Caro, ubicado en Facatativá. Era la sede del Batallón de Ciberintenligencia.

El Nuevo Orden del Mundo -sostenible y humanamente posible- solo solo será cierto si la generación de los Baby Boomers del mundo se unen para transformar las industrias en esta globalización con energías sostenibles. La paradoja, esta generación es la principal víctima del virus letal que recorre el mundo como un fantasma. Es la principal reflexión de este 1° de Mayo con Covid-19.