La determinación del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, de suspender temporalmente el cobro de peajes hasta el 30 de abril y definir su relocalización diferente a la entrada de Turbaco ¿es un contentillo populista? Sea cualquiera la respuesta, la medida provisional es un paliativo para atender un problema más robusto y complejo: la forma cómo están estructurados los contratos de concesión vial en el país. La salida que debe contemplar el presidente Gustavo Petro, en coherencia con su ideal programático, debe ser la liquidación del contrato.
El problema de fondo de los peajes viales en Colombia reside en dos aspectos fundamentales: (1) La sostenibilidad legal de muchos de ellos. (2) La estructuración sesgada de los contratos a favor de los concesionarios. En el caso concreto de Turbaco, el contrato se estructuró en el año 2007.
Se entiende que, quienes hacen uso de un beneficio público, de alguna manera le deben retribuir a la sociedad con el pago de impuestos o sobretasas. Pero, ¿si ya se pagó? Deben ser obligaciones desprovistas de cargas impositivas que perjudiquen el bolsillo de los colombianos.
Muchos pidieron levantar las talanqueras, entre ellos el mismo gobernador de Bolívar Vicente Blel. Pero ahora debe extenderse esa petición a la terminación del contrato con el concesionario.
[Te recomendamos: Verdades y mentiras entorno a los peajes viales (I)]
¿Contentillo populista?
De acuerdo con algunos veedores, como Héctor Pérez, Linda Ospino y Nixon Torres Cárcamo, aquí ya se alcanzó la tasa interna de retorno (TIR). Esta es la rentabilidad que ofrece una inversión. En este caso concreto del peaje de Turbaco, según esta versión, la empresa KMA Construcciones S.A obtuvo en forma sobrada sus ganancia hace dos años.
Si ello es así ¿por qué no eliminar el peaje? ¿Acaso es un contentillo populista que solo busca mostrar como si el gobierno le sirviera al pueblo?
¿Por qué los contratos viales son leoninos?
Para el gobierno nacional los contratos viales tienen la presunción de legalidad y deben seguir en el cobro de los peajes como una forma de financiarlos.
Sin embargo, Cartagena es una de las principales ciudades donde el cobro de peajes urbanos sirvió para financiar lo que en su momento se llamó vía rápida. Se trató del corredor de carga que va de la zona portuaria a la zona industrial. Pero todos aquellos que lo usan deben pagar una determinada tarifa. La complejidad de estos contratos estriba en que los alcaldes de turno van modificando de acuerdo a los intereses del contratista en perjuicio de los intereses de las comunidades. Esto ocasiona que los peajes se conviertan en una pesadilla sin fin.
De hecho, en el caso de Turbaco no es cosa distinta. Existe el concepto según el cual desde el 2021 se cumplió la tasa interna de retorno (TIR). Esto es, que el contratista obtuvo el valor de la financiación y la tasa de ganancia, tal como estaba estipulado en los términos del contrato.
En tanto que para el concesionario, KMA Construcciones S.A, esta TIR no se ha alcanzado y, por tanto, se debe seguir cobrando.
[Te puede interesar: Los peajes no cumplen con el marco tarifario]
¿Contentillo populista?
Sin duda, la decisión de trasladar el peaje no tiene sentido jurídico ni social. Es un contentillo populista para poner a gozar momentáneamente al pueblo. En el primer caso, porque dicen las evidencias, que ya se cumplió la TIR. En el segundo caso, si ya se cumplió con su objeto contractual, jurídicamente no genera derechos para los concesionarios. El gobernador Vicente Blel y los alcaldes de los territorios afectados, deberán buscar una salida sostenible para el mantenimiento de esas vías.
¿Contentillo populista? VoxPopuli Digital, para responder a esta pregunta, exploró la opinión del presidente de la ANI, William Camargo Triana. Igualmente, la posición de dos abogados que han litigado contra los peajes viales: Héctor Pérez Fernández y Nixon Torres Cárcamo.
[Te recomendamos: Peajes, Dau «mató el tigre» con mentiras]
William Camargo Triana: traslado, tarifa diferencial y obras
En el despacho del gobernador Vicente Blel Scaff —quien había pedido la suspensión del pago de los peajes— se produjo una reunión previa al levantamiento de las talanqueras de Turbaco con la participación de alcaldes de los territorios afectados por los peajes, la Procuraduría, el Capitán No a los Peajes y otros líderes de la protesta. Allí intervinieron el primer mandatario de Bolívar, el ministro del Transporte Guillermo Reyes y el presidente de la ANI, William Camargo Triana. Destacamos la exposición de este último:
«En las tres semanas del periodo de suspensión del cobro del peaje, como se hizo en el pasado, se recogerá un estudio técnico y socio —económico y podría incluir la utilización de semáforos para ingreso y salida de los usuarios de Turbaco. No tendrían que ir a hacer retorno. Si (el peaje) se desplaza, por ejemplo, al límite de los dos municipios, se pueda colocar el ingreso y salida. Allí tendríamos que revisar el tema de tarifas diferenciales y el recaudo. Ese proceso tiene un estudio y posteriormente el traslado. Esos insumos se incorporan a las obligaciones del contratista.
En cuanto al traslado del peaje, tiene unos estudios y posteriormente una reubicación. Esto va de la mano con el ofrecimiento que hizo el señor ministro de que la Agencia de Nacional de Seguridad Vial nos acompañe en todo ese proceso de acondicionamiento de señalización e iluminación.
Son partes de los compromisos que debemos ajustar con el concesionario. Esta concesión tiene una fecha límite que a partir de la cual si no restablecemos el recaudo esperado, la concesión puede extinguirse. Nos obliga el mismo contrato a liquidar. Esa fecha nos da dos o tres meses para establecer todos los acuerdos y sentarnos con el concesionario para ajustar el contrato. Porque esa disminución de ingresos nos quita una parte …».
[Te recomendamos: La tira-y-jala en la Concesión Vial: la TIR se cumplió (II)]
Héctor Pérez: El peaje es ilegal
El veedor y abogado Héctor Pérez Fernández fue la persona que finalmente levantó la Talanquera del peaje de Turbaco, una vez el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, confirmó que se iban a levantar provisionalmente. Esto dijo a VoxPopuli:
«Se debe solicitar investigaciones disciplinarias penales y fiscales. Primero. En el contrato inicial del 2007, no estaba contemplado el peaje de Turbaco. Está allí ilegalmente. El Mintransporte y el presidente de la ANI deben investigar y denunciar. Porque en ese año el concesionario debía demostrar músculo financiero y no lo tenía en ese entonces.
Pero hay una tercera denuncia que hay que hacer. Es necesario revisar todos los estudios financieros de esta concesión, no solo de Turbaco sino de todo el país, porque son apócrifos, totalmente leoninos a favor de los concesionarios. Muchas veces terminan cobrando la TIR 10 veces más. Y tiene que haber mucha gente en estos negocios. Debe haber una comisión externa a Mintrasporte y a ANI para revisar los estudios financieros de esta concesión y la de todo el país porque de allí saldrán sorpresas de cómo han beneficiado ilegalmente a muchos concesionarios.
La inversión no es la que dicen los contratos. Invierten mucho menos. Pero inflan las inversiones para demostrar que hay mayor dinero por recuperar. (…). Así le ponen más años a la concesión, tarifas más altas: se demoran años y años cobrando y nunca se terminan las concesiones como sucede en Cartagena».
Nixon Torres Cárcamo: Liquidar contrato
Por su parte, el abogado Nixon Torres Cárcamo, quien ha litigado sobre este tema de los peajes, incluso, en las altas cortes, señaló:
«Mi respuesta va en tres sentidos: político, técnico y de inconveniencia para la región. En el primer aspecto fue un acto de coherencia del señor ministro de entender la reclamación justa que hizo la población de seguir pagando un peaje donde no hay inversión. Existen uno derechos donde los concesionarios privados luchan por sus intereses.
En cuanto el aspecto técnico, hemos demostrado la inconstitucionalidad del peaje. Por eso, hemos participado desde el principio en las mesas técnicas. Unos me odian y otros me aman. Eso es algo normal cuando uno defiende los intereses generales de la población.
El ministro de Transporte dijo que el peaje lo trasladan, tarifa diferencial, y liquidación. Nosotros estamos de acuerdo con una liquidación. … Un peaje es inconveniente para la situación económica de la gente. Si se liquida ¿quien mantendrán las vías? La respuesta la tendrán los alcaldes y el gobernador a quien no lo había visto. Pareciera que no existiera. Se trata de desactivar esa carga tributaria porque reactiva la economía, empleabilidad y la adquisición de bienes y servicios».